Defensoría manifiesta reparos con reinicio de juicios por zoom

Resguardar las garantías constitucionales y el derecho al debido proceso es la principal preocupación de la Defensoría Penal Pública, en el contexto de las audiencias de coordinación que se están realizando tanto en el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena como en el de Ovalle, en conjunto con la Fiscalía, con la intención de dar inicio a los más de 50 juicios que debieron postergarse debido al decreto de Estado de Excepción Constitucional producto de la pandemia. 

En esa línea, la Defensora Regional Inés Rojas, en entrevista con El Día TV, precisó que si estas garantías y derechos se pueden asegurar, ellos tienen la disposición de comenzar los litigios. “Nuestra posición está basada en las garantías penales, debido a que estimamos que un juicio realizado de manera remota no es suficiente para que el imputado se pueda comunicar directamente con el defensor, no está tampoco la posibilidad de mediación entre un testigo para poder contrarrestar si dice la verdad o cae en contradicción, entonces ese tipo de cosas se dificultan demasiado, y eso es lo que estamos exponiendo”, indicó la defensora jefa regional.

El imputado decide

De todas formas, asegura Rojas, la última palabra la tendría el imputado y la responsabilidad de ellos como defensores es ponerles en conocimiento de todas las opciones, los pros y los contras para que determinen si aún en las condiciones actuales, con todas las limitantes desean partir el juicio oral. “Si él quiere hacer un juicio de esta manera remota, porque puede ser una persona privada de libertad que tiene la firme convicción de que en su juicio podrá quedar en libertad, lo conversa con el defensor y el defensor le explica, y si nuestro representado quiere ir a un juicio en estas condiciones nosotros lo aceptamos. No habría ningún problema, porque lo que prima es la voluntad de nuestro representado”, aseveró Rojas, ya que, “el derecho a juicio y al debido proceso es una garantía para el imputado, no para la defensa, pero tenemos que ponerlo en conocimiento de todo”. 

Casos más factibles

La defensora explica que los casos que, en la visión de la Defensoría, serían más factibles de realizar el juicio vía remota es donde la discusión no se centra en la participación del imputado, sino que el eje del litigio es más de carácter interpretativo-calificativo jurídico. “Hay casos en los que nosotros buscamos recalificar el delito, invocar alguna atenuante, y en estos casos nosotros sí nos mostramos más abiertos, si el representado así lo quiere, a realizar un juicio vía remota”, asegura. 

Pero es distinto cuando se discute el fondo del asunto. “Si nosotros vamos con una teoría alternativa, o una teoría de absolución, en ese caso nosotros estamos por pedirle al tribunal porque reprograme el proceso hasta que termine el estado de catástrofe y poder hacerlo de manera presencial (…) Ahora, siempre la última palabra la tiene el defendido”, expresó. 

Caso a caso

La jefa de la Defensoría regional expresa que le ha solicitado a los defensores que conversen con los imputados, con cada uno de ellos para analizar caso a caso. “Yo no puedo darle instrucciones específicas a los defensores, tienen que verlo con los representados. Tenemos que analizar todo por separado porque todas las causas tiene características distintas”, sostuvo Rojas. 

Respecto de los juicios orales sin fecha de inicio en donde los imputados están en prisión preventiva, el tema es más complejo, sin embargo, aun así, algunos prefieren permanecer con esta cautelar, y esperar hasta que el proceso se pueda llevar a cabo con normalidad. “Eso también lo hemos visto, porque te insisto. Son los imputados en definitiva, los que van a determinar si quieren que el juicio oral se lleve a cabo vía remota o cuando se normalice, y se pueda hacer presencialmente”, finalizó.