Las denuncias por ingresos clandestinos mantienen en alerta a las autoridades de la Provincia de Elqui, esto porque solo en el 2020 y pese a las restricciones de movilidad impuestas por el covid-19, se registraron 451.
Según datos proporcionados por la Policía de Investigaciones (PDI), entre el 01 de enero al 16 de abril del año pasado hubo 289 denuncias, mientras que, en ese mismo periodo, pero de 2021, la cifra llega a 176, es decir un 39% menos.
Desde la institución informaron que el personal policial del Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena “se encuentran realizando fiscalizaciones permanentes y aleatorias, previo análisis y trabajo de inteligencia, en lugares donde se concentran personas extranjeras, en sectores céntricos urbanos, así como rurales, empresas y ferias libres”.
Trabajo conjunto
El gobernador de la Provincia de Elqui, Marcelo Gutiérrez, destacó que frente a este fenómeno ha primado un trabajo conjunto entre la gobernación, la Intendencia Regional y la PDI.
“Esta labor la estamos haciendo en dos vías, tanto administrativa como judicial. Tenemos que poner mucha atención en aquellas personas que están ingresando a nuestra provincia, ya que no solo hay temas judiciales y policiales de por medio, sino que también se suman los sanitarios. Son al menos tres focos los que tenemos que ver las autoridades”, indicó.
Gutiérrez, además, contó que, según los antecedentes recabados hasta febrero de este año, desde la provincia se concretaron 21 expulsiones del territorio nacional, 12 por tráfico de drogas, tres por robo con violencia, cuatro por ingresos clandestinos, uno por robo con intimidación y otro por homicidio.
Cifras versus panorama
La situación de los migrantes sigue en el ojo del huracán, el último informe emitido por el Observatorio de Políticas Migratorias de la Universidad Católica Silva Henríquez, detectó más de 20 mil decretos administrativos no ejecutados entre los años 2010 y 2019.
El estudio también consigna que las actuales medidas migratorias, especialmente aquellas aplicadas en la frontera, muestran un aumento en las cifras de ingresos clandestinos alcanzando las 16.484 en 2020.
De esta forma y bajo este panorama, se estima que actualmente casi 10 mil personas viven como “expulsados residentes”, es decir, como personas que no solo se encuentran en situación irregular, sino que además han sido objeto de un decreto de expulsión en su contra, no ejecutado. De esta forma, migrantes venezolanos, cubanos, dominicanos y bolivianos son los más afectados por esta situación.
Eduardo Thayer, investigador y académico de la UCSH, aseguró que “estas realidades no solo nos permiten entender el impacto de las políticas de frontera en las vidas de las personas, sino que también nos notifican la forma en que se expresa hoy en Chile la extrema precarización de las trayectorias migratorias. Vivir con un decreto de expulsión a cuestas supone para unas personas estar totalmente excluida no solo de la esfera pública y de los derechos sino también de parte importante de los servicios que proveen privados”.
Crecimiento sostenido
Los resultados del informe muestran que durante la década, el volumen de expulsiones ha tenido un crecimiento sostenido, pero a un ritmo lento, incrementándose de manera más marcada a partir de 2016 y volviendo en 2018 a su ritmo anterior a 2015.
En este escenario, el mayor crecimiento se observa en 2017 donde el número de personas expulsadas, ya sea por decreto administrativo o judicial, pasó de 917 en 2016 a 1.399 en diciembre de 2017, es decir, creció en un 52,5%.
Este ritmo se mantuvo durante 2018, año en el que aumentó en un 46,6% pasando de 1.398 a 2.051 expulsiones. A partir de ese año y hasta diciembre de 2019 las expulsiones pasaron de 2.051 a 2.232 lo que supuso un incremento de apenas el 8,8%. Es decir, el ritmo de las expulsiones se redujo en casi 6 veces este año.
Según los investigadores de la UCSH, del total de expulsiones detalladas, al menos 9.121 se emitieron dentro del gobierno de Sebastián Piñera.
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