• El ministro de Justicia Hernán Larraín, destacó el trabajo que se está haciendo al capacitar a los reos para reinsertarlos en la sociedad. También dijo que se trabaja para mejorar las condiciones en que cumplen las penas.
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Bastián Salfate
A diferencia de lo planteado cuando recién fue extraditado Mauricio Hernández, esta vez reconoció que las decisiones no corrían por parte del gobierno y que era el ministro Mario Carroza y el poder judicial donde se decidirá el destino y condena del ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien estuvo en La Serena dando a conocer el  Proyecto + R, que busca capacitar en un oficio y entregar oportunidades laborales a personas privadas de libertad, en entrevista con diario El Día se refirió a temas como la extradición de Mauricio Hernández Norambuena, atentados explosivos y seguimiento a periodistas.

 

¿Será tan efectiva la reinserción de las personas con el Proyecto + R?

“Nosotros hemos estudiado este tema no solamente de las pocas experiencias que hay en Chile, sino que teniendo a la vista  la experiencia internacional y que nos indica que efectivamente durante que si el período en que una persona está privada de libertad no solo se focaliza en  su custodia, en su seguridad, sino que en ayudarlo a resolver distintos tipos de problemas, sus problemas de salud mental, su falta de educación y otras cosas  y le damos un oficio en virtud del cual pueda desenvolverse, con un proyecto que integre a su familia , con compañía psicosocial, nosotros podremos reducir en forma muy significativa la reincidencia. Cuánto va a ser eso, no lo sabemos, pero creemos que tenemos hoy día una reincidencia del orden del 50% al año de egresado, por lo tanto, estamos seguros que la vamos a reducir si trabajamos en este proyecto”.

 

¿Además de esto se está haciendo algún trabajo por el hacinamiento en las cárceles?

“Nosotros tenemos un plan de infraestructura, lo estamos revisando, se lo presentamos al Presidente, lo aprobó, pero le incorporó algunos cambios y se los estamos introduciendo, pero esta región no tiene los problemas de habitabilidad o de sobrepoblación que tienen otras. Hay lugares como Calama, Copiapó, Valparaíso, Santiago, por mencionar los más agudos, que exigen nuevos centros. En el caso de la Región de Coquimbo, salvo Ovalle que tiene una situación que está en el límite, el resto está con una situación adecuada”.

 

A propósito de la seguridad, ¿cómo los tocó el atentado al cuartel de Carabineros en Huechuraba?

“Ha sido algo muy preocupante, porque eso implica que hay, aunque sea pequeños grupos, pero hay grupos o personas que tiene  compromiso con la violencia y que están dispuestos a actitudes terroristas que son reñidas no solamente con el orden público sino que con la forma de cómo nosotros hemos enfrentado los problemas de la delincuencia. Esto es un nivel más alto, hemos tenido en el país en los últimos años algunos problemas en la Araucanía donde ha habido grupos que lamentablemente han recurrido a este mecanismo, pero en otros lugares del país se ha estado muy ajeno a esa actividad. Por eso, cuando han aparecido esporádicamente y vuelven a producirse, ahora nos preocupa y eso ha hecho que el proyecto de ley para combatir el terrorismo de mejor forma se hubiera acelerado”.

 

¿No falló la inteligencia acá?

“Ciertamente y cuando uno piensa en lo que ha pasado en la Araucanía, donde llevamos muchos años con el problema, uno se pregunta dónde está la inteligencia. La inteligencia sin aquellos sistemas que te permiten conseguir información de lo que está ocurriendo o de lo que va a ocurrir precisamente para prevenir, parta desactivar los grupos y desarticular las células que puedan estar promoviendo actividades terroristas. En Chile yo creo que está mal, está débil nuestra actividad de inteligencia a pesar de los esfuerzos que se han hecho. Hay que renovar, hay que diseñar nuevos sistemas; aprovechar los apoyos y asesorías de otros países que tienen esto más avanzado. Se está haciendo un trabajo que empezó hace algunos años, pero que ahora se quiere intensificar porque ahí estamos en deuda”.

 

Falla la inteligencia por una parte, pero sí se autoriza a espiar a periodistas que están haciendo su trabajo.

“Sí, aunque eso fue hecho en forma legar, se autorizó por los tribunales, pero ciertamente entiendo la inquietud de los periodistas que están haciendo un trabajo normalmente destinado a buscar fuentes que le permitan tener información que difundir y no puede confundirse ese proceso de búsqueda de fuentes de investigación con una actividad ilícita. En consecuencia hay que buscar un camino para deslindar cuándo alguien, sea periodista, abogado, sea de cualquier profesión, está involucrado en una actividad indebida que puede ser4 delictual, terrorista o de cualquier naturaleza, de aquella que es el ejercicio de una profesión, que aunque sea muy aguda, muy insistente, catete, muy insidiosa, muy fregada, es una actividad profesional que debe respetarse en su fuero, eso hay que precisarlo y es bueno que se debata esto.

 

La diferencia está en que cuando el trabajo lo hace un periodista, lo hace público, no lo guarda para él.

“Desde luego, eso es lo normal, lo que pasa es que son dos cosas completamente distintas. Cuando se trata de un periodista que está haciendo un trabajo de investigación para informar al público, cualquiera que sea el medio en que trabaje, es muy distinto a aquel otro que sea periodista, abogado, médico, sacerdote o ciudadano común, que hace un trabajo de otro tipo, con el propósito de cometer una actividad ilícita, obviamente no podemos confundir una cosa con la otra y eso es lo que debe hacer que los tribunales tengan especial cuidado cuando den las autorizaciones, porque al final los entes que investigan están siempre ansiosos por buscar información, pero las acciones intrusivas, estas que permiten las escuchas, el seguimiento, la interceptación telefónica y todo lo demás, deben ser autorizadas judicialmente y esa autorización judicial  tiene que ser hecha con mucho cuidado y no puede equivocarse en estos dos ejes que hemos descrito, porque realmente se produce una perturbación como la actividad periodística que requiere garantías, es parte de las necesidades de la sociedad respetar esas libertades”.

 

Recientemente fue traído el país Mauricio Hernández Norambuena, ¿cómo trabajó esto el gobierno tan silenciosamente, porque ni la prensa lo filtró antes?

“La verdad es que trabajamos este tema desde hace varios meses, porque creemos que es justo que personas que han sido condenadas por la justicia y que se han dado a la fuga, tengan especial esfuerzo del país por recapturarlos, extraditarlos y ponerlos nuevamente a disposición de los tribunales para que terminen por cumplir las condenas que la justicia les impuso y en el caso de Hernández Norambuena se habían hecho esfuerzos, pero que topaban con un problema legal complejo, que era que Brasil autorizaba la extradición sujeto a que cumpliera 30 años como pena máxima y aquí estaba condenado por 40”.

 

¿Lo conversaron con los tribunales chilenos antes?

“No, porque los tribunales acordaron solicitar la extradición y formalmente eso opera así: La Corte Suprema que accede a solicitar la extradición le pide a a la cancillería que se dirija al país donde está la persona para que tramite la extradición y Chile tiene decenas de personas, no sé cuántas que se les está buscando la extradición. Y en este caso se pidió el año 2002 al gobierno de la época, de Ricardo Lagos, que pidiera a Brasil la extradición de Hernández Norambuena”.

 

¿Y ese acuerdo no es pasar por sobre los tribunales chilenos?

“No, porque estamos cumpliendo un tratado que es una ley para nosotros y eso los tribunales tendrán que ratificar o no y eso le corresponde ahora a los jueces y a la Corte Suprema pronunciarse”

Se reconoce que el gobierno se anotó un punto al traer a Hernández Norambuena, pero los vuelve a poner en veredas opuestas con los tribunales. Usted dijo que cumpliría 27 años de cárcel y el ministro Carroza que él toma las decisiones.

“Por cierto, yo he contestado a raíz de las preguntas que me han hecho, pero nosotros estamos claros que este es un proceso que deben llevar los tribunales, porque aquí hay una condena que impuso un tribunal de 40 años y para poder extraditarlo, que fue lo que le pidió la Corte Suprema al gobierno de turno, nosotros hemos cumplido el tratado poniendo a disposición de los tribunales a la persona que se solicitó. No solamente al ministro Carroza. Él, como primera instancia, pero en definitiva esto pueda llegar a la Suprema, quien va a resolver finalmente el destino de Hernández Norambuena. Yo por lo menos quedo con la tranquilidad de conciencia de que esta es la primera persona de los que se fugaron en forma tan espectacular hace más de 22 años, que logramos volverlo al lugar de donde nunca debió haber salido, a la Cárcel de Alta Seguridad”.

 

¿Y dan las garantías de que no vuelva a escapar de ese lugar de donde nunca debió haber salido?

“Así le hemos pedido a nuestra Dirección de Gendarmería que esto que pasó no puede volver a ocurrir. Desde entonces a la fecha esa Cárcel de Alta Seguridad es una unidad especial que ha sido transformada, hay celdas mucho más reguladas, con otros aislamientos, con 160 cámaras de vigilancia, con personal adiestrado, con mallas que cubren el cielo para evitar la posibilidad de que llegue un helicóptero. Están tomadas todas las medidas porque se aprendió la lección”.

 

Medidas similares tiene Colina y se escaparon un par de reos hace un par de meses.

“No, medidas como esta, no tiene ningún otro centro penitenciario chileno”.

 

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