Golpe a las Pymes y más desempleo: las consecuencias de un eventual segundo estallido

Las manifestaciones registradas este lunes por la tarde en La Serena y en otras ciudades del país, como Santiago, con un saldo de daños materiales en ornato y mobiliario urbano, se convirtieron para muchos en un eventual aviso de lo que podría ser este mes, marcado por dos hechos trascendentales: el primer aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019, y el plebiscito constitucional del día 25.

Sin embargo, para ser justos y claros, es el primer episodio- el estallido– el que genera una real preocupación, pues aún están en la retina los hechos de violencia y daños a la propiedad pública y privada que en más de una alguna ocasión, ensombrecieron a las multitudinarias manifestaciones ciudadanas de octubre y noviembre pasado.

Por eso, en el plano económico, un retorno de esa ola de violencia es vista sin duda, como un freno al proceso de recuperación de la actividad productiva, la cual por lo demás, ha debido enfrentar los efectos de la pandemia, condición que a muchos rubros los tiene conectados a un verdadero “respirador artificial”.

La ocurrencia pues, de un segundo estallido social genera profunda preocupación, en donde nuevamente, las pymes y el empleo, pueden ser los damnificados por una vuelta de la violencia.

María Inés Figari, presidenta de la Multigremial de la Región de Coquimbo sostuvo al respecto, que un segundo estallido “sería un hecho catastrófico para las pymes, porque ya han quebrado algunas, otras están saliendo a flote, hay algunas que sufrieron daños irreparables en sus instalaciones y también pymes que no pueden abrir por la pandemia”.

La dirigenta del gremio regional se mostró de acuerdo con proponer cambios y manifestarse pacíficamente, pero aclaró que “otra cosa muy diferente es el terrorismo de algunos grupos que como dice la palabra, infunden miedo y su único objetivo es que el país esté destruido. Las pymes no resistirán una nueva ola de violencia, ya lo hemos dicho, no queremos más violencia venga de donde venga, porque no lleva a ninguna parte”.

Pagar un alto costo

Desde el mundo de los economistas, el economista Marcelo Olivares, aseguró que en la eventualidad de un segundo estallido social las pérdidas podrían cuantificarse  en la medida de que retornen las restricciones al desplazamiento de personas producto de, por ejemplo, la permanencia de los toques de queda, “especialmente considerando que empezamos a acercarnos a la temporada alta del sector comercio, hoteles y restaurantes, el cual ha sido de los más afectados por el estallido social y actualmente la pandemia, y el que emplea la mayor parte de la población regional”, indicó.

Por su parte, Sergio Zúñiga, académico de la Universidad Católica del Norte, afirmó que la situación del país, marcada por el estallido y por la pandemia, “es compleja frente a un nuevo eventual estallido social”.

“Existen estudios que estiman en alrededor de 14 mil millones de dólares las pérdidas por la crisis del 18 de octubre pasado para el país (LyD). La actual crisis por el COVID-19, en la cual nos encontramos aun, hace todavía prematuro realizar estimaciones, aunque claramente los costos finales de ésta crisis sanitaria serán muy superiores a la crisis social de fines del año pasado”, aclaró.

Es así como para la región, una nueva espiral de violencia similar a la de fines del año pasado, “traería probablemente pérdidas en producción de bienes y servicios, y daños a la propiedad pública y privada que son difíciles de proyectar, ya que dependerá de la magnitud y extensión en el tiempo de estas”, señaló el experto.

En tanto, Marcelo Olivares coincide en que el costo para la economía regional de una nueva ola de violencia sería bastante alto, pues a nivel general “traería una mayor incertidumbre en torno a la evolución del proceso constituyente y la capacidad del gobierno de conducirlo de manera exitosa, lo que genera mayores costos de inversión y la postergación de decisiones de consumo de bienes durables”.

Efectos en el empleo

En ese sentido, reiteró que las áreas que podrían verse más afectadas por nuevos hechos de violencia, serían en lo inmediato el sector comercio, hoteles y restaurantes, y posiblemente la provisión de ciertos servicios como servicios financieros y/o logísticos, “considerando las disrupciones que se suceden con este tipo de hechos”.

Sin embargo, hay un efecto que no debe dejarse de lado en todo este análisis: el empleo.

Y es que la Región de Coquimbo es hoy la segunda región con la mayor tasa de desocupación del país, alcanzando el 15,8%, cifra que no incluye a quienes se mantienen con sus contratos “suspendidos” o quienes han salido de la fuerza laboral.

¿Cómo podría comportarse este ítem en caso de un nuevo estallido?

Pues no se descarta que en caso de volver a registrarse ataques a locales comerciales, sumadas nuevas restricciones, las cifras de desempleo podrían aumentar, en la medida también, en que los empresarios reduzcan sus expectativas de que se retorne a la normalidad en un plazo breve.

El académico Sergio Zúñiga aseguró de hecho, que “son muchos los empresarios que están manteniendo trabajadores esperando poder retornar a la normalidad en breve, pero si las expectativas de desvanecen, sin duda esto afectará al empleo formal. El comercio local sin duda es uno de los sectores más vulnerables a una nueva ola de violencia”.

Olivares, advierte a su vez, que el empleo podrá verse afectado “especialmente si no existen señales claras desde el gobierno de ser capaz de sintonizar con las demandas sociales y el manejo de la crisis institucional”.  

“En el mediano plazo”, agregó, “de persistir estos hechos y los abusos policiales, se va erosionando la imagen de Chile como un país seguro, y en eso la responsabilidad es de todos y todas”.

Orden con reformas

Por eso, a juicio de los expertos, clave es la actuación que tenga la autoridad para detener cualquier atisbo de rebrote la violencia. Sin embargo, aclaran que cualquier estrategia tiene que cumplir con ciertas condiciones.

Por ejemplo, a juicio del economista Marcelo Olivares, el rol de la autoridad, dentro de su mandato constitucional, “es mantener el orden público respetando los derechos humanos. No obstante, es importante hacerlo entendiendo el contexto político y la sensibilidad social que existe en relación al proceso histórico que está por iniciarse”.

En esa misma línea, Sergio Zúñiga afirmó que “el Gobierno y el Congreso en algún momento deben lograr acuerdos que, por una parte contengan la violencia, y por otra parte promuevan los grandes cambios que el país requiere para reducir los abusos y las desigualdades de trato”.