Actores del agua por nuevo ministerio: es un “primer paso” para fortalecer la gestión del recurso

Mientras los contagios por coronavirus no dejan de aumentar en el país y nos enfrentamos a una ola más agresiva que la del año pasado, existe otra epidemia más “silenciosa” pero igual de peligrosa, sobre todo, al largo plazo: la sequía.

Fenómeno al que nuestro país ha hecho frente en los últimos años bajo el marco de una institucionalidad que se caracteriza por la dispersión de instrumentos y servicios para enfrentar la crisis hídrica, factor que muchos consideran un obstáculo al momento de abordar este problema, dificultad que se espera pueda verse agravada en los próximos años debido al cambio climático.

Sin embargo, ello podría cambiar de aquí en adelante, pues el gobierno dio un paso adelante en esta materia, y este jueves, con la firma del Presidente Sebastián Piñera, se presentó un proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, que incluirá la futura Subsecretaría de Recursos Hídricos, y cuyo fin es, justamente, fortalecer la institucionalidad para impulsar el acceso al agua.

En la oportunidad, el primer mandatario justificó este proyecto señalando que el país lleva sufriendo 12 años de sequía, “la peor sequía desde que se tienen registros. (…) Estamos viviendo un periodo muy complejo”, aseguró, y ratificó que “la institucionalidad que se hace cargo del tema agua está dispersa, diseminada en muchos ministerios y, muchas veces, su actuación se duplica, no se coordina, se sobrepone”, explicó.

En efecto, según el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, actualmente existen en el país 43 instituciones en el Estado que tienen alguna relación con la materia hídrica, “y tal  como lo han mostrado estudios del Banco Mundial y de la OCDE, su acción es descoordinada, no tiene un liderazgo claro, y por eso es necesario que tengan una manera de actuar en conjunto”.

La nueva institucionalidad

El nuevo organismo que pretende regir el uso y aprovechamiento del agua tiene su origen en octubre del año 2019, cuando el Presidente Piñera creó la Mesa Nacional del Agua, instancia público-privada conformada por representantes de la sociedad civil, gremios, el Congreso y el Gobierno con el objetivo de buscar soluciones de mediano y largo plazo.

A partir del diagnóstico realizado por la Mesa, se propuso la creación de una nueva institucionalidad hídrica, con el nuevo Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos y la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

Como se explicaba en párrafos anteriores, el objetivo de esta subsecretaría es crear una institución rectora que pueda orientar una política hídrica de Estado de largo plazo, que sea estable y de respaldo transversal.

Pero además de la subsecretaría, se creará una nueva estructura institucional conformada por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, como órgano asesor del Presidente; la Comisión de Ministros de Recursos Hídricos, una instancia de coordinación interministerial en temas de agua; un Comité Técnico de Recursos Hídricos, para coordinar la gobernanza del agua a nivel nacional; y el Panel de Expertos de Recursos Hídricos, para generar recomendaciones técnicas previo a las decisiones de la Dirección General de Aguas.

Un cambio necesario

Para los actores regionales del agua, en tanto, la modificación propuesta por el Gobierno va en una línea correcta de consolidar una suerte de órgano rector que pueda establecer de manera eficiente y sobre todo, coordinada, las políticas de uso y aprovechamiento del agua, un tema no menor en una región como Coquimbo, gravemente afectada por la crisis hídrica.

En ese sentido, protagonistas esenciales de la gobernanza actual del agua son las juntas de vigilancia.

Así, para Alejandra Marín, gerenta general de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, “es positivo que el tema de los recursos hídricos se eleve a un nivel superior que es a nivel de ministerio”.

“Hay que estar a altura de este desafío, que significa que cada vez tenemos menos agua pero cada vez se demanda más agua, la oferta es menor a la demanda, por lo que hay que buscar a través de los medios que entregue la institucionalidad, además de medidas de corto y  mediano plazo, un uso más sostenible y eficiente del agua”, agregó.

Por su parte, Luis Lohse, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Choapa, apuntó a la posibilidad de que este nuevo organismo ayude a combatir la burocracia existente que caracteriza en Chile la legislación sobre el agua.

Ello, pues “Chile es uno de los países más afectados del mundo por el cambio climático, y dentro de Chile, la Región de Coquimbo es la más afectada, y dentro de la región, la provincia del Choapa es la más azotada por la sequía. Entonces lo que se viene es crítico”, señala.

A su juicio, “a lo que debe apuntar la subsecretaría es que ésta debe ser mucho más resolutiva y tener modalidades mucho más rápidas para abordar la temática hídrica”, indicó.

Por su parte, desde el mundo agrícola, el presidente de la Sociedad Agrícola del Norte (SAN), José Corral, consideró como “muy positivo que hoy día podamos fortalecer el uso, la eficiencia y la disposición del recurso hídrico en una sola institución, ya que actualmente teníamos que recurrir como agricultores, a más de 20 instituciones ligadas al recurso hídrico”, señaló.

Para el dirigente gremial lo importante, además, es que la creación de esta nueva institucionalidad “traiga un impulso, no solamente en lo que es la administración y la gestión, sino que también que venga con recursos propios para poder enfrentar el desafío de la sequía permanente en nuestra región, y para eso necesitamos generar nuevas fuentes de abastecimiento, una gestión integrada de las cuencas y una mejora continua en todo lo que tiene que ser el recurso hídrico”.

Visión de los territorios

En efecto, uno de los últimos puntos expresados por José Corral – el manejo de las cuencas- es, para otros actores ligados al agua, un punto a tener en cuenta por esta nueva legislación. En otras palabras, se trata de incorporar la mirada de los territoritos en las políticas de gobernanza del agua.

Así lo expresa el académico de la Universidad de La Serena, Pablo Álvarez, director de PROMMRA y también del Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitai Anko. “Lo que yo esperaría, aunque esos procesos son más o menos lentos, es que junto a la institucionalidad que se crearía, exista también una orientación muy clara hacia la seguridad hídrica de todos los actores y sistemas que funcionan ligados al recurso hídrico. Es decir, que hubiese una institucionalidad a escala de las cuencas y que por lo tanto, dado esta ‘escala-cuenca’, esto no derive hacia una centralización aún mayor”, expresó el experto.

Y es que a juicio de Álvarez, “es en los territorios donde se hace finalmente la gestión de los recursos hídricos. Esas son las cuencas”. Por eso espera que se fortalezcan otras formas de gestionar el recurso hídrico “con mayores atribuciones, mayores recursos, y mayores medios a nivel de los territorios, porque si no, significa que en el fondo, creamos institucionalidad para centralizar”.

En efecto, para la gerenta general de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, Alejandra Marín, es importante que “se mejore el reparto de funciones que hay en torno a los recursos hídricos, y que ello se haga desde la realidad, tomando en cuenta la particularidad y realidad de cada cuenca. Y cuando yo hablo de las particularidades de cada territorio, en el caso del valle del río Elqui, eso tiene que ver con se reconozca su vocación agrícola. Eso hay que tenerlo presente”.

Otras alternativas

Si bien la propuesta del gobierno tiene, en primera instancia, un alto respaldo, de todas maneras no dejan de apreciarse otras alternativas que, al menos a futuro, podrían estudiarse y avanzar así hacia manejos más “complejos” del recurso hídrico.

Así lo indica por ejemplo, el presidente de la Asociación de APR del Limarí, Luis Alfaro, quien, se bien valora positivamente la propuesta del Ejecutivo, su mirada apuntaba más bien hacia la creación “de un Ministerio del Agua, con el cual, podríamos trabajar con mejores perspectivas, porque son muchos los servicios que tocan la problemática del agua”.

También, el diputado Matías Walker, miembro de la Mesa Nacional del Agua, se decantaba por una opción parecida. “Yo hubiese preferido una Agencia Nacional del Agua, que fuese autónoma, con patrimonio propio, con autonomía desde el punto de vista técnico, algo similar a la agencia nacional de educación por ejemplo, o al Banco Central. Y que tuviera un componente más técnico que político. Pero bueno, entendemos que la situación presupuestaria del país por la pandemia conspiraba contra esa alternativa. De todas formas, la creación de un ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, me parece un gran avance”.

Mirada semejante tiene el presidente de los APR del Limarí. “Al menos se está iniciando algo para poder gestionar el agua. Es mejor partir de algo concreto y desde allí, poder avanzar hacia algo mayor y encontrar así, soluciones a este tema que nos tiene en una situación crítica”, afirmó.