• Se espera que durante esta semana se vote en la Sala de la Cámara de Diputados el proyecto que podría darle un alivio a cientos de familias que han tenido inconvenientes para pagar las mensualidades en los colegios.
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El Día
En la zona son cientos de padres y apoderados que debido a la pandemia y los problemas económicos generados por esta, que no han podido pagar la mensualidad de sus hijos en colegios particulares subvencionados y particulares pagados. La moción fue aprobada en general y particular en la Comisión de Educación y se espera que esta semana se vote en Sala.

Las historias de Leslie Avilés y Verónica Contreras son solo dos testimonios de los cientos de casos de padres y apoderados que por estos días ven con preocupación la situación financiera que mantienen con los colegios donde asisten sus hijos. 

La primera vive en Coquimbo y tiene a sus tres pequeños en el Colegio Francis School, la segunda reside en La Serena y sus dos hijas estudian en el Colegio Sagrados Corazones. Confiesan que la pandemia del coronavirus ha “golpeado fuertemente” el bolsillo de sus familias; pérdida de trabajo y disminución importante de ingresos, respectivamente. 

“En todo este año no he podido pagar la mensualidad, mi marido dejó de trabajar en marzo y en junio recién pudo encontrar algo, pero alcanzó a estar sólo dos semanas porque justo decretaron cuarentena”, relata Avilés. 

La carga emocional no es menor –cuenta- y enfatiza que su calidad de morosa no tiene que ver con “irresponsabilidad” sino con una cuestión excepcional “o comemos o pagamos el colegio, es así de complejo”. 

“Con el tema de la pandemia nos hemos visto muy afligidos, hemos tenido dificultades, mi marido tuvo una reducción importante de sueldo y eso nos ha complicado como familia y el colegio no se ha pronunciado”, agrega Contreras. 

Una situación inédita

Ninguna de las dos pide quedar exentas del pago de la mensualidad, por el contrario, solicitan una reducción o algún mecanismo que les permita “ponerse al día” de acuerdo a la situación de cada familia. 

La apoderada del SS.CC cuenta que sólo ha podido abonar y que al igual que ella hay varios hogares en condiciones idénticas, es por eso que se lo manifestaron al establecimiento por medio de la presidenta de curso, pero la respuesta no “fue buena”. “No pedimos dejar de pagar, pero que se evalúe una reducción, eso nos ayudaría mucho”.

Por su parte, Leslie, quien justamente ostenta ese cargo, pero en el Francis School, relata cómo ha sido ese acercamiento con el centro de padres y directivos, “hicimos la consulta, pero dijeron que no podían rebajar”, aunque destaca que el recinto educacional “no ha cobrado” y ha evaluado algunos casos prestándole apoyo a ciertos estudiantes.

El temor de perder la matrícula

Ninguna de las dos se conoce, pero comparten el temor que sus hijos no puedan continuar en los mismos recintos el próximo año. Y es eso, justamente, lo que quiere evitar el proyecto de ley que prohíbe a los colegios particulares subvencionados y particulares pagados cancelar la matrícula 2021 a aquellos estudiantes que presenten deudas en el contexto de la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria. 

Así lo comenta el diputado de la Región de Coquimbo, Juan Fuenzalida, quien integra –en reemplazo de Jaime Belollio, que fue designado ministro Secretario General de Gobierno- la Comisión de Educación y que el pasado lunes aprobó en general y el jueves en particular la moción. La iniciativa pasó a su votación en la Sala de la Cámara. 

“Con esta iniciativa se establece la obligatoriedad de renovar la matrícula para el 2021 independiente de la situación de morosidad de los apoderados. Esto es sin perjuicio de las facultades que tienen los colegios para tomar medidas flexibles que permitan ayudar a estas familias”, indica. 

Esto último fue lo que se añadió el jueves en la comisión, si bien los colegios estarán obligados por ley a dar continuidad de estudio a sus alumnos, también deberán elaborar planes con medidas extraordinarias que tengan como objeto propender a garantizar la continuidad del proceso educativo. 

Fuenzalida detalla que el énfasis será enfrentar las consecuencias económicas producto de la pandemia. “Eso queda a libertad de los establecimientos, porque siguen manteniendo su autonomía, sólo que deben considerar esta situación excepcional que estamos viviendo”.

El artículo transitorio nuevo expresa que dichos planes o estrategias serán confeccionados por los propios recintos educacionales y tendrán un mes para eso después de publicada la ley. Aquellos alumnos que se acojan a estas medidas asegurarán su continuidad para el 2021 y el colegio no podrá impedir su renovación. 

Respecto al mecanismo que permitiría confirmar una afectación económica por la pandemia, Fuenzalida dice que podría bastar el finiquito o una carpeta tributaria, aunque precisa que hay fechas claras y nadie podría desentenderse de eso.

“A partir de marzo comenzamos a ver las primeras consecuencias económicas y por lo tanto cualquier situación posterior tiene relación con esto y será fácil acreditarlo”, precisa. 

Sobre el futuro de la iniciativa, el diputado dijo que se buscará poner en tabla durante esta semana para que comience así su tramitación constitucional, “nos tocó hacer algunas indicaciones, lo aprobamos el jueves y yo creo que pasará rápidamente por la Cámara y el Senado”. 

Cientos de inquietudes

Para Juan Fuenzalida el tema no es nuevo, hace bastante tiempo que venía recibiendo un sin número de inquietudes de padres, madres y apoderados de la zona que veían con preocupación el avance de los meses, puesto que al llegar diciembre, sin regularizar su situación, tendrían que emigrar a otros recintos. 

Cabe recordar que actualmente la Ley General de Educación establece que no se puede cancelar, durante el año en curso, la matricula a un estudiante debido a una deuda que tenga su padre, madre o apoderado.

“La esencia de este proyecto es darle estabilidad a esos padres y que tengan la garantía de la continuidad de sus hijos en los colegios. En la medida que este sistema se vea presionado podría generar un colapso en el sistema público y eso podría ocasionar una consecuencia mayor”, confiesa. 

 

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