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Lautaro Carmona
Desde el Gobierno aseguran que están trabajando, escuchando y priorizando las demandas sociales e implementando la agenda social y de seguridad. Sin embargo, los diferentes actores sociales insisten en que las medidas instauradas no responden a lo que la gente exige. Pese a ello, se valora el Acuerdo por una Nueva Constitución. Todo esto en medio de una tensa calma con manifestaciones menos masivas pero con la gente en estado de alerta.

Hoy se cumplen dos meses desde que el descontento ciudadano estallara y cambiara para siempre la realidad de un país del que, se decía, era el más estable de Latinoamérica. Fue la noche del 18 de octubre cuando comenzaron las protestas en la Región Metropolitana, y al día siguiente se extendieron a lo largo de todo Chile, incluida la Región de Coquimbo, donde hubo dos fallecidos presuntamente, a manos de agentes del estado. 

Tras semanas de manifestaciones, las que, pese al toque de queda, al principio eran masivas y pacíficas, pero que se fueron tornando cada vez más violentas dejando graves daños a la propiedad pública y privada, en la actualidad las aguas parecen haberse aquietado. Sin embargo la ciudadanía ha dejado claro que se encuentra en estado de alerta y en ningún caso se ha desmovilizado. Aquello ha quedado claro luego que tras el anuncio de alza del peaje en la carretera que une La Serena y Ovalle, se organizara una marcha que terminó con la quema y destrucción de las casetas. Un hecho lamentable, pero que obedece a un descontento latente. 

Disconformidad

La opinión generalizada es que la autoridad actuó de manera errática al principio de la crisis, lo que ha sido reconocido por el propio oficialismo, sin embargo, a medida que fueron pasando las semanas hubo anuncios tendientes a satisfacer las demandas ciudadanas, en el marco de la nueva Agenda Social, los que hoy se están ejecutando y se tramitan en el congreso.

Otro hecho clave y que, se pensó, tranquilizaría a la ciudadanía y detendría las manifestaciones fue el acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución al que suscribieron transversalmente la mayoría de los partidos políticos con representación en el Congreso nacional el día 15 de noviembre, el cual fijó los lineamientos para la elaboración de una nueva carta magna cuyo plebiscito de entrada tendrá lugar el 26 de abril del 2020.

Pero se ha entrampado, y “esta lentitud y discusiones pequeñas, en las que se han enfrascado los mismos de siempre”, según consigna el magíster en Democracia y Gobierno, Eduardo Marín, ha generado la desconfianza de la gente, la que, en resumidas cuentas, “esperaría mucho más de la clase gobernante”. 

Pero vamos a lo concreto. ¿Qué es lo que ofrece el Gobierno y qué es lo que pide la gente? La pregunta es de difícil respuesta teniendo en cuenta las diferentes posturas de la comunidad, sin embargo, en relación a lo que han expresado quienes han salido a manifestarse, las soluciones serían insuficientes. 

Caída en la figura presidencial

El sociólogo de la Universidad Central, Nicolás Pérez, coincide en la visión de que lo que se ha planteado como solución a las demandas sociales no obedece a lo que los manifestantes estaban requiriendo, y advierte una falta de empatía por parte de la clase política al momento de escuchar el descontento.

“Ha quedado de manifiesto una incapacidad por parte de la élite Gobernante respecto a comprender a la sociedad que dicen gobernar. Las élites no están entendiendo la magnitud de la situación por la que estamos atravesando hoy, en la que si bien se está pasando por una fase donde se atenúa el nivel de masividad en las movilizaciones, esto no quiere decir que se haya terminado”, expresó el profesional. 

En esa línea, quien más se habría alejado de lo que la gente quiere escuchar, según Pérez, sería la figura del Presidente, dando paso a un inusitado protagonismo del parlamento, lo cual se vería reflejado en las encuestas.

“Pese a las distintas posturas que existen, ha sido el congreso el que ha tratado de dar cauces institucionales a la crisis. Las demandas van por un lado que tiene que ver con un nuevo ordenamiento político y social, y los anuncios presidenciales van por el lado del orden público y la insistencia en una agenda social que no modifica la estructura”, indicó Pérez.

La Constitución, un punto a favor

Para el profesor Eduardo Marín, el gran acierto de la clase política en estos dos meses, habría venido precisamente desde el Legislativo, dando cabida para que la ciudadanía elija si quiere cambiar o no la actual constitución, algo que de acuerdo a los resultados de la consulta ciudadana realizada por la asociación de municipios de Chile resulta fundamental.

“Si hacemos una mirada global de estos últimos dos meses, el gran avance que ha existido tiene que ver con el proceso de discutir una Constitución. Si bien es cierto que el proceso ha tenido ripios, y no ha dejado a todos satisfechos, ha avanzado y prueba de ellos es la aprobación ya anoche (el lunes) de ciertas reglas institucionales como la cuota de géneros, pueblos originarios e independientes”, sostuvo, aunque reiteró los cuestionamientos respecto a la lentitud y falta de fluidez del proceso.

“No es lo que la comunidad esperaría, pero el objetivo último que es discutir el cambio de la carta magna es lo que habría que valorar si se quiere ver el vaso medio lleno”, precisó el académico. 

Sistema de pensiones

De acuerdo a la consulta ciudadana municipal, mejorar las pensiones es uno de los tres temas prioritarios, junto a la Salud y la Educación. En este sentido, el asesor previsional Pedro Prado Moreno, reitera que lo que se está ofreciendo es mínimo, comparado con lo que se requiere, que para él, es la abolición de las AFPs.

“Las señales que ha dado el Gobierno son malas. Se prioriza en la agenda social el mejorar las pensiones, pero no se toca el modelo de capitalización individual, que es nefasto. Con los cambios que se están haciendo ahora el sistema se fortalece, y además se beneficia sólo una parte de los pensionados”, expresó Prado. 

Claro, no está de acuerdo con la propuesta del Gobierno que plantea un aumento gradual de los dineros recibidos por los jubilados fortaleciendo el pilar solidario. De acuerdo a este proyecto, a contar del primero de enero del 2020 las pensiones aumentarían en un 50% de inmediato para los mayores de 80 años de edad o más, para luego abarcar a otros grupos etarios. 

Para Jaime Ramírez, Presidente de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) de la Provincia de Elqui, este no es el camino. “Aquí la gente ha sido categórica en la calle. Ha pedido eliminar las AFPs e implementar otro sistema más justo, un sistema de pensiones que sea tripartito, que sea público y solidario. No este sistema grosero de la previsión que hace que un pequeño grupo se haga más millonario, y que siga empobreciendo a otros”, sostuvo. 

Salario mínimo

Es el mismo sentido, Ramírez quien insiste en que la propuesta de Sueldo Mínimo Garantizado que está efectuando el Gobierno y que ha llevado al parlamento, no se ajusta con las necesidades de las personas “que no pueden vivir dignamente con 300 mil ni con 350 mil pesos (…) Lo que se está ofreciendo es un bono para un grupo de trabajadores que ganan una cierta cantidad de dinero, y ese dinero saldrá del propio Estado.

Es decir, no se ha tocado ni un peso del bolsillo de los grandes empresarios, y esa no es la lógica, porque para reducir la desigualdad lo que se requiere es poder hacer una mejor distribución de los ingresos y no seguir sacando plata del Estado con bonos para solucionar un problema cuyo fondo es la acumulación excesiva de la riqueza por parte de unos pocos”, manifestó. 

Salud y educación

Pese a que en la consulta ciudadana, los temas principales además de las pensiones fueron la Educación y la Salud, en términos de mejorar la calidad y el acceso, son dos puntos que no han estado demasiado presentes en el debate. Esto, pese a que, el caso de la educación, en años anteriores como en el 2006 y en el 2011 fue el alma mater de las movilizaciones, esta vez no ha estado presente con tanta fuerza en la discusión. 

Aun así, el ministro de Hacienda Ignacio Briones ya cerró las puertas, por ejemplo, a uno de los mayores problemas que afecta a quienes estudiaron con crédito con aval del Estado, que en muchos casos, debido a los excesivos intereses, tienen que pagar tres veces el valor real de su carrera.

“No es posible por la magnitud de recursos. Me parece, además, que condonar la deuda del CAE tampoco es  justo, porque dentro de la condonación hay actores que han pagado, que a lo mejor estaban en un plano similar a aquellos que tenían una deuda, ¿y qué le van a decir ustedes a ellos?”, indicó Briones. 

Respecto a Salud, el diagnóstico es crítico según la vocera del Movimiento Salud Digna, Blanca Díaz. “No hemos visto nada, sólo desfachatez y ninguna intención de generar un cambio sustantivo, por eso los movimientos de salud se están organizando a nivel nacional para plantear un seguro universal de Salud en la Nueva Constitución, donde el 7% de todos los chilenos vaya a un mismo fondo que permita financiar todas las atenciones. Que las Isapres o las clínicas sean una opción personal”, indicó. 

Aseguró que hoy día la salud no está garantizada ya que sólo el acceso es universal. “Es decir, tú vas a un consultorio o a un hospital y te tienen que atender, pero después te mandan para la casa, porque no hay medicamentos, no tienen equipos o no hay profesionales”, criticó. 

El presidente regional del Colegio Médico Rubén Quezada, reiteró lo que había señalado hace un par de semanas respecto a la ausencia de medidas para mejorar el sistema de Salud Pública en el país. “No se están escuchando las demandas en salud, prueba de esto es la importante valoración que se hace en la consulta ciudadana donde salud es prioridad para los chilenos, y la agenda social no cambia su financiamiento”, cuestionó. 

Aseguró que, pese a que sólo un cambio constitucional resolvería el problema de fondo, sí se podrían implementar medidas en el corto plazo, “pero lamentablemente este ministro no está a la altura y no está oyendo. Porque en el mundo académico y en los usuarios de la salud existe un consenso que tiene que ver con generar un aumento en el presupuesto para la salud, fortalecer la Salud Pública y no como se está haciendo con el traspaso de fondos públicos a privados, sino que hacerse cargo de los hospitales y de los centros de atención primaria directamente con un impulso estatal”, enfatizó el presidente del gremio. 

Mirada política

La mirada de los gremios, de los actores sociales y de los expertos no es demasiado positiva en su balance, pero hay coincidencia en que el camino hacia un cambio de constitución, pese a todo lo que se ha entrampado, es lo más rescatable. Así lo sostiene también el diputado DC Matías Walker.

“Ha existido un muy buen avance en el tema constitucional, el que pretendemos ratificar mañana (hoy) en la sala de la Cámara. Es muy importante darle la posibilidad a la gente de poder participar y el acuerdo del 15 de noviembre es relevante en esa línea: convocar a un plebiscito para que sean los ciudadanos los que puedan definir el mecanismo para elaborar lo que sería el primer texto constitucional en una democracia”, sostuvo. 

Respecto a lo que queda al debe, no tuvo dudas en señalar que la actuación del ejecutivo no había estado a la altura. “Creo que desde el estallido social hemos tenido un presidente más relegado a un segundo plano, porque ha equivocado el relato. Efectivamente ha hablado de enemigos, de guerras, ha ocupado un lenguaje beligerante y eso no aporta nada ni es adecuado”, precisó. 

Por su parte, el diputado oficialista (UDI) Juan Manuel Fuenzalida, defendió el actuar del Gobierno y aseguró que sí habían escuchado las demandas de la ciudadanía, lo que se vería reflejado en la agenda social.

“El Gobierno ha iniciado una agenda social enfocada en mejorar las pensiones, enfocada en aumentar el ingreso mínimo, donde se aprueba una ley de medicamentos que tiene por objeto rebajar el precio de los remedios, donde se genera un seguro de Salud para los usuarios de Fonasa. Además se saca adelante una Ley Antisaqueos y la Ley Antiabusos, para castigar con penas efectivas los delitos de cuello y corbata (…) Entonces, decir que no se ha escuchado a la ciudadanía me parece que es una falacia muy grande”, puntualizó Fuenzalida. 

“Hemos estado trabajando"

Consultados, en el Gobierno local, el vocero de Gobierno Ignacio Pinto manifestó, a través de un comunicado, admitió que la crisis marcaba un antes y un después en lo político e institucional para el país, pero expresó que han estado trabajando para encontrar una salida.

“Como Gobierno hemos estado trabajando intensamente en la implementación de la agenda social y de seguridad, nos hemos ocupado en escuchar las demandas sociales, en definir cuáles son las prioridades y las exigencias de mediano y largo plazo que tiene la ciudadanía para poder cumplir de manera eficaz y sobre todo responsable”, enfatizó, agregando que, “para nosotros es muy importante cumplir y materializar con hechos concretos las demandas ciudadanas, un claro ejemplo de esto es el incremento inmediato de las Pensiones del Pilar Solidario beneficiando a más de 72 mil pensionados de la región de Coquimbo y a 1 millón y medio de pensionados y pensionadas en todo el país”. 

Pinto aseveró además, que existían otras medidas concretas en el marco de la agenda social como “el aumento de las pensiones para los adultos mayores más vulnerables, mujeres y la clase media, el Seguro Catastrófico de Salud para la clase media y vulnerable, la estabilización del precio de las tarifas eléctrica, la ley ya vigente que retrotrae alza del pasaje del metro (…) A esto debemos sumar las distintas iniciativas para reducir el costo de los medicamentos, reducción de número y sueldos de parlamentarios y autoridades, ingreso mínimo garantizado”. 

Por último, el vocero afirmó que también se trabaja en un Plan de Protección del Empleo y Recuperación Económica, iniciativa presentada por el gobierno del Presidente Piñera, que incorpora medidas para fortalecer los mecanismos de protección del empleo y la inversión pública. “Este plan viene a reforzar la serie de iniciativas ya presentadas para apoyar a las MiPymes, entre las que destacan la devolución anticipada de impuesto a la renta y facilidades para el pago del IVA”, concluyó Pinto. 

 

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