Apoderados solicitan “prorrogar” la aplicación de la Ley de Inclusión Escolar

La educación chilena está viviendo uno de sus grandes cambios, cabe recordar que la reforma educacional impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet es un proyecto que busca hacer transformaciones de fondo a través de una serie de iniciativas y proyectos de ley puestos en marcha a partir del año 2015.

En este sentido, la Ley 20.845 de Inclusión Escolar que entró en vigencia el 2016 y que elimina el copago, la selección y el fin al lucro en los colegios que reciben fondos del Estado, estableció que los establecimientos debían tomar una decisión antes del 30 de junio, es decir, determinar si finalmente pasarían a la figura pública de persona jurídica sin fines de lucro, corporación o fundación, o si pasaban a ser particulares pagados con fines de lucro.

Según información del Ministerio de Educación, en la región de Coquimbo son 14 establecimientos educacionales, 10 en la conurbación La Serena Coquimbo, 2 en Ovalle y dos jardines infantiles los que tomaron la decisión de enmarcarse a colegios particulares.

Es por esto que en las últimas semanas los recintos educacionales informaron a los apoderados respecto a los costos de los aranceles, entre otras medidas, así surgió el movimiento Elqui Despierta, encabezado por María Paz Aliaga, apoderada del colegio Gerónimo Rendic, agrupación que pide “aplazar la puesta en marcha de la reforma educacional que implica que los colegios de carácter particular subvencionado pasen a privados”.

Elqui Despierta ha estado gestionando distintas reuniones. Ayer la agrupación se juntó con el secretario ejecutivo de la Reforma Educacional, Andrés Palma, oportunidad en la que también participaron los diputados por la Región de Coquimbo Sergio Gahona y Matías Walker además del seremi de Educación Pedro Esparza Olivares.

La idea central fue plantear a la autoridad su “descontento y buscar, en la medida de lo posible, una solución a los cambios que implementará la nueva reforma educacional”, señaló María Paz Aliaga, así como la posibilidad de una nueva ley miscelánea de educación.

La reunión fue encabezada por el secretario ejecutivo de la reforma educacional,

Andrés Palma.

El diputado Sergio Gahona (UDI) señaló que “hemos estado dialogando y explicando todas las dificultades que ha traído la aplicación de esta norma, son más de 10 mil alumnos afectados, fundamentalmente de la clase media”.

El parlamentario aclaró que están pidiendo que se resuelvan las condiciones “para que los sostenedores no tengan que pasar a colegios particulares pagados y se les pueda respetar su proyecto educativo”.

Gahona dijo que “quedamos con la sensación  de que habría voluntad política para corregir la reforma por segunda vez, porque las opciones que presenta el Gobierno no resuelven los problemas de los colegios”, concluyó. 

Matías Walker también estuvo presente en el encuentro, “lo que estamos intentando es resolver todas y cada una de las situaciones para que todos estos colegios conserven su condición de colegios particulares subvencionados”. Walker aclaró que viajará un representante del Mineduc “para resolver todas las dudas, de ser posible hemos pedido al Gobierno que pueda incluir una suerte de ley miscelánea dos”.

Bajo esta misma línea, Matías Walker mencionó que existen muchas dudas respecto a la aplicación de la ley y que intentarán resolver cada una de las situaciones de los establecimientos educacionales.