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Alejandro Pizarro
Este miércoles, en la Comisión de Constitución, proseguirá la discusión en torno a la iniciativa que busca reformar la carta fundamental para establecer –por una sola vez – un gravamen a los patrimonios más altos del país. En todo caso, a este proyecto, impulsado por la diputada Camila Vallejo, se suman otras iniciativas, como la que apunta a gravar las ganancias y a terminar con las exenciones tributarias existentes.

Este miércoles, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados volverá a ser el centro de debate y análisis de un proyecto que pretende implementarse a propósito de la delicada situación económica que ha generado la pandemia en el país.

Se trata del llamado impuesto “a los súper ricos”, iniciativa que busca aplicar –por una sola vez -  un gravamen de un 2,5% a patrimonios igual o superiores a los 22 millones de dólares con el objetivo de redestinar mayores recursos para enfrentar la crisis económica y social que se vive por la pandemia de coronavirus.

De aprobarse esta moción parlamentaria, que ha sido impulsada dentro de la comisión de Constitución, por la diputada del PC, Camila Vallejo, se proyecta que se podrían albergar recursos al fisco equivalentes a 6.500 millones de dólares, recursos que irían destinados a implementar políticas públicas de emergencia social y económica, tales como una Renta Básica de Emergencia, que iría al 80% de los hogares más vulnerables, por 3 meses, sin distinguir entre trabajadores formales e informales. Ello beneficiaría al menos, a 11.500.000 personas.

Ahora bien, desde su presentación, la iniciativa ha sido objeto de encendido debate entre quienes la apoyan y quienes se manifiestan en contra. Incluso, existen otras propuestas en una línea parecida, como el proyecto impulsado por algunos diputados de Unidad Constituyente, apoyados por el ex ministro de Hacienda del segundo gobierno de Bachelet, Rodrigo Valdés, quienes proponen un impuesto a las ganancias del capital y terminar con varias exenciones tributarias.

Para el diputado de la DC, e integrante de la comisión de Constitución, Matías Walker, si bien pueden existir distintas fórmulas para recaudar más recursos, todas tienen en común, “que las personas naturales de más alto patrimonio hagan un esfuerzo especial para financiar una renta de emergencia durante la pandemia, un proyecto que cobra particular importancia ahora cuando en la Región de Coquimbo por ejemplo, la gran mayoría de las comunas están en confinamiento. Y todo indica que hasta junio vamos a estar en una situación muy difícil”, explicó.

A juicio de Walker, ya es hora “que el costo de la crisis no la sigan pagando los trabajadores, sino que la asuma el Estado (…) Es la hora de que haya un esfuerzo mayor y ese esfuerzo mayor tiene que venir de quienes tengan más alto patrimonio”.

 

Beneficio

Sin embargo, ante un proyecto como éste, ¿es factible establecer un impuesto especial a los patrimonios más altos del país, aunque sea por una sola vez? ¿Podría ser eficiente establecer este impuesto para enfrentar la pandemia? ¿Habría algún efecto en la economía?

Desde la academia, las miradas son claras: podría ser un beneficio, aunque ello no evitaría algunos inconvenientes.

Para Sergio Zúñiga, economista de la Universidad Católica del Norte, los impuestos “no son eficientes desde el punto de vista económico”, por cuanto lo que reciben los favorecidos siempre es menor de lo que pagan los perjudicados. “Hay una pérdida social en esto”, dice. Además advirtió, “este tipo de impuestos genera un claro impacto negativo en la inversión y en la creación de empleo”.

No obstante, para el experto, dadas las condiciones actuales del país, de pandemia y crisis social, “si la recaudación se destinara a financiar una renta básica de emergencia, es claro que el impacto social sería muy importante, al beneficiar a millones de chilenos de escasos recursos”.  Por ello dice, “si se trata de un impuesto temporal, si va acompañado de terminar con exenciones tributarias que favorecen a pequeños grupos, y se implementan medidas reales para aumentar la eficiencia en el gasto público, me parece que la medida es correcta”.

 

Otras alternativas

Por su parte, para Marcelo Olivares, economista del Instituto de Políticas Públicas de la UCN, la implementación de un impuesto temporal a los “súper ricos” si bien es factible, no es sencillo poder identificar la base sobre la cual se aplicarían dichos impuestos, dado que las fortunas de los llamados ‘súper ricos’ “no siempre es posible identificar su procedencia o existencia con facilidad, o corresponden a patrimonio invertido en instrumentos de gran liquidez o simplemente no se encuentran en el país. Todo esto implica un esfuerzo administrativo importante antes de poder generar la esperada recaudación”, señala.

De todas formas, para este experto, un impuesto a los altos patrimonios “sería más eficiente” que por ejemplo, un aumento del impuesto a la renta ya que a su juicio, este último podría generar distorsiones que afecten la actividad económica, “mientras que un impuesto sobre el patrimonio de los ‘súper ricos’ se aplicaría sobre su riqueza actual y no sobre la actividad económica”.

De todas formas, para el economista, no debe ser descartable la exploración de otros mecanismos que puedan aumentar la recaudación fiscal en tiempos de pandemia. Por ejemplo, las exenciones tributarias.

“Ello permitiría aumentar la base imponible, impuestos sobre herencias de alto patrimonio o sobre externalidades negativas como podría ser aumentar el impuesto a las emisiones de carbono o a productos con consecuencias negativas para la salud como el caso de aquellos con un alto contenido de azúcar”, indica.

 

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