Solo 35 detenidos han recibido alguna sanción desde el inicio de la cuarentena

El mensaje fue claro: quienes pasen a llevar la normativa sanitaria serán sancionados de manera más severa e inmediata. Esto fue lo que acordaron las autoridades regionales, policiales y comunales ayer en reunión del COE realizada en el edificio de la intendencia. 

A partir de ahora, los municipios en cuarentena –por lo pronto La Serena y Coquimbo, y luego se sumaría Ovalle- tendrán nuevas facultades en base a ordenanzas más estrictas y restrictivas que se elaborarán de manera conjunta, esto, porque simplemente “la gente no ha entendido el mensaje de quedarse en casa” y respetar el confinamiento obligatorio. “Ahora en base a estas ordenanzas, se va a multar de manera extraordinaria con mayor dureza a quienes incumplan las medidas que se deben tomar en esta cuarentena (…) Empezará a regir un protocolo único porque la gente no ha entendido. Este es el camino que nos queda para salvar las vidas que tengamos que salvar”, aseveró la intendenta regional Lucía Pinto. 

"Es urgente"

Roberto Jacob, alcalde de La Serena expresó que es urgente modificar la ordenanza en conjunto y agregar los ítems que sancionen a la gente que no respete la cuarentena para aplicar las multas. “Las personas ya no entendieron, no sacamos nada con seguir diciéndoles lo mismo. De manera que ahora se va a actuar, y la primera multa va a tener un precio, la segunda otro y así (…) Sabemos que hoy en día sacarle dinero a la gente es complejo, porque lo necesitan, entonces es bueno que vayan sabiendo para que se comporten y sepan que estará esta medida extrema”, precisó. 

En concreto, lo que se permitirá sancionar con la actualización de las ordenanzas, será el transitar sin el permiso temporal respectivo o salvoconducto, no respetar el horario que dura la autorización, y el no uso de las mascarillas en la vía pública con multas que serán notificadas de manera inmediata, sin tener que pasar por la tramitación que mantiene estas causas sin resolver. Además, dentro del trabajo coordinado entre los departamentos jurídicos de ambos municipios se podrían ir sumando otras acciones que se consideren de riesgo para evitar la propagación del Covid. 

"Ha faltado mano dura"

El alcalde de Coquimbo Marcelo Pereira, enfatizó en que no se quería llegar a esto, pero en este momento es una de las últimas salidas debido a la no disminución de los contagios pese a la cuarentena total. “Al parecer las infracciones que hemos cursado son bajas, por eso las vamos a endurecer en términos de sanción, y ampliar nuestro rango de acción, porque no se ha tomado conciencia (…) Vamos a estar fiscalizando los permisos y todo lo que tenga que ver el respeto al confinamiento”, sostuvo el edil porteño. 

La autoridad también apuntó al rol que ha tenido el Ministerio Público, ya que, sostiene, no ha sido lo suficientemente severo en su actuar al momento de hacer efectivas las sanciones a las personas vulnerando la normativa. “Quiero ser muy franco en este sentido, y decir que el tema de la Fiscalía se tocó hoy día en la mesa con la intendenta, ya que junto al alcalde Roberto Jacob hemos decidido endurecer nuestras ordenanzas porque sentimos que la Fiscalía, a pesar del número de controles de detención, tiene muy pocos sancionados. Por lo tanto yo los llamo a ellos a que nos colaboren para crear conciencia, porque esto nos repercute a todos”, expresó el edil. 

En la misma línea, Roberto Jacob, alcalde de La Serena expresó que no se sacaba nada con detener a la gente y pasarla a la Fiscalía, sino se ven resultados  que podrían hacer que la comunidad tome conciencia. “Hasta ahora no conocemos nada, salvo tres personas que quedaron con medidas cautelares, pero al resto no sabemos si le pasaron multa o no se las pasaron (…) Al principio se habían anunciado multas de $50 millones pero yo no he visto que se aplique, así que ahora más que recomendar, vamos a actuar”, precisó. 

Evaluación policial

A 24 días (ayer) del inicio de la cuarentena, desde Carabineros también hacen un balance, respecto al comportamiento ciudadano y al rol fiscalizador, y la evaluación tiene de dulce y agraz, ya que ha quedado al desnudo la falta de cultura cívica de las personas que en muchos casos han mal utilizado y sobreexplotado el permiso temporal. En ese sentido, el prefecto de Coquimbo, coronel Carlos Rojas, valora el rol y la participación activa que continuarán teniendo los municipios, y persiste en el llamado a la gente a respetar la normativa y no hacer mal uso de las autorizaciones para salir que se entregan en la comisaría virtual.

“A tres semanas de iniciada la cuarentena en las comunas de La Serena y Coquimbo, las cifras reflejan que, como comunidad, tenemos una tarea pendiente. Sabemos que hay un porcentaje de personas que sí está cumpliendo con las medidas, pero los casi mil doscientos detenidos que acumulamos desde que se implementó la restricción, demuestran que todavía hay quienes se resisten a entender la envergadura de la emergencia sanitaria en la cual nos encontramos”, sostuvo.

A modo de ejemplo, citó la fiscalización realizada este miércoles en el sector de Tierras Blancas en Coquimbo. “Detuvimos en tres horas, a veinte personas por poner en riesgo la salud pública. Esas son conductas irresponsables, que no reflejan la conciencia ni solidaridad colectiva que necesitamos para salir de cuarentena. Aquí debemos entender que como Carabineros podemos desplegar todos nuestros recursos, pero la participación y responsabilidad ciudadana es trascendental, porque el éxito de esta medida pasa justamente por la comunidad”, finalizó.

Los números hablan

Pero vamos a las cifras. De acuerdo a la última información entregada por Carabineros, hasta las 05:00 horas del viernes, se habían entregado 1.228.028 permisos temporales y realizado 2.063.046 fiscalizaciones. Tras ellas, el total de personas detenidas ascendía a 1.199. Pero, ¿qué sucedió con ellas? Es lo mismo que se preguntan desde los municipios donde están molestos por la aparente baja cantidad de sanciones aplicadas. Según datos de la institución policial, sólo 330 han pasado a control de detención y el resto ha quedado apercibido. 

Desde el Ministerio Público, entregan el desglose de las causas hasta el 20 de agosto (ver gráfico) donde se da cuenta de 1.104 ingresos (585 en Coquimbo y 519 en La Serena). De estos, 299 habrían pasado por la audiencia de control de detención (la diferencia con Carabineros se da porque la institución policial cuenta personas y la Fiscalía las causas), es decir el 27%. 

Respecto a quienes finalmente han sido formalizados el número llega a los 110, de los cuales 9 individuos han quedado con alguna medida cautelar y 4 con prisión preventiva, pero estos casos están asociados a otros delitos, y no al mero hecho de infringir la cuarentena o normativa sanitaria en el contexto de la pandemia, a excepción de la mujer que fue detenida 6 veces en Coquimbo y que se encuentra privada de libertad. 

Pese a los cuestionamientos, desde el Ministerio Público resaltan su labor y aseguran que han estado aumentando progresivamente su trabajo en el contexto sanitario. Así lo manifiesta el Fiscal Regional Adrián Vega. “Aumentamos en 4 veces más los controles de detención que antes de la cuarentena. A la gente con irreprochable conducta anterior que no esté cumpliendo dicha cuarentena se le han estado formulando los cargos por escrito, a fin de no saturar las comisarías, pues nos parece desproporcionado que éstos puedan arriesgarse a un contagio como también que se contagie la fuerza policial”, afirmó el jefe regional del ente persecutor. 

Causas cerradas y vigentes

Si bien la Fiscalía enfatiza en que están realizando todos los esfuerzos y de hecho han cuadriplicado la cantidad  de controles de detención en tiempos de cuarentena, los procesos no estarían avanzando con la premura que exige el contexto para que la gente tome conciencia rápidamente. De acuerdo a cifras de la Defensoría Penal Pública, del total de casos de detenidos, sólo 35 personas han recibido una sanción al menos hasta el momento. El resto de las causas se mantendría vigente, lo que ha generado esta “sensación de impunidad” desde los municipios que ha llevado a que planteen la necesidad ya aceptada por el Gobierno de poder ser ellos también quienes infraccionen a partir de la próxima semana con las nuevas ordenanzas y saltándose el proceso penal que de todas formas, seguiría de manera paralela de acuerdo a la gravedad del caso.  

Defensoría y sobreseimiento

Consultada, la defensora regional Inés Rojas sostuvo que a nivel nacional como entidad, ellos están intentando evitar que las personas que incumplen la cuarentena o el toque de queda sean sancionados por el artículo 318 del Código Penal, ya que, según afirman, no sería el delito. “Hemos tomado la decisión de iniciar en todo el país las acciones que tiendan a sobreseer las causas de personas que han sido detenidas por el artículo 318, en caso de que no exista otro delito asociado, porque estimamos que para imputar en base a este artículo debe existir verdaderamente un peligro para la salud pública”, precisó Rojas.