Ataque a Gendarme reabre debate sobre condiciones laborales de funcionarios

Sin riesgo vital y en condición estable se encuentra el Sargento 2° de Gendarmería, Eduardo Arias Darby, que la tarde de este lunes fue atacado con un arma corto punzante por un interno en el Complejo Penitenciario Huachalalume.

Este incidente reabrió el debate sobre las condiciones en las que se encuentran los gendarmes en la región, quienes después de lo ocurrido anunciaron la paralización de sus funciones, situación que fue evitada tras el diálogo con la dirección regional.

A un día del accidente, tanto funcionarios como lautoridades del recintoparticiparon de una jornada reflexiva, instancia donde nuevamente los dirigentes entregaron sus demandas, las que serán traspasadas a la Dirección Nacional de Gendarmería.

“Recogí algunas inquietudes, tanto para el complejo, como para la región y estamos seguros que estas van a ser bien acogidas por parte de nuestra dirección” indicó el Director Regional de Gendarmería, el Coronel Leoncio Hidalgo. 

30% de población penal de riesgo del país

La cárcel de Huachalalume alberga cerca del 30% de la población penal de riesgo del país, es decir, los internos más complejos a nivel nacional.

“Son refractarios al sistema más allá de lo normal en la población penal, con intentos de fuga, agresiones a funcionarios y los más conflictivos” explicó el Presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, Boris Ruiz.

Se trata de cerca de 120 internos en esta categoría que se encuentran en módulos de máxima seguridad, lugar donde efectivamente se encontraba el reo que atacó al Sargento Arias.

“El interno que agredió a nuestro colega desde agosto que se estaba solicitando la salida” agregó Ruiz. 

Un complejo que alberga gran parte de los internos más complejos, a lo que el dirigente explica que “a nosotros nos envían generalmente internos tanto de Arica, Santiago, de distintos lugares, porque esta unidad ha tenido los mayores estándares de seguridad hasta el momento y eso no es solo gracias a la infraestructura del complejo, sino al compromiso del personal quienes doblan funciones con turnos extenuantes”.

Actualmente existen 1.923 internos en total, de los cuales 700 son de fuera de la región y 120 son población penal de riesgo (PPR). 

Falta de contingente 

El Complejo Penitenciario de Huachalalume, tiene 313 funcionarios, de ese total cerca de 80 tienen trato directo con los reos y reas.

“Hay una falta de personal de trato directo con la población penal, en algunos módulos llegamos a tener hasta un funcionario por 120 reos, mientras que los estándares internacionales señalan que debe haber un funcionario cada seis internos” explicó Ruiz.

Comenta que existe personal uniformado que debe realizar labores administrativas debido al cumplimiento de metas y que debido a la cantidad de internos, actualmente debería haber al menos unos 500 trabajadores.

En el petitorio solicitaron un mínimo de 100 funcionarios para la región, sin embargo están conscientes que es poco probable que obtengan esa cantidad, ya que en la escuela hay una dotación a punto de egresar de 350 gendarmes para todas las cárceles del país.

“Las expectativas que podamos tener como región y esta administración en particular claramente van a chocar con la realidad del contingente que tiene hoy día la Escuela de Formación Penitenciaria para su distribución a nivel nacional” indicó por su parte el Director Regional.

Riñas internas

Los gendarmes comentan que el aumento de internos foráneos ha provocado un mayor número de conflictos dentro del complejo y que en las últimas dos semanas fallecieron dos de ellos producto de riñas.

“Estamos solicitando desde hace un par de meses, por los canales establecidos, la salida de al menos 50 reos, la mayoría de población penal de riesgo que son quienes nos causan el conflicto interno, porque como son territoriales todos quieren ganar espacio”.

Hasta el día del incidente, los dirigentes contabilizaban 1.923 internos, de los cuales 1.747 son reos condenados. Explican que el penitenciario tiene una capacidad máxima de 2.318 reos, sin embargo el espacio para los internos condenados está llegando a su máxima capacidad, debido a la cantidad de ingresos, además de celdas dañadas que son inutilizables.

Por esa razón y por la falta de personal, en su petitorio solicitan dejar sin efecto las más de 30 resoluciones de traslado de población penal al recinto, al menos hasta la llegada del nuevo contingente que esperan sea antes del término de año.

Estallido social

Pese a haber un gran número de detenidos en la región desde el estallido social (804), desde el recinto indicaron que pese a que el número de imputados que ha ingresado ha sido mayor, no ha sido un incremento considerable, esto porque aseguran que las medidas alternativas que se han adoptado para no saturar el complejo han dado resultado. 

“Respecto a la cantidad de imputados que han ingresado a prisión preventiva, no ha sido significativa a efectos de la cantidad de población que tiene cada unidad penal, entiéndase Illapel y el Complejo  de La Serena” manifestó el Coronel Hidalgo.