• En la Corte de Apelaciones de La Serena, María Bossy (sentada) presentó la querella para que al fin se pueda hacer justicia en el caso de su hijo Jimmy.
  • En la imagen, Jimmy Christie Bossy, a la edad de nueve años, cuando falleció, presuntamente, a manos de militares.
  • En el sector de Guayacán (Coquimbo) se instaló un memorial en homenaje a los niños víctimas de la dictadura.
  • En un comienzo los medios de comunicación hablaban de secuestro y estaba la esperanza de encontrarlos con vida.
  • PROTAGONISTA: María Bossy, madre de Jimmy Christie Bossy, también fue torturada en el lapso desde que el menor desapareció hasta que fue encontrado en 1978. Presentó querellas y ahora quiere que se haga justicia, ya que no se quiere ir de este mundo sin haber hecho lo posible para que al crimen cometido contra su hijo no quede impune.
Crédito fotografía: 
Andrea Cantillanes
Este lunes María Bossy, madre de Jimmy Christie Bossy, menor de nueve años, quien junto a su amigo Rodrigo Palma Moraga, de ocho, habrían sido baleados por militares en el sector de Guayacán, en diciembre de 1973, presentó una querella para que se reactive la investigación contra quienes resulten responsables del crimen. Según la abogada querellante, Adriana Rojas, y el representante de las víctimas de la "Caravana de la muerte" (caso por el cual el excomandante en Jefe del Ejército se encuentra procesado), Cristian Cruz, el general (R) sería el principal sindicado en esta acción legal debido al alto rango que ocupaba en ese momento en el Regimiento Arica de La Serena, sumando una nueva causa a las dos en las que se encuentra procesado y condenado en primera instancia.

“Nunca es tarde para hacer justicia”. Bajo esa premisa fue que al mediodía de este lunes, llegó hasta la Corte de Apelaciones de La Serena, María Josefina Bossy, madre de Jimmy Christie Bossy, quien el 24 de diciembre de 1973, a la edad de 9 años, desapareció junto a su amigo Rodrigo Palma, un año menor, mientras juagaban en las cercanías de sus casas en el sector de Guayacán, Coquimbo, en unos estanques para el almacenamiento de combustible.

Bossy, acompañada de Anita Merino, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Región de Coquimbo, y su abogada, Adriana Rojas, presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables de la muerte de su hijo, por lo que exige que se reabra la investigación la que fue sobreseída temporalmente en su minuto por falta de antecedentes.

Existen nuevos testimonios

Según indicó la abogada Adriana Rojas, “queremos reabrir la causa para que se investigue nuevamente, porque recordemos que esto ya se investigó en dos oportunidades y fue sobreseída temporalmente por falta de pruebas”, indica, agregando que en la actualidad existen nuevos antecedentes sobre la mesa. “Hemos podido acceder a relatos de conscriptos que dicen que ellos estaban al resguardo del sector, donde fueron hallados los niños, otros que dicen que participaron de la búsqueda de los menores. Datos que en no se han incorporado a la causa”.

Además, precisó Rojas, que no dan crédito a las pericias que se realizaron en su minuto, ya que se realizaron por personas vinculadas directamente al régimen militar. “Notamos que estas pericias las hicieron personas que hoy en día están cumpliendo condena en Punta Peuco, o sea, estamos hablando de criminales de lesa humanidad que ellos mismos investigaron estos hechos”, consignó la abogada.

“Queremos reabrir la causa para que se investigue nuevamente, porque recordemos que esto ya se investigó en dos oportunidades y fue sobreseída temporalmente por falta de pruebas”, Adriana Rojas, abogada querellante.

La historia de “Los Ángeles de Guayacán”

El caso de los menores desaparecidos fue ampliamente bullado en su minuto, y es uno de los asesinatos más crueles que se recuerde en el contexto de la dictadura militar. Fue el 24 de diciembre cuando se vivió la navidad más triste en el puerto de Coquimbo. Ese día, por la tarde, tres niños-Rodrigo Javier Palma Moraga, Jimmy Christie Bossy y Nelson Patricio Díaz Gajardo-, jugaban en los estanques de combustible cercanos a su población. El padre de Nelson Patricio, los vio y se llevó a su hijo a casa. Sin embargo, Rodrigo y Jimmy jamás volvieron.

En primera instancia se habló de secuestro. Lo cierto es que esa misma noche, la gente del sector y la familia de los niños se organizó para salir a buscarlos, pasando a llevar incluso el toque de queda. Todo con tal de encontrarlos, pero no tuvieron éxito por lo que los vecinos regresaron cabizbajos a su casa.

Según consigna un reportaje de El Siglo del año 2001, “como consecuencia de la desaparición de los menores, la vida del barrió cambió radicalmente. La casa de Raúl Palma, padre de uno de los niños, se veía permanentemente custodiada. La población fue cercada, y se sometió a las familias de los menores a arresto domiciliario. Toda la población fue allanada por militares armados, quienes los interrogaron sobre la desaparición de los menores preguntándoles ‘qué sabían de eso’”.

Pruebas en medio del miedo

Los años pasaban y nadie sabía qué había ocurrido con los pequeños. Pese a las intensas búsquedas de Bomberos, las policías y los propios militares, éstas no dieron frutos.

No fue sino hasta agosto de 1978, cuando un grupo de niños jugaban en el sector donde los menores que habían desaparecido, que encontraron los restos sepultados a orillas del camino que conduce a La Herradura. Según los informes, estaban a 100 metros de sus casas, a una profundidad no superior a los 20 centímetros, lo que “resulta completamente incomprensible dado que en el lugar se buscó afanosamente, incluso con los perros policiales”, relata Anita Merino.

“En función de los que digan las pruebas y los querellantes, podría haber una nueva causa contra Cheyre, esto independiente de las otras dos causas, en las que se encuentra procesado en una, y en la otra ya condenado en primera instancia”, Cristián Cruz, abogado en casos de Derechos Humanos.

Estos antecedentes, desde luego que también llevaron a los abogados que en su minuto se querellaron, a dudar. “Debido a esto y otros antecedentes presumimos que los cuerpos fueron colocados allí con posterioridad”, indicó el 2001 el actual diputado Hugo Gutiérrez, con la clara tesis de que los habían ocultado en su momento y después puesto en el lugar.

El abogado apuntaba a la responsabilidad de los militares, sobre todo luego de que pudieron obtener pruebas científicas desde el Servicio Médico Legal en relación a que la causa de muerte era, “a consecuencia de impactos de bala de grueso calibre, provocándoles la destrucción del 75% del cráneo”, y agregando que “esos proyectiles los usan sólo el Ejército”. Sin embargo, el médico también les dijo que no podía certificar esa muerte, por lo que oficialmente la causa figuró como “indeterminada”.

En la primera querella, que quedó sobreseída temporalmente por falta de pruebas, según la abogada Rojas, se citaba, en calidad de inculpados, a Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento Arica, Juan Emilio Cheyre Espinoza, que en el momento de ocurridos los hechos se desempeñaba como ayudante del comandante Lapostol, e iba dirigida contra Augusto Pinochet y todos los que resultaran responsables.

5 años se demoraron en encontrar los cuerpos de los menores, que desaparecieron el 73. Fueron hallados el 78.

Pero ahora, se pretende, que los resultados sean distintos, con los nuevos antecedentes disponibles. Así lo consigna Anita Merino, quien acompañó este lunes a María Josefina Bossy, madre de Jimmy. “Este fue uno de los casos que no fue calificado por el Informe Rettig, porque no se tomaron en consideración todas las pruebas, pero finalmente se determinó que tenían impacto de balas militares, por lo que corresponde que el caso se reabra”, indicó Merino.

Cabe señalar, que María Josefina Bossy, prefirió no hablar con los medios en esta oportunidad, ya que “esto recién empieza”, y prefirió que fuera su abogada la que entregara la información.

El factor Cheyre

La querella presentada por los abogados Hugo Gutiérrez y Juan Bustos e interpuesta por familiares de los niños data de julio de 2001, un año antes de que Juan Emilio Cheyre, hoy condenado como encubridor en el caso Caravana de la Muerte y procesado por torturas en contra de 24 ex presos políticos en el Regimiento Arica en 1973, fuese nombrado Comandante en Jefe del Ejército, pese a que su nombre era citado como inculpado en el documento que respaldaba la acción legal.

Consultada la abogada rojas, sobre la responsabilidad que podría tener Juan Emilio Cheyre en estos hechos, indicó que no podía descartarlo, de hecho “es una de las tesis porque él era el segundo al mando del regimiento Arica y quien ejecutaba las órdenes en ese momento”.

Por su parte, Cristián Cruz, abogado de derechos humanos, representante de los familiares de las víctimas en el caso Caravana de La Muerte, donde el General (R) se encuentra procesado, es mucho más categórico. “Él ya fue investigado en este caso, y llama poderosamente la atención que señale que en ese momento estaba fuera de la región de vacaciones, porque al revisar la hoja oficial, donde están todos los antecedentes, queda claro que estaba en la zona desempeñando funciones. Entonces, ¿por qué quería estar lejos del sitio suceso?”, cuestionó.

Y va más allá. Asegura que esta querella complica a Juan Emilio Cheyre, ya que pese a que no es directamente en su contra "será él quien tendrá que responder por el grado que ocupaba en ense momento en el recinto militar", y además, quien estaba por sobre él en aquella época (Ariosto Lapostol Orrego), no estaría con sus facultades mentales cien por ciento claras para poder enfrentar un proceso. "En función de lo que digan las pruebas y los querellantes, habrá una nueva causa contra Cheyre, esto independiente de las otras dos, en las que se encuentra procesado en una, y en la otra ya condenado en primera instancia”, aseguró el abogado, quien está a la espera de cómo avance el proceso para hacerse parte en la querella. 4601iR

Familiares del otro menor también se querellaron

Según precisó Anita Merino, no sólo la familia de Jimmy Bossy está realizando acciones legales para reabrir el caso. Hace algunas semanas los familiares del otro menor, Rodrigo Palma, también se habrían presentado ante el Tribunal de Alzada, lo que daría más fuerza a las acusaciones para poder reabrir la causa.

Cheyre y su inocencia

Cabe señalar que pese a estar condenado en una causa y procesado en otra, el excomandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre siempre se ha declarado inocente de todos los delitos que se le imputan. De hecho, así lo deja claro en entrevista con diario El Día en junio del 2017, donde consigna que, “no puedo recordar cosas de un lugar en el que no estuve (…) Hay múltiples afirmaciones que tienen que tener un origen muy raro. Se dice que yo era el segundo comandante, jamás fui segundo comandante, que era el jefe de la plana mayor, jamás. Que era jefe de inteligencia, jamás he actuado en inteligencia. Que era un hombre grosero y ofensivo. Decenas de personas en La Serena dicen que mis características eran contrarias a eso. Está en los autos (procesamiento judicial)”.

 

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