“Durante la semana, tal como lo instruyó el Presidente Sebastián Piñera, vamos a comenzar a hacer el análisis y desarrollar los protocolos para que todos aquellos que estén en condiciones de volver puedan hacerlo de manera paulatina y puedan retomar el trabajo necesario en cada uno de los organismos públicos que cuenta el Estado” indicó la intendenta regional Lucía Pinto durante el balance diario entregado por las autoridades desde Onemi.
Fueron miles los funcionarios públicos que durante el fin de semana recibieron en sus correos la circular n°18 emitida por el Ministerio del Interior junto al Ministerio de Hacienda el pasado viernes 17 de abril.
El documento deja sin efecto la circular n°10 del 18 de marzo de este año, que permitía que los Jefes Superiores de Servicios pudiesen establecer trabajo remoto para sus trabajadores, por un tiempo limitado, como forma de prevenir la propagación del coronavirus, estableciendo turnos éticos para dar continuidad a la atención y al trabajo del aparataje público.
La circular n°18 dispone que los Jefes de Servicio deberán establecer un plan de retorno gradual a las funciones con el objetivo que durante este mes de abril se pueda volver a la atención normal presencial con excepción de aquellos grupos de riesgo.
Una medida que fue tajantemente rechazada por los gremios nacionales, así como a nivel local.
“Nosotros vamos a seguir con el sistema de atención que tenemos desde que se adoptó el Estado de Emergencia, esto es que tenemos atención presencial por turnos y aquellos trabajos que se pueden realizar en forma remota se han habilitado los sistemas para que sean realizados” indicó la presidenta regional de la ANEF.
Una circular que la dirigente llama derechamente a no cumplir, manifestando que “no hay retorno presencial, hemos asegurado la continuidad del servicio público con trabajo remoto y sistema de turnos presenciales”.
Aseguró que es una irresponsabilidad que “demuestra el desconocimiento del Gobierno”, puesto que se ha continuado con el trabajo en todos los servicios.
El documento establece, además, que se deberá contar con todas las medidas establecidas por la autoridad sanitaria para el resguardo, tanto de los funcionarios como de los usuarios, implementando los elementos de protección personal y de sanitización, así como el espacio necesario para mantener el distanciamiento social.
“Como el Estado no ha provisto elementos de protección personal se atiende a través de la reja, se deja entrar a la oficina a un número reducido de personas, porque hay que sanitizar los espacios que son pequeños y con escasa ventilación”.
Olivares precisó que para ello, el empleador, en este caso el Estado, debía entregar al menos ocho mascarillas diarias a los funcionarios que atienen público, además de alcohol gel y guantes.
Adultos mayores y crónicos
Una de las excepciones que establece la circular para concurrir de forma presencial al trabajo, es en aquellas personas que son parte del grupo de riesgo, las que estaban eximidas y podrían continuar con sus funciones vía remota.
En el caso de funcionarios sobre los 70 años la dirigente dijo “nosotros hemos estado implementando a través de los años un sistema de bono de incentivo al retiro entonces personal mayor de 70 años son muy escasos”.
Añadió que “lo que si tenemos con funcionarios con enfermedades de base, en época normal son enfermedades que te permiten realizar tu vida cotidiana y laboral sin problema pero se ha descubierto que son especialmente sensibles ante esta enfermedad”.
Para esos casos Olivares dijo que bajo ningún punto de vista ese grupo retornaría a sus funciones presenciales por resguardo de su salud, “nosotros no vamos a volver a atención presencial masiva y si el Gobierno insiste en que se deben abrir masivamente las vamos a abrir pero a las 5 de la tarde vamos a estar protestando en la calle porque si están las condiciones para que las personas vayan a los servicios públicos a infectarse están las condiciones para retomar la protesta callejera”.
Recurso de protección
Un recurso de protección por amenaza a la vida y a la integridad física de funcionarios y funcionarias púbicas fue presentado por Clara Olivares ante la Corte de Apelaciones de La Serena en contra del Ministro de Hacienda y el Ministro del Interior.
Recurso que presentaron considerar la circular como un acto “arbitrario e ilegal”, detallando que “las condiciones de la emergencia sanitaria por COVID-19 son, al 17 de abril de 2020, peores a las que existía el 18 de marzo de 2020. Lo son por el aumento de contagios, por el aumento de muertes y porque según los propios datos entregados por el Gobierno, la situación sanitaria no alcanza aún el “peak” esperable”.
En el documento indica que las medidas adoptadas en primera instancia han ayudado a disminuir la propagación del virus.
“Esta instrucción de los recurrentes, cuyo fundamento técnico y epidemiológico se desconoce, tampoco se condice con una disminución del avance y tasa de casos de contagio del COVID-19, que hagan suponer un cambio en las condiciones que obligaron a tomar las medidas del Oficio Circular N° 10 de fecha 18 de marzo de 2020” señala el recurso.