Desocupación regional registra nueva alza por la crisis y alcanza ya el 9,5%

Tal como se esperaba, el desempleo en la región de Coquimbo presentó una nueva alza durante el trimestre móvil enero-marzo.

En vísperas del Día del Trabajador, el informe del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, indica que la tasa de desocupación alcanzó el 9,5%, cifra bastante elevada, que representa un aumento de 0,7 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil inmediatamente anterior, y de 2,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo período respecto a 2019.

Si bien se registró también un aumento los ocupados – con 3.210 personas más que están trabajando - el aumento de la fuerza de trabajo fue mucho mayor al aumento de los ocupados. En ese sentido, el aumento de ocupados muestra una curva decreciente desde el trimestre octubre-diciembre de 2019 hasta ahora.

En tanto, los rubros productivos que más descendieron durante los últimos 12 meses fueron el Comercio, donde hubo una pérdida importante de puestos de trabajo - 9.570 empleos perdidos durante los últimos 12 meses - y en segundo lugar, la Industria Manufacturera actividad en la que se perdieron 5.310 empleos durante el mismo período.

Para el seremi del Trabajo, Matías Villalobos, el origen de estos números son claros: el estallido social y por supuesto, la pandemia de coronavirus que ha venido a profundizar la caída que ha sufrido la economía regional y nacional.

Futuro incierto

En efecto, según explica el titular regional de la cartera, las cifras de cesantía que se presentan en la región “coinciden un poco con los números que dio a conocer hace algunas semanas la ministra del Trabajo, María José Zaldívar en relación a las cartas de despido informadas por la Dirección del Trabajo, donde solo en el mes de marzo en la región de Coquimbo, tuvimos 9.018 cartas de despido notificadas en la Dirección del Trabajo”.

Villalobos ratifica que estas cifras muestran “un aumento significativo. Pero sabíamos que esta situación iba a ser así, porque estamos pasando por meses muy complejos, muy difíciles”.

En ese sentido, el seremi del Trabajo no descartó que, eventualmente, el escenario laboral en los próximos meses podrían mostrar números más desalentadores dependiendo de la evolución por cierto, que presente la pandemia del coronavirus y los efectos positivos –o no- que puedan mostrar las herramientas implementadas por el ejecutivo para enfrentar la crisis.

“Lo que nosotros esperamos es que esta cifras de desempleo, no sigan aumentando de forma considerable. Sabemos que pueden seguir aumentando pero esperamos que las herramientas que estamos entregando puedan ser bien utilizadas por los trabajadores y por sus empleadores para, eventualmente, suspender la relación laboral y no necesariamente tener que terminar con el vínculo laboral”, indicó Villalobos.

Al respecto, el seremi del Trabajo asegura que como gobierno, “estamos haciendo un tremendo esfuerzo para que los efectos negativos sean algo temporal en la economía”, con el fin de que durante el segundo semestre de este año o en los primeros meses de 2021, se pueda registrar un repunte significativo en materia productiva, y que permita detener la pérdida de puestos de trabajo.

Empresas

En ese sentido, cabe recordar que en la región de Coquimbo, han sido 1.600 las empresas que se han acogido a la ley de protección del empleo, iniciativa promulgada hace unos días por el Congreso y que dice relación con la posibilidad de suspender el contrato de trabajo ya sea por un acto de autoridad o un acuerdo entre las partes, lo que además, se traduce en 8.700 trabajadores acogidos bajo esa normativa en la región.

Sobre ello, el seremi Matías Villalobos indicó que la gran mayoría de estas empresas que se han acogido a la ley, la mayoría están ligadas al rubro Comercio “que se ha visto muy afectado, así como la industria manufacturera en gran parte las micro, pequeñas y medianas empresas”.

En efecto, cabe recordar que esta legislación no discrimina por tamaño de empresa, por lo tanto, cualquiera, independiente de del grueso de sus ventas, pude acogerse a la ley.

Eso sí, debe demostrar primero que ha sido total o parcialmente, afectada por la emergencia sanitaria.

“Aquellas empresas que hagan un uso malicioso de esta normativa para obtener algún tipo de beneficio económico, van a ser investigadas. De hecho, se pueden hacer denuncias a la Dirección del Trabajo, la cual, va a estar fiscalizando. Eventualmente, además de las sanciones pecuniarias que establece la ley que son en beneficio fiscal, también puede haber sanciones de carácter penal en contra de los representantes de la empresa que maliciosamente haya hecho uso de esta normativa”, señaló Villalobos.

Menos despidos

Cabe recordar que la ley de protección del empleo nace como una iniciativa que, como se menciona más arriba, entrega una serie de opciones al trabajador y empleador, para no afectar el vínculo laboral, y con ello, evitar, producto de la crisis, un aumento descontrolado del desempleo.

“Sabemos que van a seguir existiendo efectos negativos a raíz de esta emergencia pero queremos que no necesariamente se termine la relación laboral, sino que eventualmente, se pueda pactar una suspensión o bien una reducción temporal de la jornada de trabajo y que en definitiva, implique mantener el vínculo laboral”, señala la autoridad, aunque eso sí recuerda, “el empleador tiene la obligación de seguir pagando las cotizaciones previsionales y de salud, y por otro lado, el trabajador recibe sus ingresos con cargo al fondo de cesantía”.

Al respecto, Villalobos recuerda que bajo el tiempo que dure la emergencia sanitaria, se prohíbe a los empleadores despedir invocando la causal de caso fortuito o fuerza mayor en relación al COVID-19.

“Con esto se intenta proteger a los trabajadores en el sentido de que, si un empleador tiene que tomar la difícil decisión de terminar la relación laboral con alguno de sus trabajadores podrán invocar algunas de las otras causales del código del trabajo, como pueden ser necesidades de la empresa, en cuyo caso, implica pagar todas las indemnizaciones y cualquier otra prestación de carácter laboral o previsional adeudada”, aseveró el seremi.