Continúa la controversia por los "amarres" en el sector público

Por: Bastián Álvarez

El pasado miércoles, el gobernador provincial de Limarí, Darío Molina (UDI), aseguró en entrevista con diario El Ovallino que, al asumir su cargo, encontró cargos de confianza “amarrados” que le impedirían comenzar a implementar el programa de gobierno de la centroderecha. En la oportunidad, Molina aseguró que en la repartición “han dejado muy amarrados” algunos cargos, tales como el de jefe de gabinete y que dichos funcionarios estarían esperando ser despedidos, para que se les pague una indemnización. A su vez, fuentes de gobierno aseguraron a diario El Día que está en desarrollo un “catastro” de funcionarios de confianza de la administración anterior que aún no han dejado sus cargos, pero que deberían dar un paso al costado para dejar entrar a personas afines al gobierno de Piñera.

El presidente regional de la UDI, Juan Carlos Aguirre, junto con confirmar esta información, planteó que “lamentablemente es muy poco el apoyo que estamos recibiendo de los operadores políticos o puestos de confianza, porque esta gente no quiere entregar sus cargos y eso da un poco de molestia, porque para gobernar, necesitas gente de tu línea política”.

En este sentido, Aguirre asegura que son muy pocos los simpatizantes o militantes de oposición que han acogido el llamado realizado por el exintendente Claudio Ibáñez, de dejar sus cargos para dejar trabajar al gobierno de Chile Vamos. 

Junto con señalar que las palabras de Molina forman parte de lo que califica como un conjunto de llamadas intimidantes que se han hecho a personas que no tienen cargos de influencia política, el diputado Raúl Saldívar (PS) aseguró que a las nuevas autoridades “hay que pedirles que hagan memoria. Que se acuerden de lo que pasó cuando Piñera terminó su período. Todavía hay muchos adentro, hay seremis que fueron nombrados que eran funcionarios públicos cuando llegó la Presidenta Bachelet”. 

Un planteamiento similar es el del diputado Matías Walker (DC), quien comentó a diario El Día que “cuando nosotros volvimos al gobierno con la Presidenta Bachelet, me tocó abogar, personalmente, ante las autoridades, por destacados funcionarios como asistentes sociales o periodistas, que habían desarrollado una buena labor profesional en el gobierno del Presidente Piñera, para que se mantuvieran en sus cargos y muchos de ellos fueron mantenidos e hicieron una excelente labor”. 

DIPUTADOS OPOSITORES: “ES UNA BARBARIE COMUNICACIONAL”

Lo que sí advierte Raúl Saldívar es que debe quedar a la conciencia de las personas continuar o no con un gobierno con el que no se sienten identificados y asegura que “tengo claro que en el servicio público, el que no esté de acuerdo con una determinada gestión o signo político, se tiene que retirar, eso es claro”. Sin embargo, calificó como una “barbarie” que autoridades llamen a través de los medios de comunicación a los funcionarios a dejar sus cargos. “No comparto en lo absoluto esta especie de barbarie que se hace a través de los medios de comunicación, amenazando y advirtiendo que tienen que irse de sus servicios y de manera prepotente, en circunstancias que en el gobierno anterior de la Presidenta Bachelet, quedaron incrustados en diversos servicios, personas militantes de partidos que se dedicaron a denostar desde dentro”, manifestó el parlamentario.

Junto con lamentar las declaraciones de Molina, que califica como “poco cuidadosas” y que, a su juicio, “hablan de un desconocimiento de lo que señala la ley y la jurisprudencia de la Corte Suprema y los dictámenes de Contraloría”, Matías Walker indicó que la ley busca respetar la carrera funcionaria de cargos técnicos y profesionales y de los cargos a contrata, que pueden, incluso, pasar a ser cargos indefinidos. 

Asimismo, el diputado realiza un llamado a pensar más las declaraciones, las que calificó como un “acoso laboral público” y un “bullying comunicacional”: “No se puede hacer escarnio público de los funcionarios, que merecen respeto a su dignidad profesional y como personas, entendiendo que tienen familias detrás”, planteó. 

GREMIO: “EL ESTADO NO ES UN BOTÍN DE GUERRA”

Junto con calificar lo señalado por el gobernador de Limarí como un “brutal hostigamiento y difamación”, la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios/as del Ministerio del Interior y Servicios Afines (Fenaminsa) señaló a través de una declaración pública, que “esto se expresó en reuniones con el equipo de trabajo, en donde trató de “indignos” a aquellos funcionarios y funcionarias que no compartían la línea del nuevo Gobierno y desempeñaban funciones que él calificó como “de confianza”.

Sin embargo, la Fenaminsa aclara que las gobernaciones no son servicios públicos, por lo que operan de manera distinta, pues, indican, “las funcionarias y funcionarios afectados con estas medidas se desempeñan a contrata en la Gobernación Provincial y en ningún caso son cargos de confianza”. En este sentido, la entidad gremial aclara que los cargos de confianza están establecidos en las plantas de cada servicio y en el caso de la Gobernación, el único cargo de confianza es el del gobernador. 

Con todo, la Federación plantea en su declaración que los funcionarios públicos son empleados del Estado y no del gobierno de turno, razón por la que, indican, la posición del gobernador en esta materia vulnera la legalidad vigente y es discriminatoria. En el texto, la Fenaminsa plantea que “el Estado no es un ‘botín de guerra’ que cada cuatro años se reparte entre quienes ganan las elecciones. Los servidores públicos implementan las políticas y programas que se definen desde sus servicios con el mismo profesionalismo en el caso de un gobierno de un signo o de otro. De eso se trata el servicio público”.