Más de 600 contratos se han firmado en la región bajo la Ley de Inclusión Laboral

La promulgación de la Ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral es considerada como un verdadero hito en el ejercicio por la integración de este sector –el 16,7% de la población chilena –en el mundo del trabajo. 

Y es que dicha legislación aprobada en 2018, establece como principal obligación que todos los órganos públicos o privados que tengan una dotación anual de 100 o más trabajadores, a lo menos el 1% de la dotación anual deberán ser personas con discapacidad y/o asignatarias de una pensión de invalidez.

Ello ha permitido no sólo incorporar en las empresas y organismos del Estado a un grupo de chilenos que por esta condición, tenían grandes dificultades para acceder a un puesto laboral, sino que además, ya dentro de las organizaciones, su presencia ha ayudado a modificar sus respectivas culturas y modos de relación internas, mejorando el clima laboral e incidiendo positivamente en los índices de productividad de las empresas. 

En conversación con El Día, Francisco Subercaseaux, director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, citó de hecho, un estudio realizado por la Sofofa, que demostraba que “tener una persona con discapacidad en la empresa es positivo, porque esa persona de alguna forma, da un ejemplo al resto de perseverancia, y todos tienden a esforzarse más, generando un bien ambiente laboral y por ende, aumentos de productividad”, destacó.

Sector privado protagonista 

Al respecto, las cifras muestran un aumento sostenido de contratos bajo esta modalidad desde la promulgación de la Ley 21.015, incluso durante estos tiempos de pandemia, aunque evidentemente, a un ritmo menor. 

Según las cifras entregadas por el director de Senadis, en 2020 se registraron en el sector público 1.426 contratos vigentes con personas con discapacidad, mientras que el 2019 se registraron 1.262 personas contratadas.

Sin embargo, es el sector privado quien lidera las contrataciones de personas con discapacidad, ya que al mes de septiembre de 2021 se registraron 22.745 contratos vigentes anuales de este tipo. 

¿Y qué pasa en la Región de Coquimbo? Pues hasta el mismo mes de este año, los contratos bajo la Ley 21.015 suman un total de 608, representando el 2,7% de todas las contrataciones a nivel del país que se hicieron durante este 2021. 

“Lo positivo es que a medida que la ley se va implementando va a aumentando el número de empresas. De hecho los privados han aportado con la entrega de cupos laborales mucho más que los organismos públicos”, destacó Subercaseaux, quien explica que esto último se debe a la misma estructura laboral del Estado. 

“Sólo los ministerios con mayores servicios tienen más de 100 personas. Además, muchos de ellos, al tener dotación por planta que se rige por el Estatuto Administrativo, éstos tienen sus propias reglas y estamentos, y no se puede llegar y sacar a alguien por cumplir la ley. Tampoco se pueden ‘inventar’ por así decirlo, un cupo nuevo que antes no existía. Entonces hay que esperar la renovación natural de los cupos y ahí empezar a contratar”, agrega.

Gestor de inclusión 

Al cumplirse los tres años de vigencia de la Ley 21.015, y según establece la normativa, ésta se haya hoy sometida a evaluación.

Dicha evaluación, realizada por los ministerios del Trabajo, Desarrollo Social y Hacienda, dio origen a un informe que fue presentado al Congreso, a partir del cual  la Comisión de Trabajo del Senado está discutiendo un proyecto de ley que introducirá modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral (ver recuadro). 

Pero además, a partir de la aprobación de otra ley, la 21.275, a partir de noviembre del próximo año comenzará a funcionar en todas las empresas una figura denominada “gestor de inclusión”, y que sea experta en estas materias.

“Va a hacer una persona ubicado en los departamentos de Recursos Humanos de las empresas, cuyo objetivo será cambiar la cultura organizacional, porque hay empresas que nunca han tenido personas con esta condición, que no saben acercarse a la discapacidad ni qué lenguaje ocupar. De hecho, a través de ChileValora, se hizo un perfil de cómo deberá ser la persona que ocupe este cargo, ya que deberá tener la capacidad de cambiar toda la cultura organizacional de la empresa y que todos los procesos en su interior sean inclusivos”, señala el director nacional de Senadis.