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El Día
Pese a que existe un acuerdo para una nueva Constitución y se discuten otras materias en el marco de la Agenda Social del Presidente Piñera, en una comparativa entre lo que se tenía antes del estallido social y lo que se ha conseguido, diferentes actores coinciden en que las medidas del Ejecutivo no apuntan al fondo del problema del país, por los que la gente ha salido a las calles, que tienen que ver con cambios estructurales. Se le habría dado más urgencia a los proyectos que buscan restablecer el orden público, lo que no solucionaría el conflicto, de hecho, podría agudizarlo.

Hoy se cumplen 48 días desde el estallido social, y las movilizaciones continúan a lo largo del país. Pese a que descolgados han generado lamentables hechos de violencia y cometido delitos bajo el paraguas de las protestas, las demandas de la ciudadanía siguen siendo la motivación de la mayoría que sale a las calles, pese a que en las últimas semanas lo hacen en menor cantidad, precisamente porque han visto en riesgo su seguridad.

Muchos pensaron que tras el Acuerdo por la Paz y la Constitución en la que los parlamentarios anunciaron que se realizaría un plebiscito para cambiar la carta fundamental, las aguas se aquietarían, sin embargo, nada de ello ocurrió. ¿Por qué? Para el sociólogo de la Universidad Central Nicolás Pérez, la respuesta es clara. “Esto no era sólo un tema de Constitución, el tema es ensanchar los caminos hacia la justicia social y encauzar la ruta para equilibrar la balanza con los sectores que históricamente han sido marginados”, expuso el profesional.

En esa línea, cree que “ni el Gobierno ni la clase política han estado a la altura” y se estarían enfocando más en restablecer el orden público para que la gente deje de marchar antes que dar soluciones. “La Agenda Social que se anunció es bastante mezquina y no logra ser coherente, desde la percepción ciudadana con las demandas que se han ido planteando en estos 48 días”, enfatizó.

¿Constitución a medias?

Pero vamos punto por punto. ¿Qué ha hecho el Gobierno respecto a las demandas más emblemáticas?, ¿qué tanto ha avanzado en relación a lo que exige la ciudadanía? Respecto al cambio de Constitución, pareciera ser el ítem en el que más “éxito” han tenido los manifestantes que desde el mismo 18 de octubre exigían una Asamblea Constituyente. Esto, podría verse como un triunfo, sin embargo, para el profesor, magíster en democracia y gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid, Eduardo Marín esto ha sido a medias. “Creo que esta gran demanda se cumplió, pero de una manera parcial. Es positivo que exista un acuerdo político inicial, pero lo que ha venido después es precisamente lo que el movimiento social critica, que se entrampen en discusiones como las cuotas, y los cálculos instrumentales, por tanto, esto se ha procesado de forma muy poco fluida lo que no da garantías de nada finalmente”, precisó Marín.

Pese a todo, reconoce que fue un gran logro instalar el tema, pero el verdadero triunfo del movimiento se vería cuando, a partir de una nueva carta magna, devengan los cambios estructurales. “Si no hay cambios en el modelo, esto no tiene sentido y hasta ahora un actor clave como el presidente no ha dado luces de ningún cambio en esa línea”, manifestó, agregando que todas las medidas tomadas hasta ahora, “van en el sentido de desmovilizar a las personas”.

Las pensiones

Otra de las demandas fundamentales del movimiento social es cambiar el sistema de pensiones, y la abolición de las AFP es una solicitud que viene desde hace años. Ahora, en el contexto de las manifestaciones, ha vuelto a estar sobre la mesa y también es uno de los puntos de la agenda social que el Gobierno ha priorizado, pero de igual forma, sin tocar el modelo, ni mucho menos modificar el sistema de capitalización individual. Si bien hay un reconocimiento de que el dinero que reciben los adultos mayores es bajo, la solución del ejecutivo se basa en un incremento gradual de los montos, por rango etario, lo que tampoco obedece a lo pide la calle.

El asesor previsional, Pedro Prado Moreno, pone el acento en lo mismo, y asegura que el Gobierno se ha “hecho el sordo” en este tema. “Aquí hay un tema fuertemente ideológico, porque se intentan dar soluciones, pero sin tocar el modelo neoliberal, y lo que la gente pide es precisamente eso. Hay que pensar que con este modelo, nuestros ahorros están en manos de extranjeros, en manos de empresas transnacionales, y eso no quiere decir que el trabajador reciba réditos por eso”, explica Prado.

También cree que las medidas que se han tomado son sólo para tratar de calmar a la población. “Lo que dicen los defensores de las AFP, es que a la luz del día puede probarse de que generan mucha plata, pero no para nosotros. Las AFP están financiando a las grandes empresas que nos están explotando los grandes recursos sin pagar impuesto por traer capital. Entonces, ¿vamos a seguir avalando eso?”, cuestiona el experto.

Salario mínimo

“Nadie puede vivir con 300 mil pesos mensuales. La gente quiere dignidad”, con estas palabras, la dirigente social, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de La Serena, Patricia Véliz, describe la realidad actual de quienes perciben el sueldo mínimo, uno de los puntos por los que más se ha alzado la voz. El Gobierno ha escuchado y anunció que en su agenda social se contemplaba un aumento que llegaría a los $350 mil. Tras discusiones con la oposición hoy se discute si podría ascender a los $430 mil líquidos, con una serie de condicionantes. “Se trata de un avance, pero yo creo que en algún momento esto tiene que avanzar y llegar a los 500 mil líquidos para que la gente pueda subsistir, aunque yo valoro que se trabaje en aquello”, indica Véliz.

Para el economista de la Universidad de Chile Luis Henríquez, hay que ser cauto para no provocar un desajuste en la economía. “Lo ideal es que el sueldo de un trabajador sea lo equivalente a su productividad asociada. Si un trabajador hoy día está rindiendo un equivalente a 500 mil pesos o más debiese recibir una remuneración acorde a la generación de valor agregado. Pero también hay que ponerse en el plano de que si pagamos un sueldo mayor a lo que se produce, esto puede ser un autogol en el mediano plazo (…) Duplicar el sueldo mínimo, no es viable tan fácilmente porque hay muchos sectores donde la productividad de la mano de obra es muy bajo”, explicó.  

Equilibrar la balanza

Henríquez asocia la remuneración a la productividad y en ese sentido piensa que en el estado actual de las cosas, la balanza es desigual. “Es un poco arriesgado decirlo, pero por ejemplo si tú vas a una consulta médica en el área preventiva, del control de las personas, de repente te atienden en cinco minutos, y estás pagando 45 mil pesos la hora. Y eso tiene que ver con la posición de poder que tienen algunos médicos en el área de la Salud, donde por la falta de médicos terminas pagando más. Entonces, si nosotros en la economía regulamos mejor donde hay excesos de pagos en función de la productividad, la brecha de sueldos debería disminuir, y no sólo los médicos, hay una serie de empleos que generan poco y gana demasiado. Eso hay que cambiar, pero es a mediano o largo plazo”, aseveró.

Rebaja de las dietas

Y si se habla de brechas salariales las más cuestionadas eran las remuneraciones de los parlamentarios. En este caso, también hubo “un gesto” e hicieron en cuestión de días lo que en años no habían podido concretar. Se rebajaron un 50% de su dieta hasta que en aproximadamente dos meses el Banco Central en una comisión decida en cuánto quedará fijado su sueldo. “Esto tiene que ver más con lo simbólico. Es positivo que se haga y que se dé esta señal, pero no va a cambiar el grado de desigualdad que tiene este país”, indicó el profesor Eduardo Marín.

Delitos de cuello y corbata

El que luego de que se cometieran millonarios delitos económicos, por parte de grandes empresarios y esto sólo fueran “condenados” a clases se ética, la ciudadanía sin duda incrementó su indignación. Les pareció impresentable que se les diera esta salida alternativa a personas, tomando en cuenta que aquello no pasa en todos los casos. Esta desigualdad ante la ley y sensación de impunidad es algo con lo que la gente quiere terminar y lo ha expresado durante las manifestaciones.

En esta línea hay silencio. Nadie se ha pronunciado respecto a reformas legales que sancionen de manera más severa los delitos económicos como las evasiones tributarias o las colusiones que afectan directamente el bolsillo de la gente común y corriente. El abogado penalista Carlo Silva, ha seguido de cerca el estallido social, y le llama la atención que cuando la gente está hablando de terminar con la desigualdad, no haya una propuesta de nadie respecto a esta materia que tanta rabia ha generado. “Se entiende el descontento social en estos términos, pero no hay propuestas. Aquí, lo que se tendría que hacer es modificar el código penal, porque una persona que realiza un fraude, una persona que soborna a otra persona, alguien que emite una boleta ideológicamente falsa está cometiendo delitos que están regulados, están establecidos, pero el código penal es muy blando en estos ilícitos”, sostiene Silva.

Pero hay inequidad. Claro, quien comete estos hechos puede acceder a penas sustitutivas al presidio efectivo si no tiene antecedentes, o bien tener la posibilidad de que el fiscal aplique la suspensión condicional del procedimiento, lo que, según Silva, no es para todos. “Los casos que más han indignado a la gente, han sido estos, en los que ni siquiera ha existido una condena, y son mandados a realizar clases de ética, etc. Esto es una suspensión condicional, que se puede dar cuando la persona se declara responsable del hecho, y antes de llegar a una condena el Ministerio Público toma la decisión de ofrecer esta salida que significa que ‘no te condeno sino que te dejo con ciertas condiciones por un periodo de tiempo’. Es como decir, ‘te investigué, eres culpable, pero aun así te beneficio con esto’ que no implica condena, que no ensucia los papeles, que no te inhabilita para nada. El problema es que en la práctica esta suspensión condicional no es para todos, lo digo por experiencia. Yo he estado en miles de casos de personas comunes en la que el fiscal me dice, no, no te voy a dar la suspensión condicional, pese a cumplir los requisitos, eso no se entiende. Por qué para algunos sí, y para otros no”, relata el abogado.

“Salud digna”

“El problema de la Salud Pública estalló viene desde hace años, antes del estallido social”, consigna Rubén Quezada, presidente regional del Colegio Médico quien ve cómo el Gobierno no da soluciones concretas para fortalecer el sector público. “Esto es grave. En los hospitales tenemos un desfinanciamiento crónico que trasciende los gobiernos. Los hospitales llevan mucho tiempo funcionando con recursos que son insuficientes. Sin embargo, por una medida administrativa que trató de contener la deuda hospitalaria se frenó la capacidad de compra o endeudamiento de los hospitales generando la limitación en la adquisición de insumos, lo que generó dificultades mayores para trabajar”, detalló Quezada.

Y cuando vieron el presupuesto en Salud para el año 2020, en el sector se sintieron aún más decepcionados. “Vimos que había un aumento, que era el menor en los últimos cinco años, entonces en ese contexto, el Colegio comenzó las movilizaciones que siguen hasta ahora, porque hoy día existe un sistema de salud para ricos, y un sistema para pobres”, indicó el dirigente.

Respecto a los anuncios presidenciales, no lo satisfacen, ni a él ni a su gremio, ya que, asegura, “la agenda social no toca temas estructurales que mejorarían todo el sistema de salud, sino más bien están enfocadas en reducir el gasto de bolsillo a través de la compra traspasando recursos públicos a entes privados”, insistió, agregando que, siente algo de impotencia al ver que tras 48 días no se están escuchando las demandas en su fondo. “Se está poniendo dinero, pero lo que se está pidiendo es una restructuración del sistema que permita garantizar el derecho a la salud”, aseveró el presidente regional del Colegio Médico.

¿Y la Educación?

Respecto al tema educación poco se ha escuchado. Pese a que en años anteriores como en el 2006 y en el 2011 fue el alma mater de las movilizaciones, esta vez no ha estado presente en el debate con tanta fuerza, pese a que se discute en el congreso la posibilidad de reprogramar las condiciones para deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que tiene a jóvenes pagando a la banca incluso tres veces el valor real de sus carreras.

Pero el cuestionamiento es el mismo, según el exdirigente estudiantil y actual profesor de Historia, Matías Espinosa, no existe una visión integral en relación a los cambios que demanda el movimiento social. “Se han intentado hacer cambios, con algunas leyes que han prosperado, otras no, por lo mismo hoy día no creo que ningún cambio real va a prosperar mientras no se modifique la Constitución. Se pueden generar nuevos beneficios, mejorar la infraestructura, pero si no cambia la lógica actual, el tema sigue igual. La idea es que las escuelas sean espacios comunes donde conviva la sociedad, donde los niños ricos estudien con los niños pobres, los rubios con los negros y eso no se ve en el corto plazo, porque hay un tema ideológico de por medio”, concluyó Espinosa.

El diagnóstico

El diagnóstico al menos de quienes fueron entrevistados en este reportaje es categórico. Pese a que ha transcurrido más de un mes y medio, todavía no hay un anuncio de un cambio estructural que satisfaga plenamente las demandas ciudadanas y las medidas decretadas estarían centradas a “calmar las aguas”, antes que todo. Pero habría un contra sentido, puesto que mientras, por un lado, se intenta que la población deje de manifestarse puesto que en la actualidad, prácticamente todas las marchas culminan con violencia, “por otra parte se instalan anuncios que tienen que ver con el orden y la seguridad pública a la que se le da más importancia en la opinión pública que los cambios de fondo. Y además, agitan todavía más los ánimos”, finaliza el sociólogo de la Universidad Central, Nicolás Pérez.

 

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