El director regional de la Superintendencia de Educación, Francisco Brizuela Tapia, quien dio a conocer la campaña que llevan adelante “Tu Escuela-Nuestra Escuela”, que busca apoyar a padres y apoderados en el inicio del año escolar y que conozcan, por ejemplo, que no les pueden exigir la compra de determinados útiles o de tales marcas de uniformes, entre otros, también se refirió a las fiscalizaciones que realizan en los establecimientos educacionales para que cumplan las normas.
De acuerdo a lo detallado, su institución fiscaliza en dos líneas generales, una que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa educacional, como las condiciones laborales, infraestructura e implementación de programas que se desarrollan; en tanto que la otra línea tiene que ver con el uso de los recursos que reciben los establecimientos educacionales, es decir, las distintas subvenciones.
De hecho mencionó que en estos momentos se encuentran en pleno proceso de rendición de cuentas de todas las subvenciones que recibieron los colegios el 2016.
Pero también mencionó que “tenemos la misión de atender denuncias, consultas y reclamos de parte de los integrantes de la comunidad escolar y en esta época sobre todo hay harta demanda respecto de consultas y reclamos que hacen los padres y apoderados a principio de año y están relacionados con la matrícula”.
Este año la fiscalización se amplía a la educación preescolar, salas cuna y jardines infantiles, ¿cómo se aplica esta nueva función?
“El año pasado se aprobó la ley que creó la Subsecretaría y la intendencia de Educación Parvularia y comenzó a regir el primero de marzo de este año y tenemos la facultad fiscalizadora sobre jardines infantiles y salas cuna que existen en la región. Vamos a tener un período de marcha blanca durante este año. Vamos a tener la facultad fiscalizadora en aquellos que tengan el reconocimiento oficial, que hayan sido autorizados para su funcionamiento por el ministerio de Educación. El resto tiene hasta agosto del 2019 para obtener el reconocimiento oficial”.
¿En la práctica cómo materializan las fiscalizaciones cuando uno de los problemas del Gobierno es la falta de personal para poder controlar debidamente?
“Tenemos programas de fiscalización que van abarcando las distintas situaciones o subvenciones que reciben los establecimientos y tenemos programas de fiscalización que están asociados a revisar las condiciones de infraestructura y de condiciones laborales que tienen los funcionarios. En la región tenemos más de 700 establecimientos educacionales. Obviamente es imposible cubrir el 100% de las unidades educativas, pero también un factor importante para poder fiscalizar son las denuncia. Trabajamos sobre la base de los recursos humanos y técnicos que tenemos”.
Pero las fiscalizaciones no deben ser sólo por denuncias, deben ser permanentes.
“Sí, hay un plan anual de fiscalización que lo implementamos permanentemente y la segunda línea de trabajo tiene que ver con las denuncias que nos llegan todos los días como Superintendencia. Las denuncias pueden ser presenciales o a través de la página web”.
Ustedes están en una campaña precisamente por los colegios que están fuera de la norma, ¿en qué consiste?
“Es una campaña que se llama ‘Tu Escuela nuestra Escuela’ y que está destinada a defender los derechos que deben tener y conocer los integrantes de la comunidad educativa y está asociada a la clarificación de ciertas exigencias que no se pueden hacer en términos de útiles escolares y uniformes. Para eso estamos desplegando esta campaña a través de la página que tiene la Superintendencia de Educación para que los padres y apoderados sepan cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones al momento de iniciar el año escolar”.
Pero no hay que ponerse una venda en los ojos, los colegios de alguna manera exigen uniformes y útiles determinados. ¿Es una situación muy difícil de controlar para ustedes?
“Es difícil controlar todos los aspectos que involucra el inicio del año escolar y ahí está el llamado a que las comunidades escolares si ven o tienen alguna situación con exigencias que no están permitidas por la ley, hagan la denuncia o la consulta correspondiente para que estemos en conocimiento de esa situación”.
Los colegios tienen reglamentos internos que los hacen prevalecer a veces por sobre las normas del Ministerio de Educación ¿cómo trazan esa línea para que los colegios estén a un lado y no al otro?
“Tenemos claro que cada uno de los establecimientos tiene su reglamento interno donde hay algunas exigencias como el uso de uniforme, pero lo importante es que ese reglamento haya sido acordado por los integrantes de la comunidad educativa y cada uno sabe a qué atenerse, pero ese reglamento interno debe estar acorde a la normativa educacional vigente. Si la ley señala que al estudiante no se le puede devolver a su casa, esa ley tiene que prevalecer por sobre el reglamento interno”.
¿Fiscalizan casos más subjetivos, como daño psicológico cuando al alumno no lo dejan licenciarse por atraso de mensualidades?
“También fiscalizamos eso porque hay algunas medidas en los reglamentos que vulneran la normativa y esos colegios se exponen a sanciones, las que son bastante fuertes, que van de los dos millones de pesos a los 40 millones de pesos, pero tenemos otro tipo de sanciones que pueden significar la revocación del reconocimiento oficial del establecimiento”.
Precisó que el año pasado se realizaron 460 investigaciones a colegios y se aplicaron fuertes multas en algunos casos.