Seremi de Salud y municipio de La Serena van a la justicia por falta de agua en campamentos

Cuando fuimos por primera vez al campamento emplazado detrás del cementerio de Las Compañías, la pandemia todavía no atacaba con la fuerza de ahora, sin embargo, sus habitantes ya expresaban la preocupación por lo que, auguraban, se podía venir. 

En el lugar, donde viven aproximadamente 2000 mil personas, a mediados de abril el principal problema que manifestaban era la falta de agua potable, y claro, sin ella no podrían cumplir las medidas básicas de prevención de contagio del Covid-19 como lavarse las manos constantemente, algo que generaba temor, sobre todo por la gran cantidad de adultos mayores y niños que son parte de este asentamiento ilegal que se expande cada vez más. 

Por esos días, el municipio no les estaba entregando el vital elemento, debido a que, de hacerlo, según señalaba el propio alcalde Roberto Jacob, estarían al borde de lo permitido por ley. 

¿Cómo conseguían entonces abastecerse estas personas? Existían dos formas: la primera era ir a sacar desde un grifo que se encuentra a la entrada de la toma, pero aquello sólo lo podían hacer los más jóvenes o quienes tuvieran vehículo ya que se ubica bastante lejos de donde están la mayoría de las construcciones. Y el otro modo simplemente era comprar a un individuo que maneja un camión –habitante del mismo lugar- y que roba agua del mismo grifo y luego recorre el campamento con bidones, por su puesto, a un precio extremadamente elevado para algo que, indicaban los vecinos “debiese ser un derecho”. 

Peor situación, el mismo problema

Han transcurrido casi dos meses desde aquella visita, y la realidad a nivel regional respecto del avance del coronavirus se ha disparado, estando muy cerca del peak, según indicó la propia autoridad sanitaria. Pese a que fue precisamente en Las Compañías, La Serena, donde se perdió la trazabilidad pasando a fase 4 de la pandemia, afortunadamente en el campamento no han tenido contagios, al menos no que se hayan conocido. Sin embargo, admiten que han convivido con el miedo, y que los embates de la crisis sanitaria también los han alcanzado. ¿Respecto al agua? Todavía no hay una solución que logre subsanar esta dificultad. Cierto, se han realizado intentos, pero no alcanzan a cubrir las necesidades totales de la población. 

Y tal como la sociedad en general, los problemas económicos se han agudizado. Según aseguran dirigentes vecinales, un gran porcentaje de los habitantes del campamento ha perdido su trabajo, y quienes realizaban labores esporádicas, cada vez tienen menos “pololos”, lo que ha implicado una importante merma en la generación de recursos para las familias. 

"Para qué prometen"

Cristina Araya vive hace 5 años con su compañero Ismael en el campamento. Como buena parte de quienes están allí, llegó por apremios económicos, construyó su casa y se quedó. La mujer afirma que, si bien nunca han estado en una situación holgada durante su estadía en la toma, lo que están pasando ahora no es asimilable a nada. “No podemos generar. Nosotros trabajamos en alfarería, en artesanías, pero nadie está comprando nada entonces no generamos y yo te digo, hoy en día estamos viviendo de la caridad”, cuenta Cristina, manifestando que han sido diversos colectivos solidarios particulares los que “se han puesto” y los han ayudado con mercadería. “Si no fuera por esa gente, yo creo que acá habrían personas que se habrían muerto de hambre”. 

Su pareja, Ismael de 65 años, es categórico. “¿Para qué nos prometen, si no cumplen? Lo que da rabia es eso. Por supuesto que uno agradece todo tipo de ayuda, pero esa ayuda ha llegado de personas de buen corazón, no de quienes debiesen asumir el problema, y que se comprometieron y no lo hicieron”, enfatiza el poblador, en alusión a que desde la delegación municipal les aseguraron la implementación de 8 bidones comunitarios para abastecer a la gente con agua, “pero sólo llegaron dos”, y no todas las personas podrían llegar a ellos. “Le sale más fácil ir al grifo”, agrega Ismael. 

No es un capricho

Otros habitantes se acercan mientras conversamos con Cristina e Ismael. Uno de ellos es el joven Jorge Díaz, de 28 años, quien también hace hincapié en el tema del agua. “Es lo más básico. Hay problemas económicos, pero gente de afuera trae alimentos y hacemos ollas comunes. Además, todos nos las rebuscamos por aquí, por allá. Con lo del agua es diferente, también nos traen, pero para esta cantidad de gente, es imposible que alcance. El municipio hizo un compromiso y trajo unos tambores, aunque no los que nos habían dicho y están el lugares poco estratégicos”, sostuvo.

En ese momento, Héctor, otro poblador pasa por el lado de nosotros, con dos bidones en la mano, e interviene. “Tiene toda la razón. Qué les cuesta poner un camión para que nos traiga el agua y nos la asegure a todos. Yo ahora voy a buscar, tengo que hacer como tres viajes y ni siquiera sé si queda en el tambor”, expresó, molesto. 

Compromisos

Margarita Díaz, dirigente vecinal de una de las organizaciones del campamento precisó que el día 17 de mayo las dirigentes de todas las comunidades que conforman la toma se reunieron con el delegado municipal de Las Compañías, Pedro Valencia, y en esa oportunidad, según Díaz, el acuerdo fue que les entregarían 2 tambores por cada uno de los sectores. “Vinieron y efectivamente pusieron dos estanques, pero no quedaron llenos, y después pusieron otro en otro sector, pero se rompió y estuvimos varios días sin agua. Yo llamé para saber qué pasaba, y me dijeron que iban a venir enseguida, pero demoraron días venir a llenarlos. Duele mucho que el municipio no cumpla con los compromisos”, aseveró. 

Adultos mayores "atados de manos"

El agua es escasa y no es lo comprometido, pero además, está lejos que quienes no pueden ir a buscarla porque debido a su edad tienen problemas para desplazarse. Este es el caso de los adultos mayores del campamento, como Gonzalo Contreras (90) y Anita Jaime (65). Viven solos hace cuatro años en el asentamiento ilegal donde llegaron por problemas de dinero, los que habían logrado subsanar manteniendo cierta estabilidad hasta que llegó la pandemia.

Ahora, sólo tienen la pensión de don Gonzalo. “Mi señora trabajaba pero la cancelaron con esto del virus, así que ahí nos tenemos que arreglar con lo que tenemos, tampoco nos estamos muriendo de hambre y existe mucha gente solidaria”, sostuvo el anciano, parado en la puerta de su casa. Desde el interior, Anita, asiente con la cabeza e insiste en el problema del agua. “Eso es lo que más complicados nos tiene. Por más que pongan tambores, ¿cómo la vamos a buscar? Antes de esta pandemia era distinto, porque se ocupaba menos, y teníamos para comprarle al tipo que pasa vendiendo, pero ya no lo podemos hacer, porque con suerte hay para comer”, expresó la señora, impotente. 

¿Injusticia?

“El camión que pasa vendiendo, es de un particular que igual se roba el agua del grifo, y nadie le dice nada”, cuenta, ofuscado don Juan Carlos Jiménez, quien hace un par de días, debido a la escasez del vital líquido, fue a sacar agua a ese lugar, pero tuvo mala suerte ya que fue visto por personal policial, y fue detenido. “Yo les expliqué que era la única forma que teníamos acá para tener agua, les dije que cómo no fiscalizaban a los que se la roban y andan vendiendo, pero no hubo caso. Me esposaron y me subieron a la patrulla como un delincuente por ir a buscar agua para mi papá y para mí”, relata. 

Nadie se hace cargo

El municipio ha estado pendiente del tema, pero los vecinos aseguran que “aun así no es suficiente”. El pasado 14 de abril, en el contexto del primer reportaje consultamos al alcalde Roberto Jacob aseguró que la ley los limitaba para entregar ayuda. “No les podemos llevar agua, por un tema legal. Ahora, si desde el gobierno emiten un decreto por estado de excepción, que nos lo permita, nosotros lo hacemos”, precisó en esa oportunidad, agregando que “aquí la responsabilidad es de la Onemi. Ellos deberían llevarle agua a toda esa gente, a ellos no les cuesta nada porque es un problema de Estado”, aseguró el edil.

En tanto desde el gobierno quien se refirió al tema en esa oportunidad fue la Seremi de Bienes Nacionales Giannina González, señalando que antes de la pandemia estaban en mesas de trabajo para solucionar diferentes problemáticas de este sector, pero producto de la crisis sanitaria se debieron paralizar. 

A la justicia

Frente a la incertidumbre en la que se encuentran estas familias, y en el entendido que el agua, sobre todo en el actual contexto “es un derecho humano” el cual debe ser garantizado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de la Región de Coquimbo decidió intervenir. 

Luego de realizar una visita de observación en al campamento, la que tenía como objetivo verificar si se habían adoptado medidas para evitar la propagación del Covid-19, se detectó la precariedad sanitaria en el lugar. Así lo detalle el abogado de la entidad, Ítalo Jaque. “En lo primero que reparamos nosotros fue en el agua, claramente. No tenían agua para lavarse las manos, una cuestión que es elemental para la prevención y para seguir las directrices que entrega la propia autoridad sanitaria”, indicó el profesional. 

Primero se envió un oficio tanto al Municipio como a la Seremi de Salud, para solicitar información respecto a si se estaría subsanando el problema, pero no hubo ninguna respuesta. Ante ello, el INDH, consideró necesario interponer un recurso de protección a favor de los habitantes del campamento, apuntando a la responsabilidad del municipio y la seremi para que la Corte de Apelaciones conociera el caso. “En definitiva se requería que verificaran lo que nosotros estábamos planteando, que estábamos frente a una vulneración del derecho a la vida y a la integridad física de estas personas, evidentemente expuestos a la propagación del Covid, al no contar con agua ni retiro de residuos sanitarios, entre otras cosas”, sostiene Jaque. 

Y en primer término la Corte se manifestó favorable a la acción legal, puesto que el recurso fue declarado admisible por lo que se está tramitando en el Poder Judicial. “Ahora los recurridos deben informar al tribunal de Alzada  en un plazo establecido y posteriormente vendrían los alegatos, en los que se definiría eventualmente que ellos se hicieran responsables de proveerles de agua potable principalmente”, explicó el abogado. 

A la espera

Tanto desde el municipio de La Serena como desde la Seremi de Salud, consultados respecto del recurso de protección que los responsabiliza por “omisiones, las que afectan el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los habitantes del campamento no garantizando su seguridad frente a esta pandemia”, manifestaron que están en conocimiento, pero que se trata de un asunto que ya está en la justicia, por lo que no pueden ahondar demasiado. 

Desde la casa edilicia, manifestaron que “efectivamente se presentó un recurso de protección que está siguiendo su curso legal y como municipio estamos preparando el informe que se debe presentar a la Corte”. 

Algo similar expresaron desde Salud. “Se está al tanto de este recurso y actualmente se trabajan en su respuesta, porque está dentro del plazo legal para responder en tribunales”, informaron, un plazo que se extendió, ya que según antecedentes recabados por El Día, el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Seremi de Salud, solicitó una ampliación. 

Con todo, lo que queda ahora es esperar. Esperar los informes, esperar los alegatos, esperar el fallo, esperar por el agua.