“El proceso constituyente no forma parte de las prioridades que hoy necesita el país”

Este próximo 25 de octubre se desarrollará el plebiscito en que los chilenos decidirán si aprueban o rechazan una nueva constitución.

Un escenario en que el diputado Juan M. Fuenzalida reiteró que la creación de una nueva Constitución no estaba dentro de las prioridades que requiere el país como tampoco la instalación de un Congreso paralelo, en que existirán 155 nuevos constituyentes con un costo que bordea los $2.700 millones.

“Con la situación económica actual que atraviesa el país producto de la pandemia, no es necesario una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución. Siempre he apoyado reformar esta Carta Magna. Pero, eso se hace desde el Congreso. Además, hay que hablar con claridad y transparencia a la ciudadanía, ya que los candidatos para una Asamblea Constituyente los van a colocar los partidos políticos. Recordemos que en esta instancia también se pueden hacer pactos políticos que impedirán que los independientes lleguen a esta Asamblea. La izquierda tiene que hablar con transparencia a la ciudadanía”.

“En el actual escenario no se justifica un gasto de $2700 millones, considerando que esos recursos se deben ocupar en los más necesitados”, Juan Manuel Fuenzalida, diputado UDI

En la oportunidad el parlamentario sostuvo que rechaza la ilegitimidad de origen, ya que esta Constitución fue ratificada por el ex Presidente Ricardo Lagos como también por su gabinete, y en que “a la izquierda no le gusta su contenido, molestando temas como la libertad individual, la familia y los grupos intermedios, que constituyen el núcleo de la sociedad y están concentrados en esta carta fundamental”.

Fuenzalida al referirse al tema del diagnóstico señala que este también se encuentra errado, ya que las políticas públicas son las que garantizan los derechos sociales y no al revés, los derechos sociales no dependen de la Constitución.

“Revisemos lo que ha pasado con la Constitución alemana, colombiana o venezolana. Mejorar nuestra calidad de vida dependen de las políticas públicas que podamos generar dentro de la institucionalidad existente y no de redactar una nueva constitución; políticas y leyes que deben estar centradas, por ejemplo, en legislar por mejores sueldos como pensiones, educación y salud pública de calidad, entre otros”. 

Por último, el legislador afirma que Chile es un país que cambió, pero también el contexto, desde octubre a la fecha, nos convirtió un país más pobre, con más desempleo y menos inversión.

“En el actual escenario no se justifica un gasto de $2700 millones, considerando que esos recursos se deben ocupar en los más necesitados, como también recuperar el empleo y las pymes, que forman parte de las prioridades que necesita nuestra gente y el país”.