Resurge polémica por presidencia del CORE

Un verdadero terremoto es el que se produjo al interior del Consejo Regional, CORE, luego que durante la última sesión de este organismo, sus miembros se enteraron que el consejero Marco Antonio Sulantay, UDI, había recurrido a la Contraloría Regional para que ésta se pronuncie referente a la votación en la que no le fue aceptada la renuncia a la actual presidenta Adriana Peñafiel.

En general los consejeros reconocen que al enterarse de esto se descolocaron, puesto que entendían que todo ya había sido zanjado y que Peñafiel terminaría su período como presidenta del organismo. Aunque algunos consejeros de oposición precisan que es “una pelea entre la UDI y RN”, que tenían un acuerdo de compartir la presidencia del Consejo Regional y este no se pudo materializar luego que los consejeros UDI no se pudieron de acuerdo para votar en un mismo sentido.

De todas formas, la presidenta del CORE, Adriana Peñafiel, se mostró tranquila frente al requerimiento que se le hizo a la Contraloría, pero reconoció que se sorprendió cuando le fue comunicado por parte del ente contralor el martes recién pasado.

“Estas son cosas propias de los movimientos políticos”, dijo al ser consultada para reconocer posteriormente que “por supuesto que fue sorpresivo, ya está presentado y hay que ver el tenor de lo que señaló (Sulantay) y esto me llegó a mí recién ayer (martes) en la tarde esta presentación que me enviaron desde la Contraloría”.

"Estoy tranquila, no tengo mayores problemas y por supuesto que me tomó por sorpresa”. Adriana Peñafiel, presidenta del CORE.

Consultada si podría haber un vicio en la votación, como lo plantea en el requerimiento Marco Antonio Sulantay, Peñafiel señala que “estoy tranquila, si el tema de acuerdo a los reglamentos y según los procedimientos establecidos está bien hecho. Estoy tranquila, no tengo mayores problemas y por supuesto que me tomó por sorpresa, pero en fin, hay que responder nomás. He procedido de acuerdo según fueron todos los acuerdos del momento”, precisa.

Al precisarle que en el requerimiento que el consejero Sulantay hace al ente contralor, expone sus reparos y dudas respecto de la votación del 14 de mayo del presente año, Peñafiel indica que “ese es su planteamiento, que difiere del procedimiento que se establece de acuerdo a  al reglamento y a la ley”.

Mencionó que el documento en que la Contraloría pide antecedentes al Consejo Regional fue recepcionado y que lo responderá la abogada y secretaria del CORE y que todos los consejeros regionales estaban en conocimiento de esto.

El origen

Las diferencias por la presidencia del Consejo Regional, CORE, surgen a partir de la elección para presidir el cuerpo colegiado, donde los partidos oficialistas Unión Demócrata Independiente, UDI y Renovación Nacional, RN, acordaron que se dividirían en períodos el cargo, asumiendo el primer año Adriana Peñafiel, RN, la que renunciaría para que asumiera esa presidencia un consejero UDI.

Esto ocurrió tal como estaba acordado y Peñafiel a un año de su presidencia presentó la renuncia. Sin embargo, los consejeros regionales de la UDI no fueron capaces de ponerse de acuerdo en quién presidiría el cuerpo colegiado y el martes 14 de mayo, cuando se votó para aceptarle la renuncia a Adriana Peñafiel, la consejera Paola Cortés, quien también aspiraba a ocupar el cargo (el otro aspirante era Marco Antonio Sulantay), se abstuvo en la votación, por lo que no hubo quórum para aceptar la renuncia de Peñafiel y ésta continuó como presidenta del organismo.

Posteriormente Peñafiel dijo que no volvería a renunciar considerando la falta de seriedad de los consejeros UDI y porque planteó que ella había cumplido con los acuerdos establecidos.

A la Contraloría

En la última sesión del Consejo Regional, realizada el pasado martes 09 de julio, llegó un documento al organismo por parte de la Contraloría,  que contenía un requerimiento de Marco Antonio Sulantay para que el órgano contralor se manifestara referente a la votación del día martes 14 de mayo, indicando que en el fondo dicho escrutinio podría estar al margen de la norma.

Por lo anterior, el contralor Hugo Segovia, solicita al CORE un informe.

“Habría que ver qué es lo que va a dictaminar la Contraloría para ver cuáles son los pasos a seguir”. Cristian Rondanelli, consejero regional.

En parte de la solicitud hecha por el consejero Marco Antonio Sulantay a la Contraloría señala que  una vez conocidos los resultados de la votación “y según consta en el acta 701 de fecha 14 de mayo de 2019 la secretaria ejecutiva señala ‘no habiéndose aprobado por el quórum’, agregando que ‘no habiéndose aprobado por el quórum correspondiente la renuncia ha sido rechazada, usted sigue en sus funciones (indicándole a la presidenta) hasta que de nuevo pueda presentar la renuncia’. Luego de un momento de comentarios e incluso de reconteo de votos, la secretaria ejecutiva complementa lo indicado anteriormente, señalando que ‘tenemos un quórum de 8 consejeros de 16 presentes, de manera que no se ha producido un quórum legal que es la mayoría absoluta de ellos, que significan 9, de manera que la renuncia no ha sido aprobada. La señorita presidenta en ejercicio continúa en tal cargo’, cerrando de esta forma el punto tratado y la sesión respectiva”.

Más adelante se plantea en el documento que “si bien el procedimiento de presentación de la renuncia, la posterior inclusión de ésta en la tabla de sesión ordinaria siguiente y su sometimiento a votación por parte de los consejeros se efectuó según lo estipulado en el artículo 30 bis de la Ley 19.175, expongo mi reparo manifiesto y mis dudas fundadas respecto a la interpretación del señalado artículo que hace la secretaria ejecutiva para justificar la resolución del acto. A mi juicio, en su intervención dirigida a legitimar el procedimiento (contenida en el acta respectiva y en un certificado que se adjuntan) la secretaria ejecutiva se equivoca al indicar que el quórum legal requerido para aceptar la renuncia es la mayoría absoluta, en este caso 9 de 16 consejeros que estuvieron presentes en la sesión. Al respecto, el artículo 30 bis en su párrafo cuarto señala claramente que ‘el presidente del consejo cesará en su cargo si incurre en alguna de las causales descritas en el artículo 40 de la presente ley, por remoción fundada acordada por los dos tercios de los consejeros en ejercicio o por renuncia aprobada por la mayoría de los concejeros en ejercicio’”.

En otra parte del escrito remitido a la Contraloría Regional, Sulantay señala que “luego de conocidos los hechos expuestos, es que tengo la convicción de que en la votación de renuncia de la presidenta del Consejo Regional de la Región de Coquimbo, Adriana Peñafiel Villafañe, no se cumplieron los procedimientos legales establecidos para tales efectos, toda vez que el actuar de la secretaria ejecutiva no se ajustó a lo prescrito en la ley orgánica y en el reglamento respectivo. Esto último, en tanto a que la funcionaria se ciñó a las normas establecidas para las votaciones de mayoría absoluta en lugar de haber llamado a votación considerando las tres opciones de pronunciamiento, vale decir, aprobación, rechazo y abstención, y dirimir así una votación de simple mayoría”.

Por lo anterior Marco Antonio Sulantay solicita a la Contraloría que “se pronuncie respecto de la legalidad de la decisión adoptada en la sesión 701 del 14 de mayo pasado, en relación al rechazo ilegítimo y arbitrario de la renuncia de la presidenta del Consejo Regional, adoptando las medidas pertinentes para restablecer el imperio del derecho”.

El CORE tiene 10 días para responder a la Contraloría Regional la consulta hecha sobre la elección.