Una agitada jornada se espera para hoy, cuando a eso de las 08.30 horas, vía telemática, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, Coeva, liderada por el delegado presidencial, Pablo Herman, de inicio a la sesión extraordinaria convocada por éste para tratar y votar el proyecto minero-portuario Dominga.
En efecto, la iniciativa impulsada por la empresa Andes Iron, tendrá una jornada clave el día de hoy, luego de que este lunes, el propio Herman asegurara que “daría mandato” a la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta, en cuanto a someter a votación el proyecto minero ligado a la familia Délano.
“El tribunal ambiental dictaminó que el proyecto Dominga vuelva a la región para su votación. Cabe recordar que este proyecto ingresó al Sistema de Evaluación y está siendo revisado con estrictos criterios técnicos como es propio de este tipo de iniciativas”, afirmaba la autoridad Herman. “Así lo ha pedido la justicia”, agregó.
Fallo a favor
Lo cierto es que la tensión en el ambiente ha comenzado a ser palpable desde que el 16 de abril pasado, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, -instancia en la que se hallaba el proyecto para su estudio luego de que la Corte Suprema acogiera tres recursos de casación en contra de Dominga, ordenando a dicho tribunal conocer y decidir sobre “el fondo” (es decir, sobre los aspectos ambientales y técnicos) de lo que reclamaban diversas organizaciones ambientalistas- resolviera acoger la reclamación a favor del proyecto minero portuario.
“La sentencia del tribunal ambiental establece inequívocamente que los antecedentes aportados por el titular del proyecto son suficientes y completos, y que el proyecto Dominga da cabal cumplimiento de las normas ambientales vigentes que regulan la evaluación jurídica y técnica de este tipo de proyectos”, señalaron desde la empresa en su oportunidad.
A partir de ese momento aquellas agrupaciones que han manifestado su apoyo a la iniciativa minera comenzaron a desarrollar una serie de manifestaciones a favor del proyecto que incluyeron movilizaciones y “caravanas” que partían desde la comuna de La Higuera –eventual sitio del emplazamiento de la mina– hasta llegar a La Serena.
El objetivo era poner de manifiesto la necesidad y la urgencia de avanzar en la tramitación del proyecto atendiendo el contexto económico por el que atraviesa la región producto de la pandemia, con tasas de desempleo que aún se mantienen altas, si bien son menores a las registradas en plena crisis sanitaria en 2020.
En todo caso, quienes defienden la instalación de Dominga en la comuna de La Higuera, argumentan que en 2016 se suscribió un Acuerdo Marco, a través del cual Andes Iron reconoce a los habitantes de dicha comuna el derecho a percibir los beneficios económicos de la explotación del mineral, así como también oportunidades de trabajo y desarrollo que según ellos, se abren con la ejecución de la iniciativa.
Otro paso se dio el 8 de julio pasado, cuando más de un centenar de organizaciones sociales y gremiales de La Higuera firmaron una declaración a favor de Dominga, en la cual además, solicitaban formalmente, al ahora delegado presidencial, Pablo Herman, citar a la Comisión Regional de Evaluación Ambiental para evaluar la iniciativa minera.
“Quienes suscribimos esta declaración representamos voces del sentir mayoritario de nuestra comuna, la que ha sido testigo de las trabas que han impulsado grupos que se oponen al desarrollo sustentable de La Higuera y de la región. En nuestro caso, siempre respaldaremos proyectos que cumplan con la institucionalidad ambiental” señalaban las organizaciones firmantes, ahondando más la brecha que separa a quienes respaldan de quienes rechazan el proyecto.
Ello sin olvidar que días antes, el propio alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, había solicitado también al gobierno agilizar la tramitación del proyecto Dominga.
Detractores
Tal como se mencionaba en párrafos anteriores, desde que se dio a conocer el fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que anulaba las resoluciones de 2017 del Consejo de Ministros y de la Comisión Ambiental que rechazaban el proyecto, y ordenaba por tanto, que se volviera a votar en la Coeva, las reacciones no se hicieron esperar.
En ese sentido, las agrupaciones ciudadanas que han manifestado su rechazo a Dominga, lamentaron que la decisión del tribunal no se ajustara a lo solicitado por la Corte Suprema en cuanto a referirse al “fondo” del tema y por el contrario, haber hecho una “evaluación de impacto ambiental paralela”.
Bajo ese escenario, en el mes de mayo estas organizaciones agrupadas en la Alianza Humboldt interpusieron un recurso de casación ante la Corte Suprema con la finalidad de que el máximo tribunal se pronuncie sobre la decisión adoptada por el Tribunal Ambiental.
Y como muestra de la polarización que detallábamos al inicio, cabe recordar que el mismo día en que Alianza Humboldt daba cuenta de la presentación del recurso, hasta La Serena llegaba una de las tantas caravanas pro Dominga que pedía la pronta concreción de la iniciativa que es vista como la única alternativa posible para enfrentar el desfavorable escenario económico.
No obstante, el anuncio del delegado presidencial Pablo Herman, de convocar una sesión extraordinaria para hoy con el fin de votar el proyecto, fue rápidamente objeto de fuertes críticas por parte de las organizaciones ambientalistas.
Ezio Costa, abogado de Alianza Humboldt, calificó esta votación como una “maniobra desesperada” por parte del gobierno, agregando que “no corresponde que se haga esta votación mientras estén pendientes los recursos de casación ante la Corte Suprema, los cuales podrían dejar sin efecto de manera inmediata cualquier acuerdo al que llegue la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo”, afirmó.
Próximos pasos
En ese sentido, desde Alianza Humboldt insistieron que independiente del resultado de la votación de hoy, el proyecto aún no se puede considerar como aprobado, restando aún otras instancias de reclamación al cual se pueden acudir en caso de ser necesario.
Una opinión similar tiene el abogado Juan Carlos Manríquez, quien sostiene que “ya sea que se apruebe o se rechace, seguro habrá reclamos de ambas partes interesadas, y más aún porque hay recursos pendientes, según se ha dado a conocer. Quizás se vuelva a debatir si la evaluación de Dominga se hizo o no de forma correcta, siguiendo una sentencia previa de la Corte Suprema”, comentó.
En ese sentido dice, resta por dilucidar si el Tribunal Ambiental “sólo revisó la legalidad de la actuación del Comité de Ministros, que rechazó el proyecto, o fue más allá de su competencia”. Un tema que como dijimos anteriormente, está en manos de la Suprema.
Gobernadores regionales sacan la voz
A propósito de la votación de hoy, la Asociación de Gobernadores Regionales, emitieron un comunicado en el cual exigen que se reconsidere el dictamen de la Contraloría que, con fecha 2 de julio, y “con una argumentación bastante débil y contradictoria”, determina que un Delegado Presidencial asuma la que debiese ser labor del Gobernador Regional.
En el escrito, las autoridades regionales realizan un análisis de lo dictado por Contraloría que la lleva a concluir que “la Coeva debe ser encabezada por los delegados presidenciales, toda vez que el Gobierno Regional participa en una etapa previa”.
“Dicha determinación nos hace revisar qué es lo legal y lo legítimo en este tipo de materias. ¿Es pertinente que los destinos medioambientales de una región queden en manos de un gobierno saliente?, o es legítimo que quienes fuimos electos democráticamente en las urnas, es decir, los gobernadores y gobernadoras regionales lideremos dicha instancia, dado que, tal como lo plantea el nuevo artículo 111 de la Constitución, la administración superior de cada región reside en un Gobierno Regional, constituido por un Gobernador y el Consejo Regional”, se cuestiona en el comunicado.
En ese sentido, las autoridades calificaron a Dominga como un “claro ejemplo de centralismo, el conflicto de intereses e influencias en materias medioambientales, económicos y sociales”, los cuales deben ser revisados de cara a la ciudadanía con mayor participación, pero sobre todo “representatividad, y esa reside en estos 16 nuevos gobiernos regionales que buscamos la descentralización, la regionalización y la profundización democrática”.
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