Defensoría acusa desproporción en cautelares para los manifestantes sin antecedentes

No han sido días fáciles para las  instituciones que forman parte del sistema de justicia. Según hemos consignados en reportajes anteriores, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial han tenido que extremar sus recursos para hacer frente a los ya 51 días desde el estallido social. 

Pero no sólo la Fiscalía y los magistrados han tenido que redoblar esfuerzos. El órgano encargado de velar por los derechos de los imputados, la Defensoría Penal Pública, también se ha tenido que readecuar al nuevo contexto. Así lo afirma la jefa regional de la entidad, Inés Rojas. “Desde que comenzó esto, la Defensoría ha visto incrementada, yo diría que en casi un 300% su labor, especialmente en lo que tiene que ver con los controles de detención, ya que aumentaron de forma bastante grande”, expresó.

Y claro, en los primeros días de crisis tuvieron jornadas en las que se registraban hasta 100 personas detenidas lo que significó un despliegue excepcional de los defensores. “Incluso esta directora regional y quienes no estaban de turno tuvimos que hacernos presentes para sacar adelante la situación, porque no nos esperábamos un aumento de esa magnitud”, aseveró. 

Los controles

Rojas detalla que desde el día 19 de octubre, cuando comenzaron las movilizaciones en la región, un día después que en la Región Metropolitana, han tenido un total de 1.617 controles de detención, la mayoría derivados por hechos de la contingencia. 

Cautelares "exageradas"

Hace algunos meses, la defensora realizó una fuerte crítica tanto al Ministerio Público como a los jueces por lo que, según ella y la institución, eran medidas cautelares demasiado severas en relación a los delitos que se estaban cometiendo. Hoy, en el contexto de la crisis social que vive el país, piensa que esta práctica no ha cambiado y han existido medidas que no son proporcionales con los ilícitos, algo que le preocupa.

“Desde un principio cuando comenzó el estallido los fiscales empezaron a solicitar la prisión preventiva en causas que a nuestro parecer, por los hechos que se estaban formalizando como son los robos en lugar no habitado por los saqueos o delitos de desórdenes públicos, no correspondían esas medidas cautelares por no ser proporcionales a los hechos investigados y a las penas que arriesgan y si bien en ese momento fueron decretadas en algunos casos justificados, ahora esta política se ha endurecido”, indicó Rojas. 

En esa línea puntualizó que se estaba dejando privados de libertad a personas que no tienen antecedentes penales e incluso a estudiantes universitarios.

Esto nos preocupa bastante, porque estamos sometiendo a la cárcel y a todo lo que implica la vida penitenciaria a jóvenes que no han tenido nunca contacto con el sistema penal. Tenemos estudiantes sin antecedentes que están en prisión preventiva y eso no es normal”, precisó, agregando que existen otras medidas para este tipo de imputados.

“Está la reclusión nocturna domiciliaria o el arresto total domiciliario. Esas son medidas cautelares que también podrían imponerse y que van a restringir que estos jóvenes sigan participando en las protestas, pero someterlos a la prisión preventiva nos parece del todo excesivo para jóvenes que no tienen antecedentes penales”, afirmó. 

Perfil de los detenidos

Respecto al perfil de los detenidos durante las marchas, Rojas indica que ha ido variando ya que en los primeros días, los saqueos eran cometidos por personas sin antecedentes como trabajadores y dueñas de casa. Pero después fue cambiando. “Luego de transcurridas las primeras semanas ya teníamos a personas que en su mayoría tienen antecedentes penales. En definitiva ha sido cambiante”, aseguró. 

Sin embargo, lo que más le preocupa según aseguró, “son los estudiantes que son detenidos en las protestas de la noche que muchos llegan a las comisarías, pasan horas ahí y son puestos en libertad pero quedan sometidos a todo el procedimiento de detención por varias horas o la noche completa”, dijo, “lo que puede dar lugar a una violencia institucional. Nosotros hemos recepcionado más de 100 denuncias de ese tipo”, agregó. 

Agravantes que complican

Rojas admitió que también existe preocupación por las agravantes que podrían perjudicar a sus defendidos y que tienen que ver con el artículo 12 número 10 del Código Penal el que señala que en estados de conmoción social como el que se vive en Chile las penas aumentan. “Claramente esto podría agravar una eventual condena.

De hecho, ese es el resquicio que podría estar provocando que se decreten las prisiones preventivas, pero estamos enfrentando ese escenario y entregando nuestros argumentos para que las medidas cautelares no sean desproporcionadas”, explicó la abogada. 

La contaminación criminógena

Pero, ¿por qué preocupa el encarcelamiento sin haber una condena, de las personas que no tienen antecedentes? Respecto a ello, Inés Rojas habla de lo que se denomina contaminación criminógena. “Lo que pasa es que cuando tú no conoces ese mundo penitenciario, y te rodeas de él repentinamente implica una experiencia muy fuerte y que te va a marcar para toda tu vida, más si se trata de un estudiante que probablemente no tenga que pagar con pena de cárcel finalmente. Por eso es muy preocupante que se impongan estas medidas cautelares tan gravosas como la prisión preventiva”, expresó. 

Y agregó que no sólo en el actual contexto ellos tienen la postura de que la prisión preventiva no es lo más indicado para quienes no han tenido contacto con el mundo delictual. “Como Defensoría Penal Pública, lo que pedimos para las personas que no tienen antecedentes penales, que no han tenido contacto con el sistema, se le impongan otro tipo de medidas cautelares”, concluyó.