Contraloría advierte de ocupaciones irregulares o ilegales en el borde costero

Un reportaje emitido por Mega la noche del domingo dio a conocer un informe de Contraloría donde se denunciaba la presencia de múltiples terrenos fiscales del borde costero con ocupación ilegal o de forma irregular.

Se trataría de una auditoría realizada por Contraloría durante el 2019 y que notificó a todos los organismos involucrados el 30 de agosto de ese mismo año.

El informe incluyó una serie de observaciones respecto a terrenos usados ilegalmente en el borde costero, locales emplazados en la costa sin la ampliación de la concesión autorizada o solo con parte de ella, catastro desactualizado sobre esta información, falta de coordinación entre los organismos, entre otras.

Bienes Nacionales

En conversación con diario El Día, la Seremi de Bienes Nacionales de la región, Gianinna González, quiso referirse al tema, ya que asegura que desde la cartera se han tomado medidas respecto de los terrenos mencionados en el reportaje y que desde el nivel central la instrucción había sido el uso de criterio ante temas como el “desalojo de viviendas” producto de la contingencia nacional.

Sobre la utilización de terrenos en el borde costero, González, primero que todo, indicó que son dos las instituciones que fiscalizan estos casos, Gobernación Marítima dentro de la faja de 80 metros de ancho medidos desde la línea de más alta marea de la costa y Bienes Nacionales después de los 80 metros.

Uno de los primeros puntos del informe hace relación con la ocupación de 112 terrenos, ubicados en Totoralillo Norte (comuna de La Higuera), que no mantienen ninguna de las condiciones señaladas en el artículo 19, inciso segundo, del decreto ley N° 1.939, que establece que “Los bienes raíces del Estado no podrán ser ocupados si no mediare una autorización, concesión o contrato originado en conformidad a esta ley o de otras disposiciones legales especiales”.

“Nosotros hemos ido a fiscalizar dos veces y en principios de diciembre del 2019 fuimos nuevamente y nos encontramos con un pueblo absolutamente abandonado, porque se dice que la gente vive ahí pero según nuestros fiscalizadores se está ocupando como un lugar para época estival (…) Como está emplazado en propiedad fiscal, como Seremi ya he tenido dos audiencias con ellos junto con el abogado y les explicamos todo el proceso porque ellos querían postular a un título de dominio pero nosotros no podemos, según el Decreto Ley 2695 no se puede regularizar en propiedad fiscal ni tampoco agrícola” señaló la Seremi.

Asimismo indicó que a la fecha se encuentran de forma ilegal, es decir, que nunca han tenido un decreto administrativo con el Ministerio de Bienes Nacionales, sin embargo se conformó una mesa de trabajo donde implementarán la Ley de Caletas en ese caso.

“Oficiamos al Consejo de Defensa del Estado donde se informan todos estos casos y ahora está en manos de ellos la restitución de los terrenos. La Gobernación desaloja pero el Consejo de Defensa del Estado restituye, ya ahora está en manos de ellos el procedimiento, pero nosotros entregamos todos los antecedentes”, aclaró.

Otro de los puntos que hace mención Contraloría en su informe es que no cuentan con un catastro actualizado de ocupaciones ilegales e irregulares en el borde costero de la región que le permita proveer información oportuna y fidedigna para una adecuada planificación de las fiscalizaciones y ejercer otras acciones de control sobre los ocupantes ilegales o irregulares.

Sobre ese punto, González explicó que realizaron el catastro de Totoralillo Norte posterior a las fiscalizaciones realizadas por Contraloría, ya que fue la segunda medida tomada por Bienes Nacionales desde que asumió el cargo (mayo del 2019) luego de desalojar, mediante la Gobernación de Elqui, los terrenos ocupados ilegalmente en el Humedal El Culebrón.

Respecto a los terrenos ubicados en la localidad de Tongoy, la Seremi indicó que se trataba de tres camping, dos de ellos funcionando de forma irregular, porque en algún momento tuvieron un acto administrativo el que no se encuentra vigente desde del terremoto del 2010 y el tercero que siempre habría operado de forma irregular.

Según explicó González, producto del terremoto y posterior tsunami del 2010, los permisos no se otorgaron por estar emplazados en zona inundable, lo que ya se notificó al Consejo de Defensa del Estado para que inicie las acciones y cobros correspondientes.

Otro de los terrenos que estaría en el informe de Contraloría sería donde se emplaza la Municipalidad de Los Vilos, ya que parte de la construcción estaría sobre propiedad fiscal sin la autorización correspondiente.

“En algún momento, hace algunos años atrás se regularizó propiedad fiscal y el Decreto Ley n°2695 no permite regularizar propiedad fiscal, por lo tanto fue un error del Ministerio de Bienes Nacionales, hoy día esa situación se encuentra en un sumario abierto donde el encargado jurídico de acá lo está trabajando y es un tema que está en investigación, además que los funcionarios de ese entonces ya no están trabajando acá”.

Coordinación entre organismos

El ente fiscalizador también incluyó como observación la falta de coordinación entre los organismos públicos para evitar las ocupaciones ilegales en el borde costero sobre terrenos fiscales por lo que determinó que “la SEREMI de Bienes Nacionales, Intendencia, Gobernación Provincial de Elqui, Gobernación Marítima, SEREMI de Salud, Municipalidad de La Serena y Coquimbo, deberán fijar un cronograma de actividades y un plan de trabajo tendiente a erradicar en forma definitiva las ocupaciones ilegales y/o concretar acciones de regularización”.

Consultado ese punto, la Seremi señaló que efectivamente había descoordinación con algunas entidades las que, producto del informe, fueron subsanadas con una persona a cargo de mantener la constante comunicación sobre este tema entre las instituciones.

Requerimientos de desalojo

Según explicó la Seremi, lo primero que Bienes Nacionales hace en los casos de ocupación irregular es oficiar al Consejo de Defensa del Estado para la restitución y el cobro de la indemnización.

La otra vía es mediante la Gobernación Provincial donde generalmente se utiliza la fuerza pública para el desalojo de los inmuebles y suele utilizarse en aquellos terrenos ilegales.

“A nosotros como Seremi desde el nivel central nos han solicitado que oficiemos al Consejo de Defensa del Estado por el tema del cobro”.

Gobernación marítima

La Armada es el otro ente que tiene facultades sobre terrenos fiscales, siempre que se encuentren dentro de la franja de los 80 metros.

El Gobernador Marítimo (s), René Moraga, explicó que la Armada de la zona tiene atribuciones de carácter administrativo en estos casos, donde cuentan con la facultad de notificar y de revisar que exista o no cumplimiento de la norma para luego derivar los procesos a los entes correspondientes.

Respecto a los locales ubicados en la Av. Del Mar y la Costanera, que funcionan de forma irregular, Moraga señaló que se les han solicitado los permisos respectivos y al no tenerlos vigentes se informó a la Gobernación de Elqui.

“Por nuestra parte nosotros hicimos todas las etapas administrativas y ellos están con un recurso de reposición del acto administrativo”.

Añadió que las concesiones marítimas y las ampliaciones son otorgadas por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas a nivel nacional, de acuerdo a las exigencias solicitadas por decreto, las cuales se pueden o no otorgar.

“Hay a algunos que se les dijo que si y otros que no y estos últimos están con un recurso de reposición del acto administrativo y eso lo tiene que determinar la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas”.