Dominga: Corte rechaza recurso de protección que buscaba anular Coeva

A fines de septiembre pasado, la Corte de Apelaciones de La Serena admitía a trámite un recurso de protección presentado por la ONG Oceana, cuyo fin era declarar ilegal la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, Coeva, que aprobó el proyecto minero-portuario Dominga el 11 de agosto pasado.

En el escrito, se pedía a la Corte de Apelaciones que suspendiera el procedimiento mientras la Corte Suprema no resolviera los recursos de casación pendientes que buscan invalidar la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que ordenó precisamente, que el proyecto Dominga, se volviera a votar.

No obstante, este lunes, la corte se pronunció en contra de este recurso y rechazó la acción interpuesta por Oceana.

Entre lo expuesto para rechazar el recurso de protección, la corte recordó que la sentencia del Primer Tribunal Ambiental y que incide en el proyecto Dominga, es objeto “de impugnación ante la Excelentísima Corte Suprema, encontrándose pendiente de resolución sendos recursos de casación en la forma y en el fondo sometidos a su conocimiento, circunstancia que además es de público conocimiento”.

Además, el fallo establece que, ante lo que atañe lo dictado por el Primer Tribunal Ambiental, así como frente a lo que dice relación a los recursos en que se pretende su invalidación, “ya se encuentra en conocimiento actual de la Excelentísima Corte Suprema, de lo que se sigue que el presente recurso de protección no pueda prosperar por no existir la necesidad de tutela urgente que por esta vía puede ser dispensada, puesto que esa tutela judicial ya está siendo atendida por el sistema judicial”.

Critica a la Corte Suprema

El fallo llega a horas de la audiencia de conciliación que citó para hoy, 12 de enero, la Tercera Sala de la Corte Suprema por el caso del proyecto Dominga.

En ese sentido, organizaciones vecinales, ambientales y en general, la comunidad afectada por el proyecto expresaron su preocupación al máximo tribunal por el llamado a conciliar entre la empresa, los abogados representantes de las organizaciones y personas involucradas en el proceso y el gobierno.

A través de una carta dirigida al presidente de la Tercera Sala, Sergio Muñoz, plantearon que el llamado a conciliación resulta improcedente, pues en este caso, no le corresponde  a las partes de un juicio definir la legalidad –o no – de un acto de la administración pública, como es en este caso, la decisión del Comité de Ministros que en 2017, rechazó el proyecto por sus falencias técnicas y ambientales. 

En la carta, las comunidades recalcaron que la evaluación ambiental del proyecto además, fue incompleta e insuficiente en lo relativo a los impactos en los ecosistemas marinos y terrestres, por lo que “la autorización para operar que se entregue a un proyecto con tales deficiencias representa un riesgo inaceptable al valioso y frágil ecosistema de la comuna de La Higuera, que pone en riesgo nuestro sustento material, social y cultural”.

En ese sentido, expresaron su desconfianza y preocupación de que el proyecto sea “arreglado” y finalmente se le dé luz verde a la minera que considera dos rajos abiertos, una planta desaladora y un terminal portuario, con una vida útil de 25 años en medio de una zona de gran riqueza natural.

Junto con llamar a cautelar el interés público – al haberse presentado recursos de casación de forma y fondo -  enfatizaron que cualquier modificación al proyecto Dominga debe pasar sí o sí “por un proceso de evaluación ambiental de acuerdo a la ley”.