La ciudadanía considera que el tema de la descentralización es uno de los más relevantes de la vida política, social y económica del país. Y hay que reconocer que el Gobierno ha avanzado notablemente en medidas para asegurar que el poder deje de ser un atributo de Santiago y se traspase y de comparta a regiones.
En marcha está la Reforma Constitucional para la elección de los intendentes y que modifica toda la arquitectura de los gobiernos regionales, con mejores atribuciones y autonomía, lo que nos permitirá elegir a los intendentes en 2017. Junto con eso está el proyecto sobre fortalecimiento de la regionalización para traspasar competencias desde el gobierno central a los gobiernos regionales, y la reforma al sistema de financiamiento de los gobiernos regionales y municipales, que entrarán a tramitación pronto.
Estos tres pilares que el Gobierno ha impulsado son correctos, pero me atrevería a decir que aún falta la prueba de fuego para una verdadera y profunda descentralización: la construcción de un presupuesto de la nación, elaborado de abajo hacia arriba.
Hoy, es el Gobierno central el que decide cómo, cuándo y cómo se distribuyen las platas, cómo se debe gastar el erario público, y es el Congreso el que aprueba. Ni siquiera hay espacio para proponer o rechazar, a lo más negociar y pedir.
Nuestra región enfrenta problemas estructurales de larga data como los efectos del cambio climático y la consiguiente sequía, problemas de conectividad e integración, y falta de infraestructura para enfrentar algunos de estas dificultades. Si el presupuesto sigue siendo elaborado y pensado en una oficina del centro de Santiago, no habrá cómo hacer entender a los técnicos de las urgencias y prioridades.
Se agradece el avance que ha habido en este último tiempo en materia de descentralización y se agradecería mucho más si en este mismo gobierno se sentaran las bases para una mirada realmente revolucionaria en materia de inclusión, integración y valorización de las necesidades y urgencias de las regiones.
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