Supuesta "ilegalidad" de nuevas notarías lleva a presentar recursos ante la Contraloría

El conflicto está declarado y no da tregua. Desde la Asociación de Notarios de la Región de Coquimbo, sumándose a las distintas acciones que han realizado sus pares a nivel nacional, anunciaron que este viernes presentarán un reclamo ante la Contraloría para que se declare nulo el decreto 1515 con el cual el Ministerio de Justicia pretende crear 101 nuevas plazas para notarías. De ellas, cinco se instalarían en la zona: Dos para La Serena, dos para Coquimbo y una en la comuna de Ovalle. 

De acuerdo a lo manifestado por el presidente de la agrupación a nivel local, el notario Sergio Yaber, el mandato ministerial que el titular de la cartera, Jaime Campos, firmó el pasado primero de agosto “estaría totalmente viciado, ya que incurre en una serie de ilegalidades que no se pueden pasar por alto”. 

Claro, en primera instancia, el profesional hace alusión al artículo 400 del Código Orgánico de Tribunales, en el cual se habría basado el ministro para autorizar las nuevas plazas, y que establece que la creación podrá realizarse en una comuna o agrupación de comunas que constituyan territorio jurisdiccional de un juzgado civil, sólo si previo a eso se cuenta con un informe anterior de la Corte de Apelaciones respectiva, cosa que, según Yaber, no ocurrió en el Tribunal de Alzada de La Serena, donde los ministros, si bien autorizaron nuevas notarías, no lo hicieron en los términos que posteriormente se conocieron.

“Aquí se emitió un informe desde la Corte para que se creara una notaría en La Serena, una más en Coquimbo y una más en Ovalle, y hubo un voto disidente que dijo que podrían crearse dos más en La Serena y dos más en Coquimbo. Finalmente, el ministro le hizo caso al voto minoritario y eso, nosotros estimamos, que no es un informe favorable”, sostuvo Sergio Yaber. 

Expresó que agotarán todas las instancias para que la eventual implementación de las nuevas notarías se lleve a cabo “mediante un proceso legal”, ya que, asegura Yaber, la vulneración del artículo 400 no es lo único que se estaría pasando a llevar, ya que Justicia tampoco tendría la facultad de fusionar cargos, como lo estaría haciendo en otros lugares de Chile.

“Hay que tener en cuenta que existe un decreto anterior del Ministerio de Justicia, que es el 924-81, que regula la organización y el funcionamiento de la cartera y donde se delega al ministro la facultad para otorgar este tipo de cargos, pero según la norma del código orgánico el ministro no puede fusionar los cargos, y en el nuevo mandato se establece que hay varios que se crean fusionados”, manifestó.

SUPUESTA INCONSTITUCIONALIDAD

 Pero, de acuerdo a lo expresado por la asociación de notarios, incluso si la Contraloría hiciera otra interpretación y no se tomara en cuenta el artículo 400 del Código Orgánico para declarar la ilegalidad del decreto ministerial, se podría apelar a la inconstitucionalidad de éste. Claro, existe un principio de supremacía constitucional que impediría al ministro designar estos cargos por decreto luego de las modificaciones que se le hicieron a la Carta Fundamental el año 2006. 

“La última reforma constitucional habría derogado tácitamente el artículo 400 del código de tribunales, porque se estableció que todos los cargos públicos deben crearse por ley por iniciativa propia del Presidente de la República. Esta norma, al estar en la Constitución, se impone al Código Orgánico de Tribunales”, precisó Yaber.

CONTROVERSIA PARA LARGO

La controversia no es nueva y al parecer tiene para largo. Y es que fue a fines de julio cuando el ministro de Justicia Jaime Campos anunció que se crearían 101 nuevas plazas para notarios, conservadores y archiveros, y de inmediato hubo cuestionamientos tanto por parte de la asociación de notarios como también de parlamentarios de oposición, quienes calificaron como “sospechoso” el hecho que los “nombramientos beneficiaran a personas cercanas al Gobierno”, señalaron. 

Y las críticas no vinieron sólo desde la oposición, en términos políticos. Desde el Poder Judicial, a través del ministro Milton Juica, la Corte Suprema hizo pública su molestia por el decreto, ya que, aseguró, el pleno del máximo tribunal sólo conoció de este proyecto con posterioridad sin poder pronunciarse “ante la importante creación de número de notarios en el país”.

El diputado (UDI) Sergio Gahona es uno de los que desde un comienzo ha manifestado su rechazo a la creación de las nuevas plazas de notarías, no porque piense que no son necesarias, sino porque le parece que el proceder de Justicia no ha sido el indicado. 

“Mi cuestionamiento está en las presiones por parte del ministro de Justicia para que se nombren más de 100 notarios en todo Chile, lo que no había pasado nunca en la historia, y justo cuando un Gobierno termina y no va a continuar la misma coalición”, sostuvo Gahona.

Y por lo mismo, decidió, tal como lo está haciendo la asociación de notarios, presentar un requerimiento al contralor general de la República, en este caso, para declarar nulo el concurso de aspirantes que ya está corriendo y conseguir con esto que se suspenda el proceso administrativo mientras los requerimientos que se han efectuado ante la Contraloría no estén resueltos. 

“Creemos que no se ha respetado a la propia Corte de Apelaciones. Ellos presentaron un informe que hablaba sólo de una notaría para La Serena, una para Coquimbo y una para Ovalle, y lo que hace el ministro de Justicia es duplicar e ir en contra de la voluntad de la Corte”, expresa el parlamentario. 

COMISIÓN INVESTIGADORA

Pero la eventual ilegalidad del decreto y el proceso no sólo serán revisados a nivel administrativo por la Contraloría. Y es que durante este mes, con 49 votos a favor, se aprobó la solicitud de las bancadas UDI y RN para instaurar en la Cámara de Diputados una comisión investigadora que esclarezca cómo se gestó y bajo qué argumentos el ministro Campos ordenó la creación de las 101 nuevas plazas. 

“A esta comisión se ha invitado al presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, el ministro Jaime Franco, y se va a investigar y dar cuenta que el decreto que hizo el ministro de Justicia está absolutamente viciado, es absolutamente ilegal”, manifestó Sergio Gahona.

El también parlamentario por la región, Matías Walker, indicó que igualmente será integrante de la comisión investigadora a solicitud de su bancada. “Vamos a investigar si realmente se justifica la creación de las notarías y en caso que sea así, que el proceso de nombramiento de los futuros notarios y conservadores se haga con la máxima transparencia sin que se beneficie a ningún integrante del actual Gobierno”, sostuvo. 

Pero, ¿qué pasa si la comisión concluye que no se justifican estas plazas? Según Walker, en ese escenario entonces se debería dar una nueva discusión en el Congreso, para determinar cómo se van a nombrar estos cargos. “En ese contexto lo que nosotros queremos es que estos procesos se hagan por ley, que se discuta la pertinencia, la condición geográfica, económica. Hay que dar garantías de que el proceso se haga de la manera más transparente”, aseveró. 

El artículo 400 del Código Orgánico, en el que se basó el decreto

dictado por el ministro, es cuestionado por los notarios.

ACUSAN FALTA DE ELEMENTOS TÉCNICOS

Tanto a nivel parlamentario como por parte de la Asociación de Notarios aseguran también que el estudio para saber si era necesario contar con las nuevas notarías careció de elementos técnicos. “Aquí no se tuvieron en cuenta factores económicos, geográficos, demográficos,  que acreditaran en su justa medida la creación de notarios, y esto a nivel nacional, no sólo regional porque se tomó en cuenta una serie de factores proyectados hacia el 2020 sin siquiera tener las cifras del último censo”, indica Sergio Yaber. 

MINISTRO INSISTE EN LEGALIDAD DEL PROCESO

Pese a los cuestionamientos, en sus distintas apariciones públicas, el ministro de Justicia Jaime Campos ha insistido en la legalidad y necesidad de crear nuevas notarías en el país. Durante una de sus últimas visitas a la región, aseguró en entrevista con Radio Mistral que no era él quien finalmente hacía las ternas definitivas.

“Las ternas las hace la Corte de Apelaciones. Mi razonamiento fue que las notarías eran insuficientes y para permitir que la ciudadanía acceda de manera más rápida a ese tipo de servicios”, manifestó a comienzos de septiembre. 

Además, aseguró que todo se realizó de acuerdo a la normativa vigente y que tanto los notarios como la oposición estarían intentando salvaguardar sus propios intereses. “El Código Orgánico de Tribunales dice que para crear nuevos notarios se requiere autorización de las Cortes de Apelaciones respectivas y yo pedí esos informes, pero el escándalo lo provocan los actuales notarios y conservadores. Porque aquí se están afectando los intereses de ellos, eso es evidente, se achica la torta”, sostuvo en su minuto Jaime Campos. 

SEREMI DESCARTA SER ASPIRANTE

El proceso ha estado cargado de polémica y la Región de Coquimbo no ha escapado a esta realidad, sobre todo luego que se conociera el listado de aspirantes al cargo de notario y en él apareciera el actual seremi de Justicia de la zona, Carlos Galleguillos, hecho que fue cuestionado por Sergio Gahona. “Me llama la atención que en la Región esté postulando el seremi de Justicia a una notaría. Siento que se le podría beneficiar, y un seremi de Justicia no puede postular a una notaría ejerciendo el cargo”, expresó. 

Quien también hizo sus descargos por esta situación fue el exseremi de Justicia Gregorio Rodríguez. “Me parecería altamente incompatible que el representante del ministro de Justicia en la Región estuviese postulando a un cargo que finalmente elige el ministro de Justicia, pero no me parece extraño viendo los antecedentes que tiene el sector del cual estamos hablando. Esto es algo totalmente natural para la Nueva Mayoría”, criticó quien fuera autoridad durante el Gobierno de Sebastián Piñera. 

Consultado, Carlos Galleguillos aseguró que no es postulante. Y claro, según la información que pudo recabar El Día, en algún momento habría pensado en ser notario, por lo mismo, sus intenciones habrían sido dejar la seremía. Sin embargo, esto no llegó a puerto. 

“Lo único que puedo responder es que yo no soy postulante a ningún cargo de designación pública en estos momentos. Sigo en mi función, no he renunciado y si no lo he hecho, mal podría yo postular a alguna instancia ajena a la del Ministerio. A lo único que estoy postulando es a terminar este cargo y una vez que eso pase, la decisión que he tomado con mi familia es retirarme de la vida pública y dedicarme a mi profesión”, aseguró. 

A LA ESPERA

Así las cosas, se está a la espera de lo que diga la Contraloría y la comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Por lo pronto, uno de los procesos más controversiales en la última etapa del actual gobierno continúa su curso.