• Foto: Andrea Cantillanes
Los funcionarios públicos transitaron por las principales avenidas de la capital regional, en apoyo a la solicitud de un reajuste de un 7,5%, muy lejos del del 2,9% ofrecido por el gobierno en la mesa de negociación. Usuarios aseguraron no saber del paro, lo que generó molestia en las personas, aunque valoraron turnos éticos en ciertas entidades como el Registro Civil

Lucía Díaz G.

Rodrigo Solís A.

La señora Marcela Márquez no estaba enterada del paro, y cuando le dijeron lo que ocurría, por poco regresa a su casa. Sin embargo, su intención era efectuar un trámite en el Registro Civil, el que estaba funcionando con turnos éticos pese a la paralización nacional convocada por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef),  en apoyo a la solicitud de un reajuste de un  7,5% al sector público, muy lejos del 2,9% ofrecido por el gobierno en la mesa de negociación.

Bien poco de esto entendía la señora Marcela; sin embargo, se fue contenta a su casa aunque sorprendida. "Por un lado fue bueno, porque había muy poca gente y pude hacer lo que me correspondía muy rápidamente. Pero yo creo que mucha gente no tenía idea de lo que pasaba y se tuvieron que devolver a sus casas", comentó.

Muy distinto es lo que ocurría en las afueras de las dependencias de Fonasa, donde mucha gente tuvo que retornar a sus hogares o simplemente ver frustrados sus trámites. Sólo al ver el letrero "en paro" comprendieron lo que ocurría. Es lo que le pasó a Patricia Castillo, quien desde las Compañías viajó hasta el centro para hacer una serie de trámites que eran urgentes. "No tenía la menor idea. Me da rabia y creo que aunque la gente tiene derecho a manifestarse, los principales perjudicados somos nosotros, las personas, que perdemos tiempo y muchas veces no podemos seguir esperando".

En el consultorio Emilio Schaffhauser ocurrió algo similar. Sólo los adultos mayores podían recibir sus remedios, ya que la atención al público estaba cerrada. "No tenía idea. Una lata. Siempre la gente es la más perjudicada y uno necesita que lo atiendan", comentó Arturo Marín, quien sufría algunas molestias propias de su avanzada edad. Similar situación ocurrió en colegios que adhirieron a esta causa.

En paralelo, por las principales calles de la ciudad de La Serena, cerca de 2 mil manifestantes se dirigieron hasta el corazón de la ciudad.

Los funcionarios  públicos de la región transitaron con lienzos y pancartas en apoyo al paro nacional que busca mejorar las condiciones laborales y el reajuste salarial.

Una vez reunidos en el frontis del Gobierno Regional, Clara Olivares, presidenta de la Anef Coquimbo, señaló que “esta movilización se realizó para dar una fuerza de unidad entre los trabajadores”, recalcando que “gracias a nuestro esfuerzo, este país se ha hecho grande”.

Rodeada por los dirigentes de los distintos gremios del sector público, como la CUT, Colegio de Profesores, Junji, Confusam, Aneiich, Anffos, entre otros, Olivares afirmó que “nuestra pelea es por tener condiciones dignas de trabajo, por lo tanto vamos a volver a nuestras labores sólo sí mañana el ministro de Hacienda nos entrega una oferta acorde a nuestras peticiones”.

En tanto, anunció que “vamos a denunciar a todos los agentes de servicio que sacaron los letreros y abrieron sus puertas. Frente a las dudas de quienes son parte del movimiento, les informamos a los directores de colegios y servicios, que estamos todos los funcionarios en paro”.

Ante la presencia de algunos políticos en la marcha, aprovechó de aclarar que esta es una movilización exclusivamente de trabajadores, por lo que “tuvimos que pedirles a los candidatos que se retiraran y les decimos que hagan política en los espacios que corresponden”

En esta misma línea, Jaime Ramírez, presidente provincial de la CUT Elqui, sostuvo que “el intento de los partidos políticos por manejar las organizaciones sindicales no es algo nuevo. Les recordamos que independiente de la militancia política nos reunimos aquí por nuestros derechos”.

Luego de hacer un positivo balance de la convocatoria de la marcha, Mario Sánchez, presidente comunal del Colegio de Profesores, contó que “hoy estamos con los empleados fiscales, pero estamos evaluando hacer nuestra propia movilización con el fin de poner en el tapete el tema del encasillamiento de la carrera docente, el que no se ajusta a la realidad que se da en cada escuela y liceo”.

Para finalizar, Alonso Díaz, dirigente del Sindicato de Trabajadores Asistentes de la Educación de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, señaló que “de un total de 45 colegios que tenemos en la región, el 80 por ciento están aquí en la marcha y cada vez que nos convoquen estaremos luchando por el bienestar de nuestra gente”.

Esperan comprensión

En tanto, desde el Gobierno indicaron que la adhesión al paro llegó al 25%, y reconocieron que aunque entienden las demandas de los funcionarios, esperan comprensión debido a la situación económica chilena y mundial. El seremi de Gobierno, Bernardo Salinas, señaló a El Día que "comprendemos sus demandas y aspiraciones, pero pedimos que exista comprensión, porque hemos tenido una serie de catástrofes naturales que nos han complicado como país, al igual que la situación de la reconstrucción", señaló la autoridad, cuando al mediodía de hoy el catastro realizado llegaba a cerca de 6.600 funcionarios.

Salinas afirmó que "un 2,9% de reajuste es una propuesta realista, responsable, además estamos trabajando en una serie de reformas importantes. Siempre nos gustaría acercarnos a las cifras que nos proponen los funcionarios públicos; sin embargo, llamamos a la mirada realista. Esto no es terquedad. Son justas sus demandas, pero tenemos un presupuesto muy ajustado de cara al próximo año. Las catástrofes también han significado un gran esfuerzo. De hecho, 143 mil millones han sido invertidos en la reconstrucción en la Región de Coquimbo. Por eso, es importante considerar la realidad", acotó la autoridad.

Sin embargo, desde la perspectiva del gobierno, señalan que han realizado un importante esfuerzo fiscal en materia laboral en el sector público. Entre el 11 de marzo 2014 y el 13 de septiembre 2016 la agenda legislativa suma 33 leyes aprobadas que representan un esfuerzo fiscal sin precedentes y que al año 2019 comprometen más de $973.519 millones (0,59% del PIB). Adrmás, se encuentran en trámite legislativo otras 12 iniciativas y, en los próximos meses, se agregarán no menos de cuatro proyectos de ley como resultado de acuerdos alcanzados con asociaciones de diferentes servicios públicos. 3801i

 

 

 

 

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