Sename apunta a falla en tribunales de familia tras caso de menor fallecido en Molina

“¿En dónde se falló?”. Esa es la pregunta que continúan haciéndose en el jardín Pequeñitos del Valle, en el sector de La Florida, en La Serena, en donde Ángel Márquez (04) asistió entre los meses de abril y julio del 2014. 

En un hecho que estremeció al país, el pequeño fue asesinado, presuntamente víctima de su madrastra, Vanessa Trigari (28), quien ahora permanece en prisión preventiva en la comuna de Molina, Región del Maule. 

“En dónde estuvo el error, si nosotros dimos aviso de inmediato, cuando nos dimos cuenta de que evidentemente sufría maltrato”, relata la directora del recinto, Fanny Zenteno, quien, aún consternada, asegura que desde que el menor llegó al establecimiento la “tía Nidia” (Nidia Castillo) notó que “Angelito”, como le llamaban, tenía un comportamiento extraño. “No hablaba, tenía un serio problema con su lenguaje. Además era muy retraído, a lo que se sumaba que todo el tiempo llegaba con golpes, ojos morados, rasguños en su cara y cuerpo e incluso una vez con quemaduras de cigarrillos”, cuenta la directora. 

Al conocer la terrible situación, la asistente social del jardín, Claudia Barraza, tomó el caso, luego que un día la el tema se tornara insostenible, y ni el padre, Freddy Márquez, como la madrastra de Ángel acudieran a sus llamados. “Mi trabajo era entrevistarlos a ellos, antes de proceder. Al padre mil veces le mandamos notas, lo llamamos para explicarle lo que estaba pasando, pero él nunca se hizo presente, no había ninguna preocupación. Y a ella, un día que Angelito llegó con un corte profundo en la cabeza, la hicimos venir, porque decidimos ir a constatar las lesiones que tenía al Hospital de La Serena”, relata Barraza. 

La asistente social, recuerda que le llamó la atención “lo relajada” que se manifestaba Vanesa Trigari en ese momento. “No tuvo ningún problema en que fuéramos a la constatación y siempre dijo que el niño se había caído, lo que era poco creíble. Dentro de lo poco que hablaba él, me decía que había sido su padre el que lo había golpeado, pero ella lo defendía”, cuenta la funcionaria, quien tras hacer el trámite en el recinto hospitalario, tuvo que aceptar con impotencia que el médico de turno verificara que el menor tenía golpes, “recientes y otros que eran más antiguos”, que eran producto de maltrato infantil, pero “que ellos no podían hacer nada”. 

OPD. Tras este episodio, Claudia Barraza derivó el caso del menor a la OPD de La Serena (Oficina de Protección de Derechos Infanto Juveniles), organismo administrado por el municipio y el Sename. Allí, se determinó que, no sólo Ángel, sino que todos sus hermanos, se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en el organismo, tampoco pudieron evitar el peor de los desenlaces, pese a que el asunto llegó hasta los tribunales de familia y se interpusieron medidas de protección a favor de los menores. 

SENAME. “¿En qué se falló entonces?”, fue la misma pregunta que le hicimos a la directora del Sename Coquimbo, Verónica Zárate, quien asegura que ellos tampoco lo tienen claro, pero iniciarán una auditoría interna para determinar qué protocolos no se siguieron correctamente en el proceso, o qué instancias en la región no fueron lo suficientemente eficientes para evitar el horrendo crimen del pequeño Ángel Márquez. “Obviamente que aquí también se tiene que hacer una mea culpa, con respecto a lo que pasó y en ese sentido, pese a que el caso nunca llegó directamente a nosotros, porque la OPD, si bien depende de nosotros actúa de manera autónoma, vamos a iniciar una auditoría interna para determinar en qué punto se podrían haber hecho mejor las cosas y ser más eficaces, para que esto no vuelva a pasar”, precisó Zárate. 

Pero la directora de Sename, es enfática en señalar que, más allá de que ellos no se desmarquen del problema, en el caso de Ángel, una vez que pasó por la OPD, y lo tomaron los tribunales de familia, ellos no tienen mayor injerencia. “Ahí, el proceso lo tomó el juez y con los antecedentes que aportó la OPD y los del jardín infantil, no encontró los elementos suficientes para poner alguna medida cautelar, como pudo haber sido el ingreso de los niños a alguna residencia nuestra, o poner más restricciones a las personas que supuestamente estaban ejerciendo el maltrato”, precisa Zárate. 

Y es que según relata la directora, previo a decidir que no eran necesarias medidas cautelares, el Juzgado de Familia, solicitó un estudio a la unidad técnica DAM (Programa de Diagnóstico Ambulatorio), para efectuar una evaluación psicosocial del grupo familiar y determinar si había vulneración de derechos de los infantes. “Esto se realizó y el juez determinó que ingresaran a un Programa de Intervención Focalizada, que consiste en una intervención integral del grupo familiar. Lo que sucedió es que esta familia nunca llegó a asistir”, afirma. 

Claro, pese a que había una orden judicial que obligaba a esta familia a asistir, no lo hicieron. “Lo que ocurrió fue que, una vez que se determinó que asistieran al programa, los encargados éste, comenzaron a tratar de ubicarlos, pero ellos ya no estaban en la zona y el padre avisó en el mes de enero que se habían ido a Molina. En conocimiento de esto, se le informa al juez de la situación y, ahí él no derivó la causa inmediatamente (…) Hubo un error administrativo del tribunal, al no enviar de inmediato los antecedentes, para que los juzgados allá pudieran activar la red, e ir en ayuda de los menores, y en este caso del pequeño Ángel”, concluye, la directora del Sename. 

 

 

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