Más del 90% de los apoderados no enviaría a sus hijos a clases presenciales el primer semestre

Ayer finalizó el receso de invierno de los escolares adelantado por el gobierno producto de la pandemia. Una vuelta que en principio sería presencial, pero producto de las condiciones sanitarias se modificó manteniendo para este lunes las clases virtuales.

De esa forma desde el Mineduc anunciaron que la vuelta presencial sería gradual, comenzaría durante mayo y sería combinando la modalidad presencial y la virtual.

Una opinión que gran parte de la ciudadanía rechazaría de acuerdo a los resultados de una encuesta aplicada por la  Asociación Chilena de Municipalidades la que indica que un 96,3% no enviaría a sus hijos a clases durante todo el primer semestre de este año, un 55,7% que quizás lo haría durante el año, mientras que un 37,8% no los enviaría por todo el 2020.

“Es un instrumento que uno le permite tener mayor convicción sobre las decisiones que hemos tomado” expresó el presidente regional de la AChM y alcalde de Vicuña, Rafael Vera.

Agregó que entiende que deben cumplirse programas educativos, sin embargo cree que pueden buscarse otras fechas para ello “tenemos la convicción en este momento de que los niños no pueden volver a clases porque efectivamente eso va a significar la posibilidad del contagio de ellos”.

Por otro lado el presidente comunal del Colegio de Profesores de La Serena, Mario Sánchez, indicó que “esta encuesta viene a ratificar lo que nosotros veníamos estado planteando desde hace tiempo como gremio, es irrisorio pretender que las personas arriesguen la integridad física, la salud de su gente enviándola a clases. El Gobierno pretende asegurar una cierta normalidad que para la gente no está garantizada, no existe, por lo tanto eso se refleja en el nivel de rechazo de las medidas del Gobierno sobre este tema”.

Para el dirigente el sistema educativo que existe en el país es considerado por los sostenedores de los recintos como un bien de consumo y no un derecho garantizado, por lo que, en muchos casos los sostenedores privilegiaban sus intereses económicos por sobre el bienestar de la comunidad educativa.

“La educación es un servicio social por lo que pone en el centro a la persona y en ese sentido es que nosotros vamos a rechazar permanentemente la vuelta a clases en condiciones que no sean las adecuadas para garantizar la salud de las personas que son los estudiantes, apoderados y la gente que trabaja ahí” agregó Sánchez.