Cuestionamientos al municipio retrasaría construcción del edificio consistorial

Terminar el edificio consistorial de Coquimbo en el periodo del alcalde Marcelo Pereira es uno de los objetivos de la actual administración. Para ello lograron retomar las relaciones con la Empresa Sacyr a cargo de la construcción y reanudar los trabajos en octubre del año 2017, obras que estaban paralizadas por más de 8 meses. Sin embargo, existen ciertas observaciones a las modificaciones de contrato y solicitudes que ha presentado el municipio que podrían paralizar la aprobación de entrega  de recursos suplementarios por parte del Consejo Regional, dineros que serían utilizados para  la terminación de la torre.

Cuando Sacyr retomó los trabajos, el municipio señaló que el proyecto se había dividido en dos etapas. La primera de ellas correspondía al término de la obra gruesa  y construcción de muro cortina a cargo de la empresa española y la segunda, a las terminaciones y habilitación. En esta última etapa se estaba definiendo si continuaría Sacyr o se realizaría una licitación para elegir otra empresa.

Después de 60 días, debido al alto costo y los riesgos que se corrían al realizar una nueva licitación, es que desde el municipio porteño se definió que los españoles seguirían a cargo de la segunda etapa. Para ello, tras diversos estudios técnicos se estableció que para esta etapa de terminaciones y habilitación se requerirán cerca de 4 mil millones de pesos, recursos que se solicitarán al Gobierno Regional y que requieren la aprobación del Consejo Regional.

ENTREGA DE RECURSOS SUJETA A CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

En enero de este año, el municipio de Coquimbo, a través de la Secretaría de Planificación Comunal, ingresó una solicitud de suplementos por $3.900 millones (costo de segunda etapa) al Gobierno Regional, la cual fue devuelta con observaciones, explica el secretario de Planificación de Coquimbo, Claudio Telias.

Es por ello que se trabaja en subsanar estas observaciones y se prepara un reingreso dentro de estos días “para poder llevarlo a una reevaluación de la Seremía de Desarrollo Social para obtener  la factibilidad de rentabilidad social y, posteriormente, hacer su ingreso al Consejo Regional para validar la voluntad política  que ya existía en su momento de este suplemento para permitir terminar el proyecto”, explica Telias.

Es que para el municipio de Coquimbo, la esperanza de contar con recursos y terminar este llamado “elefante blanco” se basa en la votación del Consejo Regional saliente en que manifestó su voluntad de apoyar las solicitudes de suplementos por parte de la comuna porteña en este proyecto, como parte de su política. Pero hoy, con un nuevo cuerpo colegiado, aun cuando esta voluntad se mantiene, se exige a las autoridades coquimbanas subsanar observaciones y entregar explicaciones respecto a compromisos y acciones por el municipio que están en duda.

Jaime Herrera, consejero regional y presidente de la Comisión de Régimen Interno del cuerpo colegiado, explica que se ha tratado la problemática de los edificios consistoriales en toda la región, especialmente en la comuna de Coquimbo, por los montos que implica el proyecto.

En la última sesión de la comisión que preside, se recibió un informe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional en que se presentó el estado de esta construcción, proyecto que se inició el 2014 y que debía estar finalizado el año 2017. Herrera explica que en el convenio entre el GORE y el municipio porteño se estableció que de los cerca de $18 mil millones que se requerían para el edificio, el primero aportaría $12.836 millones, a través del FNDR, y la municipalidad $5 mil millones. A eso se sumó que con el paso del tiempo se aprobaron suplementos por más de cuatro mil millones de pesos, para modificaciones de diseño (estructura y cumplir con norma sísmica) y para pago de deudas.

“Sin embargo, de esos cinco mil millones iniciales a los que se había comprometido el municipio de Coquimbo en el inicio del proyecto para construir esta obra, solamente ha cancelado mil millones”, explica. Pero no sólo es el tema de la deuda que aún mantiene la causa de la paralización de la aprobación de recursos, sino que además acciones realizadas por el municipio en su acuerdo con Sacyr en octubre del año pasado que estaban fuera del contrato inicial del año 2011 entre el Gore y la entidad edilicia. Entre ellas  se cuenta la división del proyecto en dos etapas, la disminución de garantías, la eliminación de su recepción provisoria y definitiva  por la recepción única y la eliminación de la recepción municipal por parte de la Dirección de Obras. Además se cuestiona la vulneración  al principio de igualdad de los oferentes  al cambiar las bases del contrato.

“El 12 de octubre de 2017, el municipio ingresa al Gobierno Regional  la llamada modificación 3 del contrato y reanuda las labores que se habían paralizado  por parte de la empresa Sacyr. El Gobierno regional debe representar esta modificación, porque vulneraron el convenio de mandato y la estricta sujeción a las bases del proceso licitatorio. Por lo tanto, se exigió de parte del GORE que esa modificación 3 no correspondía y había que remediarla”, añade el consejero.

Es por ello que, para Jaime Herrera, manteniéndose la voluntad de parte del cuerpo colegiado en su política de terminar los edificios consistoriales de la región y las obras inconclusas, el municipio de Coquimbo debe, en primer lugar, demostrar que puede cancelar la parte de los recursos que comprometió y subsanar todas las observaciones realizadas.

Opinión que es ratificada por la presidenta del Consejo Regional, Adriana Peñafiel, quien espera que  el municipio de Coquimbo realice las acciones para que luego, cuando se presente la solicitud de suplemento para la etapa de terminaciones del edificio consistorial, pueda ser aprobada por los consejeros.

“Esos recursos están condicionados  a que haya una regularización de situaciones que fueron detectadas que se salieron de lo que fue el mandato inicial. Hasta la fecha nosotros no hemos tenido respuestas de las autoridades comunales de Coquimbo, por lo tanto, están detenidos esos recursos acordados anteriormente”.

Según consta, estas observaciones al contrato fueron respondidas por el municipio el 29 de enero del presente año, documento que está siendo analizado por los profesionales del Gobierno Regional.

ESPERAN LA APROBACIÓN

“Estamos trabajando”, señala el Secplan,Claudio Telias, consultado por EL Día respecto al estado del edificio consistorial. 

Respecto a los cinco mil millones comprometidos en el convenio inicial entre el GORE y el municipio, Telias explica que ya se han cancelado cerca de $2.500 millones y el resto se cancelará tras obtener los recursos del leaseback, en el que se destinan $3.500 millones para el pago de estos dineros. Así esperan no tener problemas con la retención de los recursos y mantener la ejecución de los trabajos.

“Se entiende  que nosotros, a partir de la aprobación del leaseback, estamos haciendo las gestiones necesarias  para poder contar con los recursos que permitan cumplir con nuestro  compromiso en el convenio mandato, de los aportes comprometidos por el municipio”, añade.

Para Claudio Telias se puede ir avanzando de forma paralela en la solicitud de suplementos de recursos para terminar la torre de 15 pisos ubicada en Calle Borgoño con Avenida Varela, con más de 16 mil m2 de construcción. “No implica que  tendrán  que inyectar los recursos de forma inmediata durante el 2018, pero sí  ir preparando el compromiso que, de alguna otra manera, permite darle continuidad al compromiso  que han tenido los cores de financiar los edificios consistoriales”

Agrega que “siempre hay riesgo que la obra se retrase”, pero añade que sería responsabilidad tanto del municipio como del Gobierno Regional si se produjera la demora.

“No hay que olvidar que ellos como mandantes de esta obra, son tan responsables como nosotros de velar por la continuidad  y materialización de este proyecto en el menor tiempo posible”.

Asegura el Secplan que contarán con el apoyo del cuerpo colegiado ya que existe un plus en esta obra, al convertirse en un centro cívico, que no sólo recibirá a los diversos servicios y departamentos municipales, sino que además permitirá el encuentro de la ciudadanía. Misma opinión plantea el administrador municipal, Patricio Reyes, quien explica que la construcción contendrá espacios habilitados para que la comunidad se reúna y además, tras su entrega aumentará considerablemente el patrimonio municipal, considerando que el bien puede llegar a un valor por sobre los $30 mil millones.

Para el alcalde Marcelo Pereira no existe duda que conseguirán los recursos. Se basa en el voto de voluntad política expresado por el anterior consejo y recuerda al cuerpo colegiado que “esta iniciativa de contar con edificios consistoriales nació de los propios cores, del propio Consejo Regional, por eso no me cabe duda que vamos contar con todo el apoyo para terminar con este edificio y el gasto de más de $1.600 millones anuales en arriendos”, concluye.