Con trabajo remoto y modalidad de turnos están trabajando los funcionarios públicos de las distintas reparticiones, modificaciones que se han adoptado para enfrentar la propagación del Covid-19 en la región.
La presidenta regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Clara Olivares, comentó que pese a que se han tomado algunas medidas, estas no son suficientes y que existe una preocupación constante por la salud de los trabajadores, pero también por los usuarios que se ven obligados a realizar trámites.
“Hay servicios que siguen con sus atenciones normales y no corresponden a aquellas reparticiones esenciales, la idea es poder implementar otras estrategias porque mientras más gente tengamos circulando más se sobrecargarán los servicios primordiales como los recintos de salud. Es una medida que no entendemos y que responde a un centralismo absoluto porque las decisiones se toman en Santiago sin ninguna visión de lo que pasa en las regiones, yo no sé si es por la desidia o la liviandad con que están tomando esto”, detalló.
La dirigenta comentó que las acciones deben ser más claras y ejemplificó lo que pasó en el Compin del centro de Santiago donde se registró un brote de Covid-19, así como lo ocurrido en la Región de La Araucanía.
“Hemos visto que en otras regiones los servicios públicos han sido focos infecciosos importantes, los que atienden públicos así como las autoridades tienen un compromiso social y esto no puede dar lo mismo, es una situación compleja donde está involucrada la comunidad entera”, añadió.
Flexibilidad laboral
Olivares detalló que servicios como Fonasa continúan trabajando y atendiendo público y que fueron los propios funcionarios los que adoptaron una estrategia para seguir brindando servicios a la población.
“Fonasa está funcionando y los trabajadores tienen turnos y se van rotando, ellos mismos fueron los que dijeron que no estaban en condiciones de cerrar, fue una decisión que ellos adoptaron frente al escenario sanitario por el que pasamos”, recalcó.
También contó que el Registro Civil está con turnos y con accesos limitados para grupos de personas, además el servicio habilitó una App donde se puede solicitar la Cédula de Identidad y luego retirarla de manera presencial. Por su parte, el IPS de La Serena no está funcionando y la única oficina habilitada es la de Coquimbo.
Casos aislados
Respecto a aquellos servicios que continúan con atención presencial –y que a juicio de Olivares podrían realizar un trabajo remoto- se encuentra INDAP con alrededor de 30 funcionarios. También se suma el Serviu y la Tesorería General de la República.
“INDAP regional continua con sus atenciones a pesar que en la dirección nacional se tomaron medidas de protección a los trabajadores, en Santiago donde trabajan 300 hoy hay 7 y aquí hay 30 funcionarios. Entiendo que en una vez que se terminen los pagos a la ejecutora, el Serviu cerrará su atención presencial y harían trabajo de oficina. En el caso de la Tesorería sólo está asistiendo la jefatura. Aquí lo importante es que todos, tanto funcionarios como usuarios somos personas y debemos cuidarnos”, aseveró.
De esta forma la presidenta de la ANEF aseguró que la mayoría de los funcionarios públicos está con modalidad remota, con sus teléfonos vinculados a los de atención, lo mismo sucede con los correos aunque también hace el matiz que hay cierta información confidencial propia de los servicios y que no puede salir de los servidores de las instituciones.
Foco de contagio
Olivares fue categórica al decir que hay trámites que se pueden hacer a través de otras plataformas y que se debe promover esa opción ya que –según comentó- mantener servicios abiertos motivaría al público a trasladarse hasta las distintas oficinas. Además, reflexionó que el público objetivo de las entidades públicas son, justamente, grupos de riesgos como los adultos mayores y pacientes crónicos.
“Son focos de contagio y eso está más que confirmado, tenemos casos en Santiago que se contagiaron en el Compin. Y es de una irresponsabilidad tremenda, porque una persona va a hacer un trámite o una consulta y luego se entera que está contagiado, nadie, nadie garantiza que ese espacio está libre del Covid-19”, indicó.
La líder de la asociación aseguró que los funcionarios y las funcionarias que continúan con sus labores no lo estaría haciendo en condiciones óptimas y que la crisis sanitaria que afecta a cientos de países evidencia aún más las desigualdades.
“Acá los únicos que tienen mascarillas especiales son los militares porque el personal de salud no las tienen mucho menos la gente que atiende a público. Esta crisis ha profundizado y evidenciado cada vez más las desigualdades de la sociedad así como las injusticias”, reflexionó.
La funcionaria dijo que sus colegas están trabajando en precarias condiciones y que si el Gobierno insiste en mantener la atención al público en determinados servicios se deberían adoptar medidas que garanticen su salud.
“Pienso que los funcionarios que siguen trabajando pueden contar con movilización exclusiva, se puede coordinar un bus para el traslado, ellos están conscientes y toman las medidas de precaución pero están con el temor de contagiarse y poner en riesgo a sus familias. Vemos que esas estrategias no están direccionadas hacia la gente sino a las grandes empresas”, explicó.
Sensación permanente
Clara Olivares también profundizó en la presión emocional con la que tienen que trabajar los funcionarios y confesó que los alberga un profundo sentimiento de angustia e incertidumbre por lo que pueda suceder con sus familias.
“Están preocupados por su salud y la de sus familias, porque van y vuelven con temor a contagiarlos. El Gobierno no está cuidando la salud de las personas ni de los usuarios, hay mucho discurso pero que no dice nada, no hay preocupación, nuestro público corresponde a los sectores más vulnerable de la sociedad y el Gobierno no tienen claridad y eso se está proyectando”, manifestó.
Olivares también recordó el escenario social y político con que la pandemia sorprendió al país e hizo hincapié en la baja credibilidad con la que cuentan las autoridades, factor que aumentaría la sensación de angustia.
“Los funcionarios públicos somos los que estamos en contacto con las personas más vulnerables y vemos que son esas las personas que no están siendo protegidas, por qué hacer ir a 30 personas a una oficina que no es esencial, no tiene sentido, es pura soberbia y displicencia. Los funcionarios sienten la falta de cuidado y protección”, cerró.
Situación en el IPS de La Serena
Clara Olivares también contó que si bien el IPS de La Serena está cerrado, los funcionarios está más tranquilos ya que aquellos que habrían tenido contacto con las dos funcionarias que dieron positivo al Covid-19 recibieron los resultados de los exámenes y salieron negativos.
“Lo bueno es que le entregaron los resultados a los funcionarios que habían estado en contacto con las funcionarias contagiadas y salieron negativos y eso nos da cierta tranquilidad”, aseguró.
Respecto al procedimiento que se debería haber realizado en el recinto, como fumigación e higienización, dijo que todavía no se ha dado por la autoridad sanitaria correspondiente.