Impactante caso de bebés cambiados en el hospital de Coquimbo llega a su fin con indemnización a familia
Por Juan Carlos Piz... el Sáb, 28/05/2016 - 10:50
Hace algunas semanas terminó la batalla judicial para la familia Quintana Valdivia, cuyo hijo fue cambiado por el de Tatiana Velozo el 21 de septiembre de 1994, en la maternidad del Hospital San Pablo de Coquimbo. Con esto, el Servicio de Salud deberá indemnizarlos con la suma de 480 millones de pesos. Sin embargo, más allá del triunfo legal, el episodio dejó marcas imborrables en los involucrados las que hasta el día de hoy no han podido ser del todo superadas.
Sus destinos se cruzaron sin que ellos quisieran, y para siempre. Hoy viven, circunstancialmente, muy cerca. Uno en Punta Mira, Coquimbo, y el otro en Sindempart, en la misma comuna. Pero su vínculo va más allá de las distancias físicas y la historia que tiene como protagonistas a los jóvenes Eduardo Quintana Valdivia y Juan Pablo Velozo Velozo, ambos de 22 años, comenzó mucho antes.
El 21 de septiembre de 1994, en la maternidad del Hospital San Pablo, dos mujeres dieron a luz y, producto de una negligencia del personal, sus bebés fueron cambiados por error. Y eran ellos Eduardo y Juan Pablo.
Por una parte, Juan Pablo iba a ser el primogénito de una familia de clase media acomodada, y por otra, Eduardo habría sido el segundo de una familia porteña de extracción sumamente humilde, quien además era el mellizo de otro recién nacido.
Carolina Adelaida Valdivia Castillo y Tatiana Berioska Velozo Velozo son las madres de los hoy jóvenes coquimbanos y quienes, sin saberlo, recibieron a bebés que habían salido de otro vientre. Carolina y su familia se quedaron con el pequeño mellizo, hijo de Tatiana, a quien llamarían Eduardo, y Tatiana cobijó en su pecho al primogénito de Carolina, Juan Pablo. Habían sido cambiados, sin que nadie pudiera percibirlo, en un hecho que prácticamente no tiene precedentes en el país.
Como en una telenovela. Así fue. Era la clásica historia del “niño pobre”, criado por una familia de un pasar acomodado, y como contraparte, “el niño acomodado”, que creció en el seno de un núcleo familiar en condiciones de extrema pobreza.
Pese a que en esta oportunidad no fue posible obtener su testimonio en el 2008, Tatiana Velozo se dejó ver por los medios de comunicación ad portas de presentar una demanda civil contra el Servicio de Salud.
LA VIDA QUE LES TOCÓ. El tiempo pasó, y lo hizo también la vida. Los dos niños crecieron de manera normal, nunca cuestionaron nada ni imaginaron que estaban en el lugar equivocado. Sin embargo, un hecho fortuito permitió que la verdad saliera a la luz.
Fue en el año 2003 -según consigna el diario La Tercera, del 6 de abril del 2008- cuando Juan Pablo Velozo Velozo tenía 9 años y le detectaron una leucemia, cuyo tratamiento tenía un alto costo. Hasta ese momento, Tatiana Velozo se las había arreglado sola y con esfuerzo había podido sacar adelante a sus hijos, sin un padre que los apoyara, pero la coyuntura hizo que requiriera un apoyo económico.
Según consta en el expediente del caso al cual diario El Día tuvo acceso de manera exclusiva, “la señora Tatiana Velozo Velozo decidió demandar a quien creía que era el padre de Juan Pablo y su hermano mellizo, un hombre de nombre Juan Carlos Contreras Romero”. Pero los resultados de los exámenes de ADN fueron una sorpresa: ni Tatiana ni el demandado eran los padres del menor.
Algo andaba mal. ¿Qué había sucedido en el hospital? La respuesta no tardó en venir. Desde el mismo nosocomio de Coquimbo le dijeron que lo más probable era que su hijo hubiese sido cambiado por otro nacido ese mismo día. La mujer no lo podía creer, buscó ayuda en la Corporación de Asistencia Judicial y tras efectuar una demanda, el Primer Juzgado de Letras de Coquimbo ordenó que se ubicara a todas las madres que el día 21 de septiembre de 1994 habían dado a luz en la maternidad del recinto para efectuarles un examen y determinar quién era la verdadera progenitora del pequeño.
“Fue algo muy difícil para la señora Tatiana, yo no sé cómo habrán manejado la situación ahí con el hijo en ese momento, pero lo que yo sé es que ella estuvo con varios problemas en lo psicológico cuando se enteró de la situación. Imagínate”, cuenta un vecino del pasaje Santiago Zavala, en Punta Mira, cuando Diario El Día acudió a buscarla para conocer su testimonio, el cual no fue posible conseguir.
Claro, no todas las familias daban crédito al proceso que se estaba llevando a cabo para encontrar a la verdadera madre de Juan Pablo, y mucho menos querían llevarse una sorpresa, un dolor gratuito. Fue por eso, tal vez, que ni Carolina Valdivia, ni su esposo, Roberto Quintana, de acuerdo a lo consignado en documentos judiciales, quisieron acudir cuando se les notificó en primera instancia que debían someterse el examen, en septiembre del 2007. “Lo que pasa es que tú tienes que entender que no es una situación que vivas todos los días, por eso en un comienzo, cuando te llega una notificación así, aunque tú quieras colaborar, es algo que te hace pensar y cuestionarte muchas cosas, aunque ellos finalmente colaboraron”, relata Reinaldo Villalobos, abogado, quien representó a los Quintana Valdivia en su demanda en contra del Servicio de Salud de Coquimbo.
Cuando se efectuaron el examen, el peor de sus miedos se hizo realidad. Sí, eran ellos, Carolina y Roberto, las personas a las que se quería ubicar, ella era la madre de Juan Pablo. Aquello, no hubiese sido una complicación mayor, claro, si no fuera porque esa verdad indesmentible, implicaba que Eduardo Quintana, a quien ellos habían criado por 14 años, realmente no era su hijo.
La verdad se había conocido. Para Tatiana Velozo también fue duro. Dio curso a una demanda civil en contra del Servicio de Salud exigiendo una indemnización de perjuicios, tal como lo informó diario El Día el 03 de abril del 2008. En la misma publicación se consigna que Velozo “no ha querido tener contacto biológico con los padres de Juan Pablo, para no perturbar a nadie”. Un año más tarde llegaría a un arreglo judicial con el Servicio, recibiendo una compensación económica de 50 millones de pesos.
“Ella (Tatiana) prefirió dejarlo hasta ahí, tal vez la carga emocional que implicaba algo judicial de más largo aliento, no valía la pena, ni para ella ni para el niño”, acota el mismo vecino en Punta Mira, afuera de la casa donde reside Tatiana junto al que crió como su hijo, Juan Pablo Velozo.
Según aseguran desde el Servicio de Salud, hoy las salas de maternidad a nivel regional y los sistemas para cautelar que no se produzcan hechos como este, han mejorado sustancialmente desde 1994.
LA OTRA BATALLA. Pero para la familia Quintana Valdivia esto recién comenzaba. Cuando se enteraron, el mundo se les vino abajo. La mala suerte, la culpa, fueron algunas de las sensaciones que tuvieron.
Hoy pueden decir que han ganado la batalla judicial ya que tras siete años, la Corte de Apelaciones de La Serena resolvió indemnizarlos con la suma de 480 millones de pesos. 150 para la madre, y una suma similar para el padre y el menor afectado, más otros 30 millones para el hijo menor de la familia, por el daño moral causado.
A Carolina Valdivia también la ubicamos. En Sindempart, acababa de volver de Buenos Aires junto a su esposo, Rodrigo Quintana.
Cuando le dijimos que éramos de un medio de comunicación se mostró nerviosa y prefirió no reabrir heridas. No quiso hacer declaraciones, aunque reconoce que no hay dinero en el mundo que mitigue lo que a ellos, sobre todo a su hijo, les tocó vivir.
Y es que las dificultades vinieron enseguida. Primero, aceptar la realidad, y luego, los asuntos legales para poder tener éxito en la demanda civil.
“El daño producto de este mal proceder fue muy grande. La familia se destruyó en un momento. Roberto Quintana perdió su trabajo, cayó en una depresión, Carolina también, y para qué decir Eduardo (el joven) quien en ese momento era menor de edad. Imagínate enterarte de que quienes creen que eran tus padres, al menos en lo biológico, no lo eran. La sensación de desarraigo que se puede producir en un adolescente que está creciendo es muy grande, afortunadamente ellos han sabido salir adelante, pero todo lo que tuvieron que vivir, creo que no hay compensación económica que lo remedie”, sostiene Reinaldo Villalobos, abogado demandante.
El profesional considera que la sentencia recientemente dictada y que debe ser cancelada en los próximos 40 días, corresponde. Con ello, al menos en lo legal, la particular historia, aquella novelesca, llena de intrigas y malos ratos para dos familias, debería terminarse, aunque las huellas siempre estarán. Las heridas podrán cerrar, pero quedan las cicatrices.
Sin embargo, se puede vivir, y después de tan duro golpe, ser feliz. El drama de estas personas da cuenta de aquello. Hoy, se conocen, tratan de apoyarse y tanto Eduardo Quintana Valdivia como Juan Pablo Velozo intentan salir adelante. Estudian y el primero de ellos está próximo a ser padre.
La historia de ambos ha demostrado que aunque el camino a veces se ponga cuesta arriba, o la existencia cambie de un segundo a otro, y por un momento el futuro se vislumbre completamente oscuro, siempre es posible doblarle la mano al destino.
Fue en el antiguo hospital de Coquimbo donde comenzó la historia de estas dos familias cuyos destinos se cruzaron.
SENTENCIA SIN APELACIÓN
••• Consultados, en el Consejo de Defensa del Estado, quienes fueron los defensores del Servicio de Salud de Coquimbo durante el proceso judicial, fueron categóricos al señalar que este fallo era el definitivo. “No habrá apelación a la sentencia. Aquí lo único que cabía era un Recurso de Casación pero el Consejo estimó que no había argumentos para recurrir a este recurso”, señalaron, agregando que “en este momento se está en el proceso de clarificar la ejecución de la forma de pago. Se está tasando el crédito y tasando las costas. El fallo de segunda instancia, que en la suma es la sentencia definitiva que se determinó, señala que son 150 millones de pesos para el padre, otros 150 millones para la madre, otros 150 millones para el menor y 30 millones para el hermano. En total son 480 millones de pesos”.
SERVICIO DE SALUD:
“HOY NO OCURRIRÍA ALGO ASÍ”
••• El director del Servicio de Salud de Coquimbo, Ernesto Jorquera, lamentó lo sucedido con ambas familias, y en relación a la sentencia que los obliga a pagar la millonaria indemnización precisó que no tenían opción, pese a que significara una gran merma en cuanto a su presupuesto. “En los fallos de los tribunales nosotros no tenemos muchas facultades, debemos cumplir, más allá de los dineros. Esto no nos gusta como resultado, porque nos genera una complicación, pero lo que tenemos que hacer es ver cómo cumplimos con el fallo”, precisó.
En relación a por qué esto pudo llegar a producirse, dando lugar a todo lo que vino después e interviniendo de manera tan potente en la vida de dos familias, indicó que “fue un error muy grande, del que hoy nos haremos responsables como servicio. Sin embargo, lo que yo te puedo decir es que las cosas han cambiado sustancialmente. Lo que sucedió, que te insisto, es lamentable, pasó hace más de 20 años, y hoy día, gracias a los métodos que se utilizan, producto también de lecciones aprendidas, es poco probable que suceda un evento de estas características”, indicó.
MOMENTO CLAVE DE LA VIDA
••• Cuando ambas familias se enteraron de la verdad nada volvió a ser lo mismo. Inevitablemente, se produciría un daño psicológico, tanto en los niños como en los demás integrantes. Se estaban dando cuenta de que habían vivido en una realidad que no era tal, y que ya no había vuelta atrás. En este sentido, los más perjudicados serían ellos, los dos adolescentes quienes se encontraban en una etapa crucial de su desarrollo emocional cuando experimentaron el duro golpe. Así lo explica la psicóloga infanto juvenil de la Universidad Católica del Norte, Marisol Urrutia. “Claro, esta etapa de la vida entre los 14 y 17 es un momento de la vida en que las personas van formando su identidad y el enterarse en este periodo de que al parecer, la familia que yo conocía, el entorno que yo conocía no era el mío, claro que puede provocar efectos importantes, en su desarrollo. Aunque siempre depende de las características de cada persona el cómo se enfrentan estas situaciones”, manifestó Urrutia.
Y para los padres el golpe no sería menor. De hecho, en este caso, ambas mujeres estuvieron en tratamiento psicológico, y en el caso del esposo de Carolina Valdivia, Roberto Quintana, llegó a perder su fuente laboral debido a una depresión. “Para ellos, por más que ya hayan sido adultos, también implica un daño que es irreparable. Puede generarse un cuadro depresivo el cual en la mayoría de los casos requiere un tratamiento porque genera dificultades en la vida diaria. De hecho, en este caso entiendo que las generó”, precisó la profesional.
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