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El Día
Por primera vez y en exclusiva habla el abogado de Inversiones Mercado S.A, propietarios del inmueble, y aseguran que tuvieron que seguir con el traspaso de los terrenos porque el alcalde Marcelo Pereira nunca les hizo una propuesta concreta. A su vez, llaman al edil a “no generar expectativas irreales” en los locatarios. Del otro lado, desde la casa edilicia porteña anunciaron que intentarán declarar ilegal la venta realizada del recinto hace 15 años, de lo contrario, el desalojo es inminente. Se acabó el “guante blanco”.

Durante la mañana de ayer se escribió un nuevo capítulo de la “lucha por salvaguardar” el Mercado Municipal de Coquimbo. A eso de las 11:40 de la mañana llegaron hasta el frontis del histórico edificio porteño, autoridades comunales e integrantes del consejo regional, además de locatarios para informar sobre los lineamientos a seguir frente al adverso escenario en el que se encuentran, ad portas de ser desalojados del lugar propiedad de un privado quien pretende ejecutar un proyecto inmobiliario en donde se encuentra emplazado el mercado. 

Cuesta arriba

La situación es compleja, y aquello lo admitió quien ha liderado esta campaña a favor del mercado, el actual edil coquimbano Marcelo Pereira. Resulta que en las últimas semanas, quien era dueño de los terrenos y compró el mercado municipal en el año 2004 bajo el mandato del exedil Pedro Velásquez, el empresario Jorge Rubio, se habría “bajado de las negociaciones” que estaba sosteniendo con Pereira para retrasar el desalojo del lugar. 

Esto abrió una nueva arista en el caso, la que implicaría prácticamente comenzar de cero para llegar a una solución en favor de los locatarios y trabajadores del recinto. Con Rubio -pareja de Cecilia Ponce, exsecretaria municipal recientemente jubilada- se habían logrado ciertos acuerdos, sin embargo el empresario no podía soslayar el hecho de que ya existía un compromiso firmado de venta del mercado con otra compañía que tiene un proyecto inmobiliario aprobado prácticamente en su totalidad para su construcción. 

La salida, para anular este compromiso, era que el municipio o algún ente, pagaran a la empresa una indemnización por alrededor de 500 millones de pesos, antes de que comenzara el traspaso legal del terreno para su demolición. Nadie canceló este monto por lo que ya está en trámite, y Jorge Rubio y su empresa Inversiones Mercado S.A, no tienen demasiado margen de acción ya que deben cumplir con el comprador, entre otras cosas con el compromiso de entregar el lugar sin los locatarios. 

Duplicidad de roles

Pero desde el municipio piensan que todavía tienen posibilidades. Pereira, lamentó lo ocurrido con Jorge Rubio y lo acusó de romper el acuerdo que tenían. “Ahora me dice que tenemos que conversar con la empresa que compró el terreno municipal, y efectivamente, hemos tratado de comunicarnos en forma reiterada con el nuevo dueño, y no me han contestado”, manifestó el edil de la comuna Puerto, durante la conferencia de prensa, en la que emplazó a esta compañía a que le contestara los llamados. 

Junto con ello, junto a las demás autoridades presentaron un informe jurídico sobre cómo se había producido la venta inicial de los terrenos, desde el municipio a los privados, durante la alcaldía de  Pedro Velásquez. El encargado de leer parte de las conclusiones fue el representante de los 16 locatarios del mercado, Patricio Basaure, quien afirmó que existía una duplicidad de roles al momento de vender el mercado en el 2004 por lo que la venta habría sido ilegal. Además, le quitó toda responsabilidad de la venta a los concejales de la época, sindicando como único responsable al actual diputado Velásquez.

“En el año 2004 él (Velásquez) pidió mediante el concejo municipal que esto fuera enajenado, solicitando que se vendiera por la cifra de 450 millones de pesos, pero esta venta no ocurrió porque no hubo postulantes. Hasta ahí llega la responsabilidad de los concejales, porque después, el alcalde de ese tiempo lleva a remate el mercado por un valor mucho menor ($310 millones)”, indicó Basaure.

Y aquí habría otra “irregularidad”, ya que les parece sospechoso que la publicación del remate haya aparecido en el diario un día viernes, y que el día lunes existiera un solo comprador, quien finalmente se quedó con la propiedad. “Pero habría otra irregularidad más, que en el momento del remate, este recinto contaba con un embargo, ahí caemos en otra situación ilegal ya que posteriormente dos días después, se baja este embargo y esto queda finiquitado”, reclama Basaure. 

Con estos antecedentes, y la asesoría del departamento jurídico de la Municipalidad de Coquimbo, los locatarios solicitarán la Nulidad de Derecho Público, recurso que no tiene prescripción y con el que pretenden anular, en base a su ilegalidad, la venta que realizó en el 2004 el alcalde de la época Pedro Velásquez.

Ello lo ratifica el edil Pereira quien califica tanto la duplicidad de roles, como el hecho de que el terreno haya sido rematado con un orden de embargo, como “agravantes graves gravísimas”, por lo que van a apoyar toda acción de los afectados. “Queremos que sientan nuestro apoyo, y el apoyo transversal que hay tanto de los concejales como de los consejeros regionales”, manifestó. 

Reevaluar estudios

Además de la acción legal de la nulidad, el edil manifestó que solicitará en la Seremía de transportes que se reevalúe la autorización de construcción de estacionamientos en el sector, “ya que van a generar un impacto negativo en la congestión vehicular, en un centro que ya está congestionado”, manifestó Pereira. 

¿Por qué la nulidad de la venta?

El encargado del departamento jurídico del Municipio de Coquimbo, Claudio García explicó por qué optarán por la vía legal de solicitar la nulidad de la venta. Aseveró, tal como Basaure, que este recurso, era posible debido a las ilegalidades que habían existido.

“Partamos de la base que la finalidad de la compra de este inmueble tenía el de ser un mercado municipal, pero en el año 1992 se solicita la inscripción de algo que ya estaba inscrito, lo que no tiene ningún sentido jurídico, estos hechos van a ser objeto de análisis más profundos, pero están a disposición para las acciones legales que se estimen pertinentes”, precisó el abogado. 

En concreto, en este escenario, los pasos a seguir serían que los locatarios demanden al propio municipio por la venta “ilegal” o “irregular” ocurrida el años 2004, en donde había una doble inscripción generándose una duplicidad de roles, y además una orden de embargo cuando fue comprada. 

Empresa rompe el silencio

Durante años han guardado silencio. Desde la empresa Inversiones Mercado S.A, el abogado de la compañía de Jorge Rubio, Eugenio Cortés, enfatizó en que no había ninguna ilegalidad ni en el proyecto inmobiliario que pretende desarrollarse, ni tampoco en la venta efectuada en el 2004, por lo que llamó al alcalde, concejales, y consejeros regionales a ser prudentes y no crear falsas en los locatarios. 

En primer término, descartó que la edificación que construirá la otra empresa se trate sólo de un estacionamiento, tal como se aseveró en la conferencia de prensa de ayer al mediodía. “Se trata de un centro comercial, una suerte de Strip Center, con salas de comercio, y por supuesto que estacionamientos incluidos, pero no son sólo estacionamientos”, aclaró el abogado. 

Manifestó que el proyecto ya estaba aprobado, y que existía una dualidad de discursos entre lo que dice el alcalde y lo que manifiestan en la Dirección de Obras Municipal. “El alcalde dice que no está aprobado, pero sólo existen algunas observaciones menores, sin ninguna trascendencia”. 

Respecto a lo jurídico, Cortés manifestó que existían 17 juicios, “de los cuales 3 estarían con la fuerza pública para un desalojar ya decretado, 4 más que están a punto de salir, y el resto que está en la misma instancia, sólo con trámites pendientes”, expresó, agregando que aquí no ha existido ninguna irregularidad, sino que se ha puesto término a los contratos de arrendamiento a los locatarios “por la sencilla razón de que dejaron de pagar las rentas.

Entonces, esto no es un tema público, sino que es un tema privado que arrienda una propiedad, estos arrendatarios no pagan, y por lo tanto se les pide quedevuelvan los terrenos. No es más que eso. Claro, el alcalde ha hecho ciertas ofertas por los medios de comunicación, pero hasta ahora no hay nada concreto”, sostuvo. 

Cortés expresó que efectivamente el edil se había reunido con el empresario Jorge Rubio y le había manifestado que contaba con los recursos para comprar el mercado, que habían sido aprobados por el Gobierno Regional, “sin embargo nosotros fuimos muy claros, hicimos las averiguaciones respectivas y eso no es efectivo, entonces no sé qué pretende el alcalde, puede haber algo político también. No lo sé, pero desde el punto de vista privado, esto va siguiendo su curso normal”. 

En relación al planteamiento de anular la venta del mercado municipal, el abogado no le ve futuro jurídicamente, ya que no era la primera vez que se hacía.

“En su momento lo realizó Evelyn Matthei, ella efectuó una demanda de nulidad de derecho público, pero esa demanda no prosperó. A nuestro juicio, conuna persona que compró hace más de una década de buena fe, aquí hay instituciones que amparan, y una de esas instituciones es la prescripción”, indicó. 

Por último, en relación a que Rubio haya roto acuerdos, precisó que no sería tal, y que se habría dejado de reunir con el alcalde, porque éste nunca fue con una propuesta concreta y los plazos se cumplieron. “Creo que el alcalde está generando expectativas irreales en las personas,  lo que no es serio”, precisó. 

Voz disidente en el concejo

Pese a que se pensaba que en el concejo municipal había un consenso general respecto al resguardo del mercado municipal como patrimonio de la comuna, han surgido voces disidentes. El integrante del cuerpo colegiado Mario Burlé, enfatiza en que se trata de un problema entre privados, y además “sería una aberración gastar 1300 millones de pesos un edificio que no vale nada, porque cualquier cosa que se requiera hacer hay que demolerlo. No es prudente gastar ese dinero por el capricho de 15 personas que además han estado años lucrando ahí sin pagar arriendo”, precisó. 

Puso en duda el carácter patrimonial del recinto. “Este lugar siempre ha sido de comercio. Sólo tiene un carácter de histórico porque durante algún tiempo se realizaron los concejos municipales, pero nada más”.

 

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