Las trabas de la Ley de Insolvencia que impide que las pymes puedan acceder a sus beneficios

Por estos días de crisis económica y de pandemia, la Ley 20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento, legislación que hace unos años reemplazó a la antigua Ley de Quiebras, viene cumpliendo una labor destacada en cuanto a poner a disposición a personas y empresas una serie de herramientas para superar la amenaza de la quiebra o la insolvencia personal producto de la actual crisis.

De hecho, ante una emergencia sanitaria cuyo fin aún no es posible determinar, se espera que el impacto de esta negativa coyuntura en la economía, se siga extendiendo durante los próximos meses e incluso, en 2021, por lo que la ley promete ganar mayor protagonismo durante ese periodo, a medida que más empresas y personas se vean enfrentadas ante el fantasma de la quiebra.

No obstante, el procedimiento para acceder al procedimiento concursal de renegociación de deudas, se encuentra condicionado al cumplimiento de varios requisitos, entre los que destacan los altos costos que se deben desembolsar, los tiempos excesivos que demoran estos procesos, tener al menos dos obligaciones morosas por más de 90 días corridos, que sumen en total más de 80 UF, y no encontrarse notificado de demandas judiciales por parte de cualquiera de sus acreedores.

Lo cierto es que en condiciones de pandemia, y con una crisis económica en marcha, es previsible que el número de empresas en cesación de pagos aumentará, por lo que se hace necesario “simplificar” los requisitos para acceder al procedimiento de renegociación.

Complicaciones

Ricardo Ibáñez, abogado y cofundador de Defensadeudores.cl, señaló que es urgente que esta ley “se adecué a la realidad actual del país”, siendo vital, en primer lugar, que las personas “antes que declararse en quiebra puedan renegociar sus deudas. Pero lamentablemente, la ley como está concebida le da el carácter de empresa y no de persona, prohibiéndole en consecuencia, el mecanismo de la renegociación, a todas aquellas personas naturales que hayan emitido una boleta durante los últimos 24 meses”.

Según el profesional, este es un verdadero “castigo” para todos los emprendedores del país.

Respecto a las empresas, Ibáñez critica a los ya mencionados altos costos que implica para las empresas, especialmente para las pymes, el acogerse a este procedimiento.

“El honorario de un veedor, figura estrictamente necesaria para este procedimiento, tiene un costo aproximado de 380 UF, es decir 10 millones de pesos. La ley también exige que una pyme que desee reorganizarse, presente un informe emitido por un auditor nombrado el cual, tiene un honorario promedio de 100 UF, es decir, 2.800.000 pesos”, explica.

En consecuencia asegura, “una pyme que hoy se quiera reorganizar requiere de al menos 13 millones de pesos, sin contar con los honorarios del abogado. Esto hace que el mecanismo de la reorganización de empresas esté absolutamente vetado para la pyme”.

Finalmente, respecto a la duración de los procesos de reorganización, éstos oficialmente, deberían durar no más allá de 12 meses, pero en la práctica eso no es así, tardando en algunos casos, 24 y hasta 36 meses.

“Hemos visto que hoy día son muy pocos los liquidadores concursales, cuya función es administrar los bienes del deudor y los vende en este proceso con el objeto de llevar adelante la quiebra. El que sean tan pocos los liquidadores y el que haya hoy día, una demanda en aumento de las solicitudes de quiebra, hace que hoy día los procedimientos se estén demorando mucho más de los que pretendía originalmente la ley”.

Perfeccionamiento

Toda esta situación generó que en el pasado mes de junio, un grupo de parlamentarios ingresaran un proyecto de ley para “simplificar” el acceso al procedimiento concursal de renegociación de la persona deudora “permitiendo solucionar la insolvencia de un número significativo de personas y promoviendo la utilización del procedimiento de renegociación y desincentivar la liquidación de bienes”.

Al respecto, el subsecretario de Economía, Esteban Carrasco señaló que existe conciencia del problema, por lo que hay una total voluntad de avanzar en esa materia.

"Sabemos que luego del 18 de octubre y ahora con la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, los micro y pequeños empresarios han visto cómo sus ventas han caído y sus deudas han aumentado. Por eso, como cartera, estamos trabajando en perfeccionamientos a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento que apuntan a hacer más simples y eficientes los procedimientos concursales de liquidación y de reorganización”, explicó, poniendo especial énfasis “en simplificar estos procedimientos para las micro y pequeñas empresas con el objetivo de que los pequeños emprendedores puedan ordenar sus deudas”.

Carrasco aseguró que la idea “es ingresar estos perfeccionamientos al Congreso prontamente, ya que sabemos que la contingencia hace más urgente que se lleven a cabo", afirma el subsecretario de Economía.