Continua incertidumbre de apoderados por pago de arancel

Tras cerca de cuatro meses desde que se confirmó el primer caso de Covid-19 en la región, la enseñanza de niños y jóvenes ha cambiado. El hogar se convirtió en las salas de clases y los padres han debido enfrentar el rol de profesores en el aprendizaje de sus hijos.  

Los establecimientos educaciones fueron los primeros en cerrar sus puertas para velar por la salud de los docentes y estudiantes. A principios de mayo se comenzó a implementar las clases online. Una metodología cuestionada por el alumnado producto de su efectividad y por parte de los apoderados quienes aseguran que el costo de la mensualidad no es equivalente a la enseñanza que le está entregando a sus hijos. 

Búsqueda de apoyo

Pabla Cerda es apoderada del primero básico del colegio Andrés Bello Pampa. Su hija tiene clases 30 minutos diarios, tiempo que afirma no es suficiente para un aprendizaje adecuado. Agrega que tuvo que golpear muchas puertas para lograr que realizaran un reforzamiento. 

En el ámbito económico explica a El Día que como apoderada lo que esperaba era que el rector pudiera hacerles una rebaja, “pero definitivamente recibimos una respuesta negativa. El último mensaje que se nos envió fue público, en donde advertía que si no pagábamos nos van a enviar a cobranza judicial, para mí fue una respuesta muy poco empática. Hay familias que se quedaron sin trabajo y tienen que seguir pagando”. 

La crisis económica y el alto nivel de desempleo ha significado un aumento de morosidad en el pago de las mensualidades. En el caso de Elizabeth Guzmán, su hijo cursa kínder y al igual que la hija de Pabla, sus clases son de 30 minutos. Comenta que en un comienzo el aprendizaje en el hogar fue difícil, pero buscó la estrategia para repasar las materias junto a su hijo “me importa mucho que aprenda y por algo estoy pagando un colegio”. 

Elizabeth enfatiza que producto que su esposo perdió el trabajo se contactó con el colegio para pedir una rebaja, “la respuesta rotunda fue un no. La ayuda que ofrecen es poder hacer un descuento, pero al fin y al cabo también tienes que pagarlo. La comunicación con el colegio ha sido pésima, busco además que exista un poco de empatía hacia los apoderados, porque hay muchos que perdimos el trabajo”. 

Establecimiento toma medidas

Por parte del colegio a través de un comunicado emitido el 30 de junio explican que los ingresos que han tenido los últimos meses no han sido superiores al 50% y esto se debe “al incumplimiento del pago de la escolaridad por un considerable número de apoderados”.  Explican que esto no ha sido solo por la pandemia, sino que también a “las intenciones de presionar para obtener rebajas generalizadas del valor de la escolaridad. Nuestra negativa a realizar rebajas generalizadas ha sido explicada en varias ocasiones (…)”. 

Ante esto el establecimiento tomó la medida de acogerse a partir del mes de julio a la Ley de Protección del Empleo, reduciendo la jornada laborar de todo el personal, entre un 10 y 15%. Además, exponen que desde el 1 de julio retornaran al régimen normal de pago “es decir, no realizaremos nuevas reprogramaciones o rebajas y, las deudas vencidas, de apoderados que, a la presente fecha, no hayan solicitado reprogramación, serán enviadas a la oficina de cobranza”, medidas que se habían utilizado en los meses anteriores. 

Esperada reunión

Se pretende que el Centro de Apoderados del establecimiento tenga una reunión junto al rector el próximo jueves para analizar la situación. El diputado Juan Manuel Fuenzalida quien está al tanto de la realidad de los apoderados del colegio comentó a El Día que está dispuesto a apoyarlos jurídicamente cuando adopten una postura posterior al encuentro. De la misma forma admite que no es partidario de presentar un Recurso de Protección, “en este tema siempre van a salir rechazados porque no es el instrumento jurídico para restablecer la situación entre la mensualidad y el servicio que se les está otorgando”. 

En este sentido el diputado advierte que hay que analizar la rebaja del arancel desde todos los puntos de vistas. “Hay padres que no tienen problemas para pagar y entienden que hay que apoyar a aquellos que se encuentran en la dificultad de cubrir esa necesidad. En segundo término, hay que ver cómo se está prestando el servicio. Hay varias alternativas jurídicas que se pueden utilizar para que la relación prestación- servicio sea equitativa”, explicó.  

Rechazo de recurso de protección

Por su parte, La Corte de Apelaciones de La Serena rechazó el recurso de protección interpuesto por apoderados en contra del Colegio Gerónimo Rendic quienes  también solicitaban una rebaja proporcional en el pago de las mensualidades durante el tiempo se mantenga la pandemia de covid-19.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada rechazó la acción deducida tras establecer que no existe garantía constitucional afectada.

“El recurso de protección fue rechazado toda vez que se estimó que aquella materia no es una que deba ser resuelta a través de la vía extraordinaria del recurso de protección, que es una medida de carácter urgente cautelar, sino que debe ser resuelta a través de un juicio de lato conocimiento, donde las partes además de dar cuenta de sus alegaciones puedan aportar prueba para acreditarlas”, indicó el ministro Christian Le-Cerf.

El fallo agrega que: “no obstante lo anterior basta para rechazar (…) la recurrida ha expuesto sobre la implementación de un sistema de colaboración respecto de los apoderados que se encuentren en situación de no poder responder con la obligación contraída con el colegio, vía una evaluación de cada situación particular, como también una solución para aquellos apoderados que tiene beca o no pagan ya el arancel completo”.

“Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, se rechazan los recursos de protección deducidos en contra de la Sociedad Educacional Gerónimo Rendic Ltda.”, concluye.