Mejoras a la Ley de Protección al Empleo serán prioridad ante prolongación de emergencia

Junto con dar a conocer las cifras de su último IPoM, este jueves, el Banco Central presentó una encuesta realizada a 230 empresas de todas las regiones y de todos los sectores económicos del país que participan en su informe de Percepción Económica, que señala que, de aquellas que se habían acogido bajo la Ley de Protección al Empleo, casi la mitad de las consultadas aseguraba que ve complicado el poder reintegrar a sus trabajadores una vez que venza el plazo de la normativa.

La encuesta, realizada entre el 1 y el 8 de junio por el ente emisor, evidencia algo que, dada la coyuntura, ya se vislumbraba: el incierto futuro laboral de los más de 600 mil trabajadores que están bajo esta modalidad a raíz de la crisis sanitaria, incluyendo los 9 mil que se encuentran bajo esa normativa en la Región de Coquimbo.

En efecto, la prolongación de la crisis sanitaria en un periodo de tiempo mucho mayor a lo que inicialmente esperaban las propias autoridades, sumado a una tasa de cesantía bastante mayor a lo que se registra en las cifras oficiales -95% de quienes perdieron su trabajo, no están buscando empleo – proyectándose incluso, alcanzar una tasa de desocupación del 20%, hacen urgente perfeccionar la Ley de Protección al Empleo, tal como se definió en el acuerdo logrado entre el gobierno y la oposición.

Incluso, el propio gobierno, a través de la ministra del ramo, María José Zaldívar afirmó que este tema “es el más urgente” a solucionar.

Palabra clave: incertidumbre

Para el gobierno, la ley, vigente desde el mes de abril para evitar despidos masivos de trabajadores a raíz del parón económico generado por el coronavirus, ha sido de gran ayuda para los trabajadores.

Así lo señala el seremi del Trabajo, Matías Villalobos, quien asegura que esta normativa  “ha sido una muy buena alternativa para mantener los ingresos de los trabajadores y sus familias, con más de 9 mil trabajadores de la región de Coquimbo beneficiados por esta ley”.

Sobre sus actuales plazos, la autoridad regional sostiene que esta ley “tiene vigencia al menos hasta octubre; y mientras las medidas sanitarias continúen deberá aplicarse de pleno derecho la suspensión por acto de autoridad. Además cabe hacer presente que por acuerdo entre las partes pueden renovar los pactos de suspensión mientras esté vigente la presente ley”.

No obstante, para el director de la Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Norte, Pablo Pinto, la palabra clave es otra.

“Creo que el panorama que domina la economía ahora, generado por el tema sanitario, es la incertidumbre. Es decir, nosotros no sabemos en cuanto tiempo más se van a acabar todas las medidas que se están dictaminando, producto de las cuarentenas. Entonces bajo ese esquema de incertidumbre, a las empresas que se le consultan, una vez que finalice el plazo previsto por la ley, que era de unos tres meses, efectivamente ellos no están en condiciones de asegurar que puedan reintegrarlos”, afirma el académico.

Ante un escenario económico muy volátil y muy sensible ante la evolución de la pandemia, se hace difícil pues, pronosticar el fin de la actual situación, por lo que a juicio del académico, “de no poder las empresas reincorporar a sus trabajadores, eso sería extremadamente negativo para la economía y el empleo”.

Discusión parlamentaria

En ese sentido, Pinto recuerda que esta coyuntura laboral se explica por la gran cantidad de empresas – sobre todo de sectores como construcción, comercio, hotelería o restaurantes – que están virtualmente cerradas o paralizadas y por ende, sin liquidez disponible.

En ese sentido, el seremi Matías Villalobos reconoce que el panorama a corto y mediano plazo “sin dudas que será complicado”, pero aseguró que “como gobierno hemos tomado el compromiso de no abandonar a los trabajadores de nuestra región, por lo que el desafío es de trabajar para generar las condiciones de inversión, crecimiento y empleabilidad que permitan absorber los puestos de trabajo que se puedan perder”.

De momento, se espera que el proyecto que considera la extensión de ley y de otros aspectos como el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, sea enviado al Congreso en los próximos días.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, y parlamentario por la región, Jorge Pizarro, ratificó que las mejoras a esta legislación, “son una prioridad plasmada en marco de entendimiento con el Ejecutivo. Una de las características del trabajo es precisamente hacer de todas las medidas un plan que sirva de paraguas para llevar de mejor manera la emergencia sanitaria y sus consecuencias, donde la reactivación es esencial a través de la generación de empleo”.

En ese sentido, sostiene Pizarro, se propone, además de extender la protección del empleo, mejorar el seguro de cesantía, “siguiendo los mismos plazos de extensión que se establezcan a su vez en el proyecto de Ingreso de Emergencia. Se trata de medidas integrales y no aisladas como hasta ahora”.

Además explica, se espera fijar una tasa mínima de reemplazo mientras dure el IFE, equivalente a un 55% para todos los trabajadores, sean estos de contratos indefinidos o de plazo fijo, además de permitir que los ingresos por acceso al seguro de cesantía sean compatibles con el nuevo IFE.

Asimismo explica el senador, se pide incorporar medidas de flexibilidad para trabajadores cesantes, para aquellos que pierdan su trabajo habiendo hecho uso de la Ley de Protección al Empleo, “u otros que no cumplan beneficios actuales, pero que tengan recursos en sus Cuentas Individuales en el Seguro de Cesantía, para que puedan acceder a dichas prestaciones”, sostuvo, añadiendo que, ante la magnitud de la crisis, los tiempos de tramitación del proyecto deberán ser mucho más breves.