Seremi confirma que Ley de Riego quedó en “stand by” tras vencimiento de normativa

Este 4 de diciembre venció oficialmente la Ley 18.450, también conocida como Ley de Riego. 

Tal como explicó este lunes a El Día, el convencional constituyente por la Región de Coquimbo, Roberto Vega, “en estricto rigor la Ley de Riego no está vigente. Eso implica que todas las instituciones que están sujetas a ella, como la Comisión Nacional de Riego, el Consejo de Ministros, los bonos que están ejecución, se encuentran jurídicamente en el aire”.

“Jurídicamente se genera una situación bastante compleja para todos, porque esta normativa entró al Parlamento en marzo. Y que se haya tomado un tiempo excesivo en discutir, aquí los más complicados son los regantes, pues tenemos una cantidad importante de ellos y bonos que están en ejecución que en este minuto se encuentran en el aire”, agregó el convencional de Renovación Nacional, apuntando al atrasado que el proyecto ha tenido en el Congreso. 

Cabe recordar que para las organizaciones de regantes, la normativa se traduce en un apoyo de gran importancia, pues, a través de esta legislación, se busca englobar los nuevos desafíos de las condiciones de sequía extrema debido a la falta de precipitaciones, incorporando el uso de la tecnología, la eficiencia hídrica, la sustentabilidad de los recursos hídrico, además de considerar nuevas fuentes de agua.

Consulado por El Día, el seremi de Agricultura, Rodrigo Ordenes, confirmó que, efectivamente, la ley perdió su vigencia este pasado 4 de diciembre, “por lo que los procesos que le corresponden actualmente están en stand-by”.

Al respecto, la autoridad explicó que para la estrategia hídrica del ministerio, “es clave contar con la Ley de Riego, porque la existencia de este instrumento nos permite bonificar proyectos que aportan enormemente al desarrollo del sector agrícola de la región, quienes día a día generan los alimentos que consumimos en todas las mesas de Chile”. 

Ordenes señaló que ya han pasado 12 años desde la última prórroga, y el objetivo del Ejecutivo es prorrogarla por 12 años más, hasta 2033. 

En ese sentido, explica, a partir de un intenso trabajo se presentó un proyecto de ley en marzo con diversos cambios, los que a su vez han sido complementados por algunos parlamentarios, modificaciones que buscan principalmente un enfoque en medianos y pequeños agricultores, uno de los aspectos que han sido flanco de las críticas de diversas organizaciones, luego de que se supiera que empresas de grandes capitales habían obtenido millonarias bonificaciones a sus proyectos agrícolas en desmedro de productores más pequeños. 

Actualmente se han presentado 54 indicaciones al proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado, por lo que el seremi Rodrigo Ordenes, espera que éstas “sean aprobadas lo más pronto posible para lograr su continuidad y que la discusión de esta ley se mantenga con la altura que hemos visto”.

El objetivo asegura, “es poner a los pequeños agricultores y agricultoras en el centro para acompañarlos en el desafío de adaptarse a la sequía y continuar trabajando por la seguridad alimentaria, cuidando el medio ambiente y promoviendo el desarrollo rural”. 

Algunos alcances

En lo fundamental, el proyecto amplía las acciones que podrán ser bonificadas con recursos estatales. Particularmente, se apunta a inversiones en equipos y elementos de riego mecánico o de generación. Asimismo, a proyectos insertos en zonas de secano interior, costero y precordillera.

Asimismo, se plantea que el objetivo es bonificar iniciativas que contribuyan a aumentar la seguridad hídrica, procurar mejorar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos e impulsar el equilibrio del desarrollo territorial de riego.

En tanto, los proyectos que concursen por las bonificaciones de esta ley se evaluarán ponderando las variables de aporte, superficie beneficiada, costo del proyecto, ahorro de agua transferido y el equilibrio territorial, entre otras medidas.