Este año se espera que la hasta ahora conocida como Ley Reservada del Cobre reporte unos 830 millones de dólares a las Fuerzas Armadas -según cifras de Codelco-, lo que constituye un monto astronómico, considerando las grandes urgencias que tenemos como país. Lo nuevo es que a contar de ahora sabremos precisamente en qué se están invirtiendo estas grandes sumas de dinero.Esta ley -despachada para su promulgación por la Cámara de Diputados esta semana- busca mejorar el debate que como país tenemos que llevar adelante para un adecuado financiamiento de las ramas de la defensa, sin que eso deje forados en otras áreas y otras instituciones. De hecho, la misma cuprera estatal presenta desafíos regulatorios que tenemos que asumir de una vez por todas.Hay que resolver el tema de la capitalización de la minera, su modernización integral y dejar que el financiamiento de las FF.AA. pase por los canales que todo país moderno hoy utiliza. No se explica que los mecanismos de compras de armas, que son públicos en buena parte del planeta, tengan este nivel de secretismo en un país pequeño y con vocación pacífica como el nuestro.Las necesidades estratégicas de la Defensa Nacional deben ser debatidas en su propio mérito y no merecen mezclarse con una ley que tiene una legitimidad cuestionada y superada por el tiempo. La transparencia es una de las demandas de la ciudadanía y toda institución que utilice recursos de todos los chilenos no puede quedar exenta de las normas de control y rendición de cuentas.Codelco recibe el 90% del precio del cobre, lo que representa un freno no menor al desarrollo de la principal y más importante empresa de Chile. Hemos dado el primer paso para traer normalidad tanto a las opciones de desarrollo futuro de la cuprera como al sistema de financiamiento y modernización del material destinado a la defensa. Nada de esto debe ser secreto, nada de esto debe ser escondido al control de los organismos correspondientes, ya que esa es la exigencia que la sociedad está demandando. 

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