Contralor regional bajo la lupa de oficialistas por supuesto sesgo político

El reciente informe emanado desde la Contraloría General de la República, en el cual deja sin efecto la compra del terreno para el nuevo hospital de Coquimbo, remeció a las autoridades regionales puesto que se trata de un “anhelado proyecto para la comunidad”.

El documento, que establece observaciones no subsanadas en el proceso administrativo, está bajo la lupa, pero no sólo eso sino que también han cobrado fuerza las críticas al desempeño del contralor, Hugo Segovia, ya que tendría un trato diferenciador con las gestiones realizadas por personeros oficialistas.

Así lo manifestaron los diputados de la coalición Chile Vamos, Sergio Gahona (UDI) y Juan Manuel Fuenzalida (UDI), quienes denunciaron sesgo político y una clara intención “obstruccionista” de Segovia, escudándose en un “legalismo extremo” para frenar iniciativas esenciales.

Sin irregularidad

La intendenta Lucía Pinto explicó esta semana que siguen avanzando hacia el proceso de licitación de este proyecto, que no retrasarán el compromiso de dotar la región con más infraestructura hospitalaria y que el equipo jurídico del Gobierno Regional está trabajando para corregir lo observado e ingresar una resolución que autorice la compra “en el menor tiempo posible”.

Además, fue tajante al decir que no hubo “irregularidad” y que tiene la “certeza jurídica” de haber actuado cumpliendo la ley.

Entre las observaciones no subsanadas por el GORE –según la Contraloría- estaría la justificación por trato directo del paño de 6 hectáreas ubicado en el sector de La Cantera, por el cual se pagó poco más de 6 mil millones de pesos, indicando que hubo “falta de cuidado y resguardo de los recursos públicos”.

¿Imparcialidad?

Esta frase caló hondo y fue, entre otros motivos, la que llevó a los parlamentario a levantar la voz puesto que aseguran que el contralor midió con una vara distinta la entrega de cajas de alimentos en algunos municipios.

“En el tema de las cajas de alimentos el contralor se preocupó de ir a fiscalizar municipalidades pequeñas y no las más grandes, que sabemos que son las que tienen más dificultades administrativas”, dijo Gahona.

Esto, a raíz de una serie de denuncias interpuestas ante el órgano donde se cuestiona la entrega de insumos en la comuna de La Higuera utilizando el logo del Proyecto Minero-Portuario Dominga.

Fue en ese contexto que la Contraloría  Regional solicitó a la casa edilicia, liderada por el alcalde UDI, Yerko Galleguillos, “abstenerse” de aportes provenientes de la Compañía Andes Iron, dueña del proyecto.

El edil precisó que frente a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus varias empresas, de manera voluntaria, han aportado con artículos para ir en ayuda de la comunidad. Mientras que el órgano indicó que esta acción “podría mermar la debida imparcialidad” en el cumplimiento de la función consultiva.

Sin embargo, el concejal de Vicuña, Cristián Pinto (RN) relata que es “curiosa” la celeridad del contralor en algunos casos, puesto que entre el 2019 y 2020 ha denunciado una serie de “irregularidades” en el municipio a manos del PDC, sin embargo, “no actúa con el mismo rigor”.

“Me llama la atención esta actitud cuando se trata de investigaciones que incluye a autoridades de la exNueva Mayoría (…) yo aquí veo una cuestión política y por qué no de favores políticos”, arremetió.

Pinto cuenta que la única respuesta favorable que ha recibido por parte del órgano fiscalizador tiene relación con una acusación contra el director del SECPLAN, el exseremi de Medio Ambiente, Eduardo Fuentealba.

“Acusé un doble sueldo del exseremi (PDC), pero la Contraloría sólo indagó los últimos meses y notificó que debía devolver esos recursos (…) hasta el momento no he recibido ningún documento que acredite un cumplimiento”, agrega. Además, asegura que hubo desprolijidad en la entrega de las cajas de mercadería y que se repartieron “sin mirar a quién”.

Los cuestionamientos sobre el actuar “político” del contralor no son nuevos, de hecho, en el 2014 cuando ostentaba el mismo cargo, pero en la Región de Arica y Parinacota, el diario La Segunda publicó un artículo titulado “¿Intendente con “escudo de protección” en la Contraloría Regional?” poniendo en jaque la independencia de Segovia ante una serie de despidos que realizó el intendente de esa época, ya que su esposa, Gladys Sáez Salazar, era la jefa de gabinete de la máxima autoridad regional designada por la presidenta Michelle Bachelet en su segundo mandato.

Emilio Rodríguez, exjefe regional de Arica y Parinacota, no militaba en ningún partido político cuando aceptó el puesto, sin embargo, en aquella época La Estrella de Arica lo catalogó como de “centro izquierda”.

En la Región de Coquimbo ha trascendido que la esposa del contralor estaría postulando a un cargo de elección popular y que sería apoyada por algún partido de la exNueva Mayoría, en este caso por el PPD.

El Día se contactó con la presidenta regional de la colectividad, no obstante, al cierre de esta edición no hubo respuesta, por lo que se desconoce cuál es la relación partidista.

Cabe recordar que Sáez no es nueva en la política, fue gobernadora provincial de Cauquenes, justamente, en el primer periodo de Michelle Bachelet, por lo que el trascendido tiene, en cierta medida, sustento.