Alcaldes toman acciones para evitar implementación de “medidores inteligentes”

Ha sido tema nacional en las últimas semanas y todavía no hay claridad al respecto. Desde que se conoció la normativa que obliga a la ciudadanía al cambio de los actuales medidores de electricidad por nuevos dispositivos inteligentes, la discusión se instaló.

Si bien es cierto, la modificación tuvo su origen en mejorar la calidad del servicio para los usuarios, se ha cuestionado la real eficiencia de esta tecnología, sobre todo porque implicaría el aumento tarifario para los clientes quienes además deberán asumir los costos como un arriendo a perpetuidad de los aparatos.

Vecinos disconformes

Nadie se ha hecho responsable por el cambio, que a estas alturas, para muchos, no se justificaría ya que las principales beneficiadas serían las empresas. En esa línea, parlamentarios de diferentes bancadas han intentado revertir el proyecto, para que no implique una merma económica hacia las personas, o que la instalación sea voluntaria y no obligatoria como lo es ahora de acuerdo a la ley aprobada en el Congreso.

Pero no existe respuesta, por lo que los vecinos no se han quedado callados. Desde distintas agrupaciones han manifestado su molestia por la desinformación y también por los eventuales gastos extras en los que deberán incurrir.

Patricia Véliz, presidenta de la Junta de Vecinos del sector de La Antena en La Serena es categórica. “Esto es un abuso que no vamos a permitir. No puede ser que de la noche a la mañana nos digan que vamos a tener que cambiar algo que funciona bien, y que más encima vamos a tener que pagar. No es justo”, aseveró.

Precisó que ha conversado con los integrantes de la junta vecinal y que nadie dejará que les cambien los medidores. “Es nuestro espacio. Por último que las empresas nos paguen el arriendo del espacio, pero es todo lo contrario. Así que aquí al menos, nadie va a abrir la puerta”, expresó.

Desde Las Compañías, la también dirigente vecinal, Patricia Godoy, exigió mayor información, y “que sea clara”, ya que “a nadie le gusta que le pasen gato por liebre, y parece que eso es lo que están haciendo ahora”, enfatizó.

Ambas dirigentes emplazan a las autoridades a que “tomen el toro por las astas” y hagan algo antes que tengan a los distribuidores afuera de sus casas con el nuevo medidor a punto de ser instalado.

“Las empresas no tienen la autoridad, ni representan una fuerza del Estado para ingresar a los domicilios de las personas sin una autorización judicial”, Carlos Galleguillos, abogado.

Municipios acogen el llamado ciudadano

Pese a que existen iniciativas parlamentarias, no se sabe si prosperarán, sin embargo, diferentes municipios a lo largo del país decidieron adelantarse y dictar decretos que impidan el “cambio arbitrario de medidor”, o llamando a la gente a que derechamente no permita que lo implementen en sus viviendas.

El alcalde de La Serena Roberto Jacob, no quiso quedar al margen del descontento y acogió el llamado que hacen los propios vecinos que se sienten pasados a llevar. “Si esto significa un mayor costo para el usuario, yo me opongo. Es un negocio para las empresas, de una forma u otra, por tanto yo voy a agotar todas las acciones que se puedan ejecutar como municipio para evitar el cambio de medidores, porque esto siempre se hace con trampa y siempre pierde la gente”, sostuvo.

Aseguró que si tiene que “hacer fuerza común” con otros alcaldes lo hará, ya que “el costo de la luz ya es caro, y aquí no hay medidores inteligentes, las inteligentes son las empresas a la hora de sacarle plata a la gente”, manifestó, agregando que, si no existen cambios y mayor claridad en el tema, “no tengo problemas en llamar a la gente a que no le abra las puertas a este cambio, porque es injusto”.

No sólo en La Serena hay movimiento. En el concejo Municipal de este miércoles, el alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, solicitó el voto político de todos los concejales de la comuna –el que le fue entregado en forma unánime- para rechazar los medidores. “No es justo que la gente tenga que pagar por el cambio de medidores, por lo mismo, lo que yo quiero hacer es solicitar a los diputados para que sean las empresas las que asuman los costos. Nuestra gente no tiene por qué hacerlo”, aseguró.

De igual forma, llamó al Ejecutivo a que comparta de mejor manera la información respecto de los reales beneficios de este medidor. “Si no hay beneficios no hay por qué pagar (…) Nosotros vamos a llegar a dónde tengamos que llegar con este voto político, vamos a oficiar a los diputados de la zona y posteriormente solicitaremos una audiencia en el ministerio para plantear esta problemática”, expresó la autoridad de la comuna porteña.

¿Es posible negarse al cambio de medidor?

Pero más allá de la intención de la gente, ¿pueden negarse a que le instalen el nuevo aparato? Según explica el abogado Carlos Galleguillos, en rigor no. Claro, la normativa ya tiene carácter legal y rige para todos los ciudadanos desde que está aprobada por el Congreso. Sin embargo, a lo que no están obligados los ciudadanos, explica el profesional, es a abrir las puertas de sus casas a los trabajadores para que ejecuten la implementación en su propiedad. “Las empresas no tienen la autoridad, ni representan una fuerza del Estado para ingresar a los domicilios de las personas sin una autorización judicial”.

El paso lógico entonces, desde el ámbito jurídico, sería que las distribuidoras recurrieran a tribunales para obtener el permiso y obtener una autorización. Sin embargo, Galleguillos no lo ve factible. “Si esto pasara, los tribunales se verían atochados de causas, ya que el tema afecta a demasiada gente, por lo que necesariamente se llegaría al colapso”, precisó.