Marcelo Drago: “Todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública”

Marcelo Drago, consejero para la Transparencia, en conversación con El Día dio cuenta de las funciones y el rol que cumple dicho consejo en nuestro país, tras una ley que entró en vigencia hace ocho años.

El profesional mencionó que la entidad que representa lo conforman cuatro consejeros que permanecen en sus cargos durante seis años, siendo los encargados de garantizar, velar y promover la transparencia y el acceso a la información.

Al respecto informó que “la Ley de Transparencia señala que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, a solicitar cualquier documento que esté en manos del Estado, en cualquier formato, una imagen, un papel, un video, una grabación de audio y si se le deniega la información o no se la entregan dentro de los plazos o emitiendo una información que no correspondía o el órgano alega alguna causal de secreto de la información que no correspondía aplicar en ese caso, la ciudadanía puede acudir al Consejo para la transparencia y nosotros vamos a garantizar ese derecho".

"Esa es la transparencia pasiva y también está la transparencia activa que es la información que está permanentemente a disposición del público en las páginas web de los órganos, donde hay muchísima información de cada uno de los sectores del Estado. Las contrataciones, todos los funcionarios con sus remuneraciones la que tiene que estar mensualmente actualizada y nosotros fiscalizamos eso, para eso tenemos dientes, no es un órgano que solamente actúe en base a buenas intenciones , tenemos facultades para fiscalizar y  para sancionar a los responsables cuando no se entrega la información, cuando se deniega sin justificación o cuando no se tiene a disposición en los estándares y peridiosicdad como corresponde”.

- ¿Cuál ha sido el comportamiento de los municipios en cuanto a transparentar su información?

“Los municipios han hecho un esfuerzo importante por mantener la transparencia y cumplir con la ley. Acá los órganos a los que más se les demanda información son las municipalidades de La Serena, de Coquimbo y el Servicio de Salud y dentro de los municipios los que mejor cumplen dentro de transparencia activa, que están a disposición del público son la municipalidad de La Serena, de Coquimbo y la de Vicuña, ellos están en buenos estándares, un 92%, 86% y 85%.

Después tenemos municipios rezagados como Punitaqui, Monte Patria, Salamanca que están con bajos cumplimientos y para eso estamos renovando un convenio de colaboración, un modelo de gestión municipal en materia de transparencia donde los apoyamos, les damos herramientas y les hacemos seguimiento para que puedan cumplir con los estándares de la ley. A los municipios más pequeños no queremos dejarlos solos y no queremos que se las arreglen solos, ellos tratan de cumplir, pero tienen limitaciones en materia de recursos, de personal y estos modelos de gestión los ayudan a salir adelante”.

- Hay bastantes casos donde la información es entregada incompleta o no es entregada simplemente, ¿A qué obedece esto?

“Lo que pasa es que la ley establece una serie de causales de excepción. Causales tan importantes como el interés nacional o la seguridad nacional a lo que recurren generalmente las Fuerzas Armadas cuando tratan de negar una información. En el caso de los municipios a veces son los volúmenes de información que están involucrados, se piden documentos como varios años de colillas de remuneraciones o los últimos diez años de un funcionario, pero esa información tan masiva muchas veces los municipios no logran responder a tiempo y los plazos de la ley son 20 días hábiles, relativamente cortos.

Ahora, los municipios generalmente terminan cumpliendo y nosotros tenemos etapas de conciliación intermedia para facilitar eso, no esperamos la resolución final diciendo que se acoge o rechaza un amparo, tratamos que esto se resuelva antes. La gente tiene la información antes y los municipios se evitan el reproche de haber perdido un recurso de amparo ante el consejo para la transparencia, pero cuando no resulta nosotros tomamos la decisión y los municipios están obligados a cumplir y si no lo cumplen se abren sumarios y tienen sanciones y a nosotros no nos tiembla la mano a la hora de sancionar cuando no se cumple”.

- Generalmente los periodistas estamos, los medios de comunicación recurren a estas herramientas, ¿pero qué pasa con el común de la gente, cómo lo debe hacer para requerir una información?

“Los periodistas son nuestros clientes habituales, pero una persona normal, dentro de las que tenemos muchas dueñas de casa que piden información, tenemos estudios que dicen que son una buena parte de ellas de clase media que pide información sobre subsidios del Estado, beneficios de distintas naturaleza a los cuales recurrir. Qué es lo que tiene que hacer. Existe el portal para la transparencia  al cual pueden acceder y a través de ese portal ubican a la municipalidad o el servicio público del cual quieren pedir la información y ubica dentro de ese portal el servicio público y solicita la información. Tiene que estar siempre asociado a documentos o a un soporte, no es una información genérica es específica y no se pueden entregar antecedentes de salud, dirección personal, el RUT, antecedentes más personales”.

TRANSPARENCIA EN TELA DE JUICIO

- La transparencia se ha puesto en tela de juicio por los actos de corrupción en el país, ¿cómo actúan ustedes frente a estos actos de corrupción como en Carabineros por ejemplo?

“El país ha pasado por la más grave crisis en materia de probidad y corrupción quizás de los últimos 20 años y en eso el Consejo para la Transparencia ha jugado un rol proponiendo caminos a seguir y soluciones en distintos ámbitos. Nosotros estamos preocupados por lo que pasa en las Fuerzas Armadas, para nosotros no es nuevo, hemos recibido permanentemente y ha aumentado a través de los años, los reclamos en contra de información no entregada por las Fuerzas Armadas y hemos visto que sistemáticamente han aumentado los casos en que se alega la seguridad nacional para no entregar la información en materias que nos son de seguridad nacional.

Si es materia de seguridad nacional, nosotros somos los primeros en señalar que debe resguardarse esa información, pero no puede servir de excusa para no entregar información que corresponde a la ciudadanía. Hace poco, por ejemplo, Carabineros se negaba a entregar la dotación total a nivel nacional y nosotros les dijimos que no, que eso no afectaba en nada a la seguridad nacional. Cuestión distinta es por ejemplo, la dotación de un retén de Carabineros que está en una zona fronteriza, donde sabemos que es un canal de tráfico de droga y cuestiones de esa materia, donde sí saber cuántos Carabineros hay  sí puede afectar la seguridad nacional y el interés nacional”.

- La corrupción no es sólo en las Fuerzas Armadas, ya es transversal, ¿cómo se justifica la existencia de un estamento como el que usted representa cuando el 85% de los chilenos piensa que la corrupción queda impune en el país?

“Se justifica mucho más aún. Nosotros tenemos estudios que señalan que cuando la ciudadanía se ha expuesto a este sistema del acceso a la información, así como usted ha solicitado información, se le ha respondido o cuando no se le ha respondido ha recurrido al Consejo para la transparencia, ese ciudadano tiene niveles de confianza en el sector público mucho mayores  que el ciudadano que nunca ha conocido este sistema y no ha estado involucrado en este proceso. Por eso nosotros creemos que el acceso a la información pública es una herramienta importante para recobrar la confianza ciudadana frente al Estado. Lo importante es que la gente lo conozca y recurra cuando lo requiera y nosotros estamos para garantizar que sea así. Ahora, no hay balas de plata para matar la corrupción.

No hay un solo mecanismo ni una sola herramienta que diga que definitivamente con esto vamos a sacarlo de la faz de la tierra, eso no existe. Después de la crisis se promovieron una serie de normativas para combatir la corrupción que a mi juicio son bien positivas: El nuevo sistema del financiamiento en las campañas; las condiciones nuevas de campañas electorales más acotadas; la autonomía del Servel y una de las cosas más importantes a mi juicio  es el nuevo sistema de declaraciones de patrimonio e intereses. Eso tiene un estándar, a nuestro juicio,  de clase mundial. En muy poco tiempo más de 60 mil declaraciones realizadas por distintas autoridades y funcionarios públicos de las cuales cerca de 20 mil son públicas. Esa información es bastante completa y detallada y no era así en el estándar anterior”.

MALA IMPRESIÓN CIUDADANA

- Si bien no existe una bala de plata, como dice usted, para solucionar la corrupción, ¿cuál es la visión que tienen ustedes para bajar estas estadísticas que existen y bajar la mala impresión que tiene la ciudadanía?

“El combate es múltiple, son todos los medios de lucha como se decía en otras épocas. Se ha avanzado mucho en el sector público con la declaración de intereses de patrimonio, las nuevas reglas electorales y también se están agravando los delitos de soborno y cohecho, son materias importantes y ayudan muchísimos”.

- Lo que entró fuerte en política.

“Así es, usted lo ha dicho, pero existe el otro lado de la moneda que es el sector privado y justamente por el soborno y el cohecho en el sector privado es importante implementar y difundir una cultura de transparencia. Cuando un funcionario público comete cohecho hay un privado que lo está sobornando, el que está sacando provecho, beneficiándose de esa decisión torcida del Estado producto de su soborno y hoy día las sanciones a eso son bastante más bajas. Pero muchas veces se persigue al privado que pasó el maletín con el dinero y detrás de él hay una empresa que se beneficia, una ley torcida con un subsidio que no se le ha entregado, por una regulación mal hecha y esa empresa es una personalidad jurídica que tiene que tener responsabilidades como tal. Por eso es que tiene que profundizarse en materia de soborno y cohecho.

Hay que extenderla a materia de libre de competencia, a materias ambientales, a otros ámbitos para que sean las empresas las que paguen. En lo privado, si usted va a un banco y necesita un crédito y los requisitos son más o menos, pero si le pasa una comisión al funcionario bancario para que le facilite el crédito, eso no es nada hoy día, no es un delito, no recibe sanción ni un reproche. Eso no puede ser, porque la transparencia tiene que ser una en el sector público y en el privado”.

LA COLUSIÓN

- ¿Y qué participación tienen ustedes en el caso de la colusión donde también implican casos de corrupción?

“Eso es de responsabilidad de la Fiscalía nacional Económica y de los tribunales que están para eso”.

. ¿Ustedes no tienen ninguna herramienta?

“No, porque nosotros velamos por el acceso a la información en el sector público, eso es materia estrictamente entre privados, pero yo estoy de acuerdo con usted, esto no se trata solamente del sector público. Ahí donde hay niveles de corrupción importantísimos tiene que ser sancionados con los más altos estándares. Y en eso la agenda que se aprobó en los años anteriores incluyó la penalización de la colusión como delito penal y de otras infracciones a la libre competencia, cuestión que antes no existía porque el país no tenía las herramientas como para investigar estas situaciones y llevarlas a los tribunales, hoy día estas herramientas existen y la Fiscalía Nacional Económica es un organismo mucho más empoderado. Y este mecanismo de delación compensada, donde si yo confieso, por eso hemos conocido los casos de colusión todos han sido en base a la confesión de alguien, la auto denuncia, como el caso de la CMPC”.

- Pero es porque la ley le otorga garantías al auto denunciarse, de lo contrario obviamente no lo harían.

“Exactamente, pero eso permitió conocer esos casos y es un mecanismo que sirve, pero eso no implica que no tenga ninguna responsabilidad penal nadie después de eso, eso no puede ser, y se aprobó la penalización de esto y creo que es una base importante, pero el sector privado tiene mucho que decir en esto y tenemos que liberar las regulaciones”.