Sename, más allá de la condena

Esta debió haber sido una de las semanas más tristes que recuerde el país, luego de que se detallara el número de niños y niñas que han fallecido en recintos pertenecientes al SENAME o a alguno de sus organismos colaboradores. Estamos hablando de más de 800 casos que también incluye a un grupo de adultos mayores que han quedado en desamparo y que eran atendidos en lugares regidos por el organismo del Estado.Concuerdo con la Presidenta Bachelet cuando señaló que tanto el aparato público como la sociedad en su conjunto le han fallado a la infancia vulnerada, que este impacto y tristeza nos tienen que mover y obligar a actuar con la mayor rapidez.Independientemente de las acciones que se ventilan en la justicia para aclarar la actuación del SENAME en algunas de estas muertes, hay que aclarar que en ningún caso se está hablando de que estos niños, niñas, adolescentes y adultos mayores murieron por el solo hecho de estar en hogares de la institución. Acá hay que hacer un llamado a la responsabilidad tanto de la prensa como de los dirigentes políticos, para que se entregue información veraz y no supuestos, motivados legítimamente por la indignación.No por eso deja de de existir un problema basal y hay que asumir que la culpa no es sólo del Sename. Es de toda la institucionalidad que ha fallado, que es responsable de cada muerte. Hay descuido, desidia de algunos funcionarios de esta entidad, pero acá todos fallamos. Desde aquellos casos  en que  niños, niñas y adolescentes llegaron a estos recintos por serios casos de abandono, irresponsabilidad familiar, vulneración de derechos, abusos cometidos por su entorno más directo. Pero peor aún, nadie supervisó que el Estado fuera garante de esos derechos. Y es el mismo Estado el que debe corregir y reparar la situación tanto desde la política pública como de la conciencia nacional en cuanto a los derechos de la infancia. Los anuncios en esa línea contribuyen a hacerse cargo, pero queda mucho trabajo aún. Es hora de hablar menos y de actuar más, asumir la responsabilidad con lo que ha ocurrido, pero con la intención de ir en ayuda de esos niños y niñas, y en ningún caso por tratar de ganar un puntito político, porque eso sí que es un crimen.