22 empresas se han declarado en quiebra hasta el mes de abril en la región

Esta semana la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, publicó su último boletín estadístico correspondiente a los meses de enero-abril 2020 relativo a los procedimientos concursales de la Ley 20.720 de Reorganización y Liquidación de activos de Empresas y Personas.

Al respecto las cifras de quiebras en la región, tanto de personas como de empresas deudoras, muestran un escenario que, dada la coyuntura que ha vivido el país desde el estallido social de octubre del año pasado, eran completamente esperable.

Así, durante los primeros cuatro meses de 2020 (1 de enero a 30 de abril), los números muestran que un total de 22 empresas de la región se han acogido al procedimiento concursal de liquidación de activos, siendo los meses de febrero, marzo y abril, en lo que se concentrado la quiebra de empresas (6, 8 y 5 respectivamente, salvo noviembre de 2019, cuando 8 empresas se acogieron al procedimiento).

Respecto a las personas entre enero y abril del presente año, se registran 113 personas que se han acogido al procedimiento de liquidación de bienes, siendo los meses de marzo y abril, los que han concentrado el mayor número de procedimientos (40 y 30 personas respectivamente).

Sin embargo, los números que presenta la región de Coquimbo son para los expertos, sólo un anuncio de lo que se vendría más adelante, pues las actuales cifras no estarían mostrando aún toda la realidad que, en este caso, está dejando la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, si acaso un efecto más profundo de lo que dejó el estallido social.

Aún no viene la peor

Para peor, estos números llegan cuando Chile presenta una altísima tasa de endeudamiento y morosidad (casi 5 millones de personas se encuentran en esta última condición en el país), lo cual, sumado a la previsible pérdida de puestos de trabajo producto del parón económico generado por la pandemia, muestran un escenario futuro preocupante.

Al respecto, Mario Espinoza, abogado y gerente general de Defensadeudores.cl, explica que las cifras de quiebras “eran esperables”, pues “son efectos de una morosidad y un endeudamiento que se arrastraban a nivel de empresa, preferentemente en las pymes, y en personas desde hace por lo menos, un año hacia atrás, y que se ve también aumentado con la crisis social de octubre de 2019”.

A juicio del profesional, dado los procesos que conlleva el procedimiento de insolvencia y liquidación de bienes y activos, recién los efectos en los números se verían “en el último trimestre de este año, y con fuerza”.

En efecto asegura, “los números van a empeorar y los procedimientos de quiebra van a aumentar en una proporción mucho mayor a la que muestran hoy día los números de los primeros cuatro meses de este año”.

Instrumentos de ayuda

Para el gerente de Defensadeudores.cl, las dificultades económicas, el aumento del desempleo y la alta morosidad de la población, generan lo que Espinoza denomina una “tormenta perfecta” para el panorama económico del país. “Vemos que para este año, toda las proyecciones hablan de un decrecimiento económico”, señaló, sumado a un eventual desempleo que, según proyecciones oficiales, podría alcanzar el 18%.

En ese sentido, el abogado de Defensadeudores.cl recordó que la Ley 20.720 de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, está disponible para quienes hoy se hayan ante la amenaza de la quiebra de su empresa o la insolvencia personal producto de esta crisis.

Cabe recordar que esta legislación contempla los dos procesos: Liquidación, que es la entrega de los bienes de la pyme, para que con el producto de la venta de ellos, se paguen los acreedores en el orden y la forma que la Ley establece; y Reorganización, que es un procedimiento, por medio del cual una empresa le propone a sus acreedores una forma diferente para el pago de sus créditos, los cuales deben votar si aprueban o rechazan la propuesta.

Espinoza explica que quienes pueden acudir a estos instrumentos van desde simples personas hasta un trabajador dependiente, un profesional a honorarios, una dueña de casa o un pensionado.

“Para las empresas el procedimiento también cambió y se facilitó haciéndolo más rápido, más efectivo y más simple, y eso también generó facilidades y ahorro en tiempo y en recursos”, indicó.