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Alejandro Pizarro
Mirta Ardiles, hoy formalizada por incendio y parricidio contra su hija de 12 años, había perdido la custodia de la menor en 2014, pero increíblemente la recuperó tras una buena evaluación psicológica. Estuvo 17 meses asistiendo a un programa de diagnóstico pericial (DAM), derivada por el Tribunal de Familia luego de las denuncias de abuso sexual contra la pequeña por parte del padrastro, Luis Santander. En ese momento, toda la red de Justicia se activó, pero fallaron. Fiscalía archivó la causa por falta de pruebas; la imputada dijo haber cortado lazos para siempre con el sujeto, y le creyeron. Pasó todos los exámenes que pudieron haber detectado alguna patología mental y el 2016 la víctima volvió con quien terminaría encontrando la muerte más brutal.

¿Quién falló en el caso Melissa?, ¿se pudo hacer algo para protegerla y que su vida no terminara de la manera en que acabó? Lo cierto es que ninguna de las entidades que forman parte de la red proteccional y penal, que en su minuto advirtieron el peligro, han realizado un mea culpa en relación a que, eventual-mente, un accionar institucional más eficiente y preciso le habría salvado la vida a la menor de 12 años que falleció en las circunstancias más terribles que se puedan imaginar. Ahora, con el crimen ya consumado se trabaja para llegar a la verdad, y se despliegan todos los recursos para recabar los antecedentes necesarios y castigar a los responsables, pero la historia de Melissa Chávez estuvo nimarcada por una serie de eventos que, en definitiva, fueron determinando su final.

El crimen en la Villa Talinay

El comienzo del caso, se sitúa en el último suspiro de Melissa. Fue el pasado 26 de noviembre cuando el pasaje San Anacleto de Villa Talinay, en Coquimbo, se convirtió en el escenario del crimen más brutal de los últimos años en la zona. De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, a eso de las 11:00 horas, Mirta Ardiles, madre de la menor, atacó a la pequeña mientras ambas se encontraban solas en el domicilio. Se trató de un ensañamiento feroz, y fueron 11 las puñaladas que Ardiles le propinó a su propia hija utilizando un cuchillo cocinero, dándole muerte, fundamentalmente por las estocadas que recayeron en el cráneo de la víctima, quien se encontraba en su habitación, en la parte superior de un camarote. Luego de ello, según las pruebas de la Fiscalía, la agresora inició un incendio con el propósito de borrar la evidencia que pudiera inculparla, y posteriormente se retiró del sitio del Suceso. En el domicilio, la niña todavía agonizaba.

Prisión preventiva

Fueron dos meses y medio en los que la Brigada de Homicidios de la PDI estuvo investigando intensamente, lo que les permitió entregar al ente persecutor las pruebas suficientes para formalizar a Mirta Ardiles el 3 de febrero, por los delitos de parricidio e incendio, quedando en prisión preventiva. Respecto a su pareja, Luis Santander, no fue situado en el lugar de los hechos, ya que salió de la casa que compartía con Melissa, Mirta y su hijo menor de 7 años, unos 40 minutos antes que la imputada, junto al niño más pequeño del hogar. Aun así, sigue siendo investigado por una posible participación, ya sea directa o indirecta, y se mantiene con fijación de domicilio, ubicable para los policías.

Reapertura de una causa archivada

De acuerdo a información que pudo recabar este medio, apartir de ahora, tendiente a determinar las motivaciones que pudo haber tenido la madre, e imputar o descartar a otros posibles involucrados, una de las primeras acciones que se está ejecutando es reabrir la investigación por el presunto abuso sexual cometido por el padrastro de Melissa, Luis Santander. Esto, porque hasta ahora, la principal línea respecto al móvil del crimen, es la que tiene que ver con los celos que Ardiles habría sentido hacia su hija por la relación de cercanía que mantenía la niña con el sujeto, la que continuó a lo largo de los años incluso posteriores a la denuncia interpuesta por la propia madre. De hecho, “el estrecho vínculo”, según consignan testimonios, iba aumentando a medida que la menor iba creciendo.

Todavía no se instruye a la PDI ninguna nueva diligencia respecto a estas indagatorias, lo que ocurriría dentro de la próxima semana, y estarían a cargo de la Brigada de Homicidios. En concreto, se revisará qué es lo que se hizo y qué no se efectuó antes de archivar la causa, entrevistar a los involucrados, y eventualmente también recabar antecedentes nuevos del hecho que en su minuto se dio por zanjado. ¿Se debió seguir investigando? Esta es la pregunta que hoy se realiza toda una comunidad.

El peligro era latente

Nadie podía prever que la historia de Melissa terminaría con un parricidio, pero el peligro en el que se encontraba sí daba luces respecto a un futuro poco alentador y lleno de vulneraciones. Los meses que siguieron a la denuncia por abuso sexual interpuesta en octubre del 2014 fueron la esperanza y la oportunidad para salvar a la niña. El sistema de protección y justicia completo activó sus redes y cada ente trabajó en pos de la menor. Fiscalía investigaba el presunto abuso sexual; el Tribunal de Familia la puso a resguardo con su tía paterna, alejándola de la madre y del eventual agresor, y programas colaboradores del Sename cautelarían lo que pasara en materia penal a futuro, pero nada fue suficiente. Mirta Ardiles soslayó todos los conductos formales, logrando llevar a Melissa a vivir nuevamente con ella, su hermano pequeño, y Luis Santander. 

La red completa había sido vulnerada por la madre, hoy formalizada por parricidio. Todo el sistema falló, y la niña pagó las consecuencias. 

Preguntas sin respuesta

La pregunta se instala. ¿Tan débil puede ser la institucionalidad proteccional para no detectar el peligro en el que se encontraba la menor?, ¿Qué fue lo que se hizo mal o simplemente no se realizó? Pues bien, de acuerdo a informes reservados a los que tuvo acceso este medio, tal como se señala, se activó la red, el gran problema fue su poca eficiencia y eficacia. 

La denuncia por abuso sexual fue interpuesta en el mes de octubre del 2014, y corrió paralelamente la parte penal -con la investigación del Ministerio Público- con la de protección, a cargo del Tribunal de Familia. 

En primer término, la Fiscalía inició una causa que no llegó a formalizarse.

Los motivos exactos no se conocen, y consultados respecto a este tema -saber qué diligencias se hicieron- no recibimos ninguna respuesta. Lo concreto, es que el caso terminó archivándose, y ahora deberá reabrirse. 

Entre los factores que fueron decidores respecto al cierre de las indagatorias está el que la propia madre se retractó, y terminó defendiendo a su pareja, padrastro de su hija, y también tenemos el relato de la propia menor, que no sustentó la denuncia. Pero, ¿qué tan a fondo se indagó? Aquella respuesta sólo la conoce el ente persecutor.

Derivaciones

El tribunal, a su vez, derivó el caso y a sus involucrados (salvo al denunciado) al programa de diagnóstico ambulatorio respectivo, el PPF (Programa de Prevención Focalizada). Esto en el caso de la madre, respecto a la niña, fue derivado a otro de la red de protección infantil. En este contexto de intervención, además, se tomaron drásticas medidas, entre ellas, el quitarle el cuidado personal de la menor a Mirta Ardiles, por considerar que no tenía la idoneidad para hacerse cargo de su hija, y también para prevenir que se acercara a quien, en ese minuto, se presumía era al agresor (Santander). 

Fue un duro golpe para Mirta, quien, en principio, según cuentan familiares, no quería aceptar esta medida, y fue en ese lapso cuando desistió de la denuncia al ver las consecuencias, pero el proceso ya estaba en marcha. La única opción que tenía de volver a tener a Melissa junto a ella era someterse a la evaluación del PPF, y así lo hizo. Mientras tanto, Gina Chávez, tía paterna de la menor asumió la custodia temporal. ¿Por qué no Denis, el padre biológico? Según se consigna en la documentación que pudimos revisar, el hombre no estaba en condiciones de asumir los cuidados en ese entonces, ya que se encontraba pasando por una depresión que lo había llevado a sumirse en el alcoholismo.

Los 17 meses: "Buenos resultados"

Fueron 17 meses, desde octubre del 2014 hasta marzo del 2016 en que la imputada por parricidio e incendio fue una ejemplar participante del programa al que la derivó el tribunal. Se le evaluabadel asesinato en Villa Talinay, ya que siempre se mantuvieron en contacto. 

Claro, la mujer, mintió respecto a su relación con Luis Santander, no sólo al tribunal, sino que también a la familia. 

Decía haberlo dejado y no tener ningún tipo de lazo con el individuo, pero sólo porque era una exigencia del programa para poder recuperar a Melissa, quien, de lo contrario, terminaría en algún hogar de menores. 

Todos le creyeron, pese a que, según reconoció con posterioridad la propia Mirta, nunca terminó con Luis Santander. Fue así que, en marzo del 2016, el DAM elaboró un informe en el que se señalaba que Ardiles, “estaba más responsable. Era una madre más presente, y ya no vivía con Santander”. Bajo esa lógica, el Tribunal decide que está lista para retomar la custodia de la pequeña Melissa.

Todo normal... Todos fallaron

Así las cosas, “todo volvió a la normalidad”. La niña volvió con su familia materna, y cuando consideró que había pasado un tiempo “prudente” para no ser descubierta se trasladó a vivir con Luis Santander nuevamente a la Parte Alta de Coquimbo, con Melissa y el niño más pequeño. 

Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió entre las paredes de esa casa. Siempre demostraron en lo externo ser una familia tranquila, y ejemplar, incluso así los vieron siempre sus propios parientes más cercanos. Pero a la luz de lo ocurrido, las dudas respecto a lo que allí pasaba están instaladas. ¿Fue Melissa víctima de vulneraciones sistemáticas?, ¿Sufrió durante este tiempo agresiones físicas o de carácter sexual? Aquello hoy es materia de investigación. 

Lo cierto es que cuando volvió con la madre, el 2016, la víctima se encontraba dentro del programa CAVI (Centro de Atención a Víctimas), y surge la interrogante del por qué aún estaba allí, si se supone que el abuso sexual había sido desestimado. De manera simultánea, el tribunal dictaminó que fuera representada por el PRJ (Programa de Representación Judicial) de la red Sename para que cautelara que sus derechos no fueran vulnerados. ¿Cuál fue el rol que jugaron en definitiva?, ¿protegieron a Melissa?, ¿cautelaron que efectivamente no volviera a vivir con el denunciado por abuso? Consultamos a la dirección regional del Servicio Nacional de Menores, pero señalaron que por instrucciones superiores no se podían referir públicamente al tema. 

La investigación sigue, y continúan surgiendo nuevas interrogantes, pero vale la pena también buscar respuestas a las preguntas que fueron quedando en el camino, en la huella que dejó la vida de Melissa, para que la red que tenía que resguardarla, en otros casos similares, pueda actuar mejor y efectivamente lo haga. Probablemente hay miles de potenciales victimarios dando vueltas, pero las víctimas tienen un solo sistema para que los proteja y no puede fallar.

 

 

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