Robo de machas y ocupación ilegal de la costa fuera de control

“¡Los robos son millonarios, y ya no sabemos qué hacer al estar al borde del colapso!”. Esta es la frase que se replica en boca de cada uno de los 500 hombres de mar agrupados en las asociaciones gremiales de pescadores y buzos mariscadores existentes desde la caleta de Peñuelas en Coquimbo, hasta el sector Punta de Choros en La Higuera. Ellos son afectados a diario por la sustracción ilegal de recursos marinos, y en especial en la zona de manejo que alberga al banco natural de machas más grande del país.

Esta problemática se arrastra desde hace bastantes años sin solución alguna; pero la situación actualmente es compleja al existir continuas disputas y enfrentamientos entre los hombres de mar y los llamados “ilegales”, que hoy concurren en vehículos y provistos de implementos para concretamente robar unas 4 toneladas de machas y otros mariscos desde diversos puntos de la costa. Esta cantidad equivaldría a una pérdida de $4 millones diarios, según aseguraron los propios afectados que ven mermados sus ingresos y la sustentabilidad de su fuente laboral.

Si bien la sustracción ilegal de machas abarca una amplia zona del borde costero, esta acción tipificada como delito se instaló y afecta principalmente a la Caleta San Pedro y al sector de Punta Teatinos (La Serena). En este último lugar, un número mayor de campistas no autorizados instaló improvisada chozas en terrenos particulares, propiciando con ello el ilícito y generando un impacto ambiental en el humedal “Laguna Saladita”. Esto ha provocado la sobreexplotación del banco de machas local y donde se sitúan los semilleros impactando así en el repoblamiento del recurso.

Todas estas acciones configuran una serie delitos, que dan paso a la conformación de verdaderas redes criminales dedicadas a extraer ilegalmente los recursos, movilizarlos, y posteriormente venderlos en el mercado “negro”  a menor consto evadiendo los impuestos.

Las autoridades regionales, policías, la Armada, y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) están conscientes de la problemática expuesta y durante este año realizaron un total de 14 operativos conjuntos a las zonas afectadas. Sin embargo, los afectados advierten  que son completamente ineficientes para frenar la problemática que afecta la actividad productiva de 737 hombres de mar.

AFECTADOS Y LA CRUDA REALIDAD. Diario El Día recorrió las zonas afectadas y corroboró en terreno cómo las víctimas decidieron agruparse en la Federación de Trabajadores del Mar Elqui, (FETRAMAR). Con ello hoy consiguieron asesoría judicial para atacar la problemática desde diversos enfoques, a lo cual, piden sumarse a las instituciones encargadas de fiscalizar.  

 “Nosotros perdemos por extracción ilegal de recursos 4 toneladas de machas diarias, lo que equivale en valor comercial a 4 millones de pesos. Pero lo que más nos afecta es el daño que se hace al banco de machas y que podría hacerlo colapsar, haciéndonos perder todo el esfuerzo que ha costado mantener durante años. Hoy hasta somos amenazados por los delincuentes que nos roban, y está todo fuera de todo control”, precisó en representación de los buzos y mariscadores de Coquimbo y La Serena, Franklin Zepeda, presidente del gremio de pescadores de Caleta San Pedro y de la FETRAMAR Elqui.

Según precisó Zepeda, en Punta Teatinos y en el humedal Laguna Saladilla, hay una cuadrilla de más de 50 personas que se dedica a la extracción ilegal de recursos de manera establecida, y que las fiscalizaciones no son efectivas para frenar el fenómeno.  “Las autoridades deben poner un freno definitivo a la ilegalidad que afecta al trabajo de los pescadores y mariscadores legales. Además, la ocupación ilegal se les escapó delas manos con la instalación de verdaderos campamentos que se dedican a esta actividad ilícita. He pedido reuniones al Gobierno Regional y no hemos sido escuchados; y si no hay resultados en el corto plazo se vendrán las movilizaciones”, advirtió. 

Agrega que lo complejo es que este fenómeno afecta en la escasa disponibilidad de recursos producto a raíz de los robos y ante falta de una legislación que castigue los delitos cometidos efectivamente. 

Esto fue refrendado por Marcelo Godoy, presidente de la Organización funcional de pescadores de la comuna de La Higuera, que reúne a 237 socios. Afirmó la sustracción de los  recursos,  sobre todo machas y locos  perjudica a playa Los Choros, caleta Apolillado, Chungungo, Totoralillo Norte y Caleta de Hornos.
“Perdemos más de un millón y medio de pesos al día. Esto se solucionará con un cambio a la normativa actual que permita instruir al Poder Judicial para que este tenga real potestad al enfrentarse los sustractores ilegales a los tribunales”. Explica que actualmente los detienen y a los 20 minutos están en libertad. “Detrás de los ilícitos hay una planificación, y es una red criminal la que está operando”, precisó Godoy.

AUTORIDADES Y FISCALIZACIÓN. Los encargados de la fiscalización y las autoridades comunales admiten la problemática, pero a la vez plantean que  están prácticamente atados de manos ante la problemática.

El edil de La Serena, Roberto Jacob, reconoció que han intentado por todos los medios impedir la sustracción de recursos y la ocupación de las playas sin tener éxito. “Tapamos caminos de accesos a Punta Teatinos, hicimos operativos policiales conjuntos, sacamos a gente del lugar, pero esto continúa. La mayoría de los ilegales se instalan para delinquir, y habría que estar prácticamente las 24 horas encima de ellos”, señaló.

Es por ello que puntualizó que el camino es endurecer las multas y castigue a los responsables de los ilícitos. “De lo contrario, simplemente el emprendimiento que poseen los gremios se deteriorará cada día más. Hay que tomar medidas duras y que sean ahora”. 

El  capitán de puerto de Coquimbo, Rodrigo Pomeri manifestó que los efectivos de la Armada juntos a las policías  y SERNAPESCA, realizaron 14 operativos conjuntos durante el 2016.

“Si bien efectuamos operativos, es bastante difícil tener resultados objetivos. Hemos realizado la incautación de productos y cursado infracciones, pero es bastante compleja la fiscalización por la distancia existente, y porque no existe un sistema de vigilancia permanente”. Es por ello que aseguró que los gremios debieran invertir en un tipo de tecnología especial para frenar los ilícitos, “y con ello coordinar de mejor forma los servicios”, afirmó Pomeri. 

Reconoció que en los ilícitos estaría  operando una verdadera red criminal. “Hay sectores donde hay personas viviendo en las pendientes de los cerros o en el mismo humedal del sector Teatinos y que se dedican sin problemas a delinquir”. 

Enfatizó que en los diferentes patrullajes han logrado identificar  a los ilegales. “Pero se debe comprender que el litoral es extenso; considerando también que en Los Choros existen áreas de manejo que igualmente son afectadas”, concluyó.

 Desde el Sernapesca reconocen el problema de la extracción ilegal de recursos marinos como asimismo lo complejo que sería una solución. “En Punta Teatinos la situación es complicada debido a la extracción de recursos, especialmente macha, ya que son en el lugar se ubican los bancos protegidos y donde sólo se permite la actividad a gremios identificados de pescadores y buzos”, precisaJaime Molina, director regional de SERNAPESCA. 

Agrega que si bien efectúan fiscalizaciones con Carabineros, Armada y la PDI, “el tema va más allá”. En este aspecto, informó que desde del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, se dispondrá el uso de drones y visores nocturnos para fiscalizar las zonas afectadas por la sustracción ilegal de recursos.

“Se nos informó que se procederá al uso de tecnologías para mejorar las fiscalizaciones, que esperamos se hagan efectivas antes de fines de año. El registro de imágenes por medio de drones permitirá contar con pruebas al momento de que se ponga a disposición de la justicia a los infractores, y por otro lado, nos permitirá focalizar los servicios en el momento que el ilícito se esté cometiendo”, aseguró Molina.

EN BUSCA DE SOLUCIONES. Para enfrentar la problemática los gremios de pescadores y mariscadores afectados solicitaron asesorías a la consultora Océano, que les entregó el primer informe que busca herramientas para resguardar los bancos de machas en sus sectores.

La iniciativa contempla cuatro aspectos estratégicos, como son la gestión jurídica y de información, además de labores disuasivas y estudios, que tienen por objetivo proteger el área de manejo y evitar así la sustracción ilegal de los recursos, y por ende, su comercialización. Patricio Cortés, representante de consultora Océano, señaló que  en este primer informe se entregó un formulario para que los gremios puedan hacer denuncias en caso de que observen a personas extrayendo el producto ilegalmente, y poder hacer algunas gestiones judiciales.

“En segundo lugar, se dio a conocer que se tiene un 80% de la información respecto a la tecnología que pueden emplear para fiscalizar, y otros implementos para conseguir pruebas. Esto ya está valorizado para la apuesta final y ejecución del proyecto”, señaló.

El  ex fiscal regional y abogado, Enrique Labarca, también trabaja junto a la citada consultora y los gremios afectados por la problemática, y señaló que se podría abordar la temática configurando una red criminal; perol indicó que el problema de fondo es legislativo.  

“Las redes criminales son tratadas en Chile como asociaciones ilícitas, y requieren de una serie de requisitos formales que no son fáciles de establecer”. Argumentó  que  la legislación nacional hoy no posee una figura intermedia como la que posee la ley de drogas, donde se estable la figura de varios individuos o pandillas que se dedican a delinquir, y que se podría aplicar a esta problemática”, detalló Labarca.

En esta línea Labarca propone que la forma de frenar el accionar criminal es hacer intervenir al Servicio de Impuestos Internos, considerando el desarrollo de comercio ilegal junto a la sustracción indebida de recursos marinos. “Así, la idea es atacar al ilícito desde diversos enfoques. Por un lado la figura penal contenida en la ley de pesca, y lo otro es abordar la evasión de impuestos que debe ser fiscalizada considerando la pérdida de recursos que esto significa para el Estado; lo que no es poco”, consignó.