Los cambios sociales y políticos tras el estallido social en Chile

Hace un año exactamente, “Chile cambió”. El 18 de octubre del 2019 será recordado como la jornada donde se radicalizó el movimiento social que comenzó cuatro días antes, cuando estudiantes secundarios y universitarios de Santiago se organizaron para protestar por el alza del pasaje del Metro.

Los $30 pesos se convirtieron, posteriormente, en una de las consignas más escuchadas hasta la fecha, “no son $30 pesos, son 30 años”. 30 años de desigualdad, injusticia, inequidad –decían algunos- 30 años en que el Estado desatendió las necesidades de la ciudadanía –agregaban otros-. De ahí en adelante, el malestar creció y se expresó como nunca antes en las calles del país. 

Ese descontento ha recibido un sinfín de denominaciones “estallido social”, “revuelta popular”. A partir de ese 18-O se registraron multitudinarias manifestaciones a lo largo y ancho del territorio nacional, una situación sin precedentes desde la época de la dictadura que sacudió los cimientos del país “más estable” o del “oasis de Latinoamérica”, como el propio presidente Sebastián Piñera calificó el 10 de octubre en una entrevista televisada. 

“El despertar de Chile"

A doce meses de la crisis social, distintos actores regionales de diversas áreas analizan lo que ha sido este nuevo periodo para el país, los desafíos que se avecinan, las lecciones que dejó y las reflexiones que surgen en este primer aniversario del estallido. 

“A partir de ese día vimos el corazón de Chile y por primera vez nos enfrentamos con aquello que estaba oculto, lo que no se quería reconocer…nos encontramos con un profundo ánimo de indignación y ganas de exigir lo justo”, dice el diputado Daniel Núñez (PC). 

Para el parlamentario de la región, lo que ocurrió en esa fecha es una “revuelta popular” porque el pueblo se cansó de los abusos –dice- y salió a poner fin a “un sistema de libre mercado neoliberal que posibilitó la miseria”. 

Su par, Matías Walker (PDC), comenta que desde ese día hay un desafío importante para quienes tienen responsabilidades políticas, porque si bien destaca que durante 30 años hubo crecimiento económico y reducción de pobreza, había algo más que germinaba y no se detectó. 

“Se estaba incubando un sentimiento de malestar muy grande, se había generado una gran clase media que estaba al debe en materia de salud, seguridad social, empleo…había una sensación de injusticia”, agrega. 

La violencia

Un día después, el panorama presentaba otro cariz en la Región Metropolitana, de las 136 estaciones que posee la red del Metro, 77 presentaban destrozos, 20 de ellas habían sido incendiadas. Tras una serie de hechos de violencia y enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes, el mandatario decretó Estado de Emergencia y posteriormente toque de queda en diferentes ciudades.

La respuesta del Ejecutivo no logró contener las manifestaciones que cobraban fuerza y demandaban cambios más profundos en salud, educación y pensiones.  Por otro lado, las consecuencias del mecanismo agravaron las represiones y las violaciones a los derechos humanos. 

El presidente regional de la UDI, Oscar Tapia, recuerda esos días y es enfático en señalar que en ese momento faltó condenar los hechos de violencia con más ímpetu, asegura que su postura no es una interpretación, ya que hay hechos concretos que así lo demuestran. 

“Una de las cosas que faltaron en ese momento fue una condena transversal a la violencia, venga de donde venga. La violencia no puede estar presente y eso es sin matices, sin doble estándar”, destaca.

En la Región de Coquimbo, las manifestaciones y los cacerolazos cobraron fuerza el fin de semana, por lo que rápidamente el Ministerio del Interior y Seguridad pública declaró estado de Excepción Constitucional de Emergencia en las comunas de La Serena y Coquimbo. 

El sábado y con el Ejército en las calles, cientos de personas se atrevieron a salir. No obstante, los hechos delictuales se replicaron en la zona y la imagen de manifestantes bloqueando la Ruta 5 Norte, saqueando e incendiando el supermercado Líder Express en la ciudad puerto recorrieron los medios nacionales. 

La jornada del domingo se enlutó rápidamente tras la muerte de Romario Veloz (26) en el frontis del Mall Plaza La Serena, el joven ecuatoriano participaba de las manifestaciones y recibió un impacto de bala por parte de un militar. En la madrugada del lunes, Kevin Gómez (23), perdió también la vida en la comuna de Coquimbo a manos de un funcionario de las Fuerzas Armadas. 

El caso de Romario

Hoy, el caso de Romario Veloz tiene una connotación nacional distinta, ya que hasta hace poco las investigaciones acerca de su muerte tenían nulo avance, sin embargo, la semana recién pasada y a solo días del primer aniversario de su deceso, la Fiscalía determinó que este 28 de octubre se formalizará al capitán del Ejército, José Faúndez Sepúlveda, quien estaba a cargo del operativo militar el día del asesinato. 

Para la familia del joven estudiante, la búsqueda de verdad ha sido una labor cuesta arriba. Así lo manifestó el martes pasado su madre, Mary Cortez, quien irrumpió con una performance en La Moneda para llamar la atención de las autoridades. “Como era negro, era un blanco fácil”, dijo en aquella oportunidad. 

La lentitud de las investigaciones ha llevado a numerosos organismos a demandar celeridad y más recursos para el tratamiento de los abusos por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). 

En ese sentido, la directora regional del organismo sede Coquimbo, Tarcila Piña, realizó una bajada local sobre el balance que comunicó el INDH este viernes, a un año del estallido social. 

“Estamos a un año de la crisis social más grande que ha tenido que enfrentar el país y sin lugar a dudas también ha sido un desafío para el instituto porque nos hemos enfrentado a violaciones masivas de derechos humanos”, indica. 

Las cifras anunciadas no son positivas, 2.520 querellas ha presentado el organismo tras el 18 de octubre. Los números tampoco favorecen a la Región de Coquimbo, ya que la zona está en el top cinco con 139 querellas. 

“El objetivo es instar al Estado al esclarecimiento de la verdad, la obtención de justicia, la adopción de medidas de reparación y la construcción de garantías de no repetición”, detalla. Además, dice que de la cifra regional, 104 corresponden a hombres, 21 a mujeres y 45 querellas de niñas, niños y adolescentes. 

“Si desagregamos los datos por delito, hay 2 querellas por homicidio, 53 por torturas, 81 por apremios ilegítimos, 2 por lesiones graves y una por violencia innecesaria”, añade.

El diagnostico está claro dice la jefa regional del INDH, sin embargo, manifiesta preocupación, puesto que del total de querellas interpuestas solo en cinco de ellas hay personas formalizadas, “es un número bastante bajo” –asegura-, ya que sólo hay siete imputados, tres en prisión preventiva y cuatro con otro tipo de medidas cautelares menos gravosas. 

Tarcila confiesa que tienen identificados ciertos nudos que ralentizan los procesos y obstaculizan el avance de las investigaciones y la búsqueda de verdad judicial. “Nos preocupa que no haya fiscales de preferencia y expertiz o capacitación en DD.HH. para entender la complejidad de los hechos y de la violencia institucional”, dice. 

Pero, además, confiesa que el trabajo que hace la Fiscalía en Santiago se hace mancomunadamente con una institucionalidad que en regiones no existe, “la PDI tiene un departamento de DD.HH., es una unidad especializada en estos temas”.

Histórica marcha en la conurbación

En las fotografías de la época se ven familias completas. A cuatro días de las primeras manifestaciones en la zona los habitantes de las comunas de La Serena y Coquimbo se congregaron en la Ruta 5 Norte en una marcha sin precedentes y totalmente pacífica. Fueron cerca de 40 mil las personas que participaron con pancartas y lienzos exigiendo respuestas claras a las demandas levantadas.  

El rol femenino fue preponderante, así lo destaca Carolina Tello, directora regional de Abofem (Abogadas Feministas). “Las mujeres tuvieron un rol definitorio al momento de sacar adelante toda la movilización social que surgió”, dice. 

La abogada explica que a partir de la revuelta social nacieron varias organizaciones feministas porque se produjo un cambio cultural o un “despertar” respecto al papel de la mujer en la sociedad. “Nos dimos cuenta que todas estamos en una situación similar, que padecemos los mismos problemas de la abuela, mamá y que si no hacemos algo ahora, nuestras hijas sufrirán la misma violencia”, asevera. 

“Hay muchas colectivas y asambleas que venían trabajando hace muchos años, sin embargo, a partir del 18/O comienzan a materializarse y ganar terreno. Todavía persiste esa sensación que las mujeres deben ser relegadas a lo biológico o lo doméstico mientras que el hombre a lo público, lo racional”, reflexiona. 

Situación que podría dar un pequeño, pero significativo vuelco, comenta Tello, ya que de ganar el apruebo y la convención constitucional, “Chile podría convertirse en el primer país que escriba una Constitución paritaria, es decir donde la mitad de sus constituyentes sean hombre y la otra mitad mujeres”.

Canalizar el descontento

Las manifestaciones pacíficas, pero también los hechos de violencia convulsionaron el país, el otrora oasis descrito por el presidente Piñera obligaron a la clase política a buscar una salida oportuna, pero democrática e institucional. 

La madrugada del 15 de noviembre la gran mayoría de las fuerzas políticas suscribieron el Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución. El diputado Walker recuerda esa jornada y dice estar satisfecho del resultado que se logró. 

“Era nuestra responsabilidad canalizar la violencia y el descontento a través de la vía democrática. No fue fácil porque no llegábamos a acuerdo y varios querían continuar la mañana siguiente y muchos dijimos que no, porque habíamos generado expectativas dentro de la gente, había violencia, represión y violaciones a los derechos humanos…finalmente logramos el acuerdo, un plebiscito donde la ciudadanía podrá decidir ser parte de un nuevo contrato social a través de una nueva Constitución”,  cuenta. 

El factor sanitario

En primera instancia el Plebiscito Nacional se realizaría el 26 de abril, sin embargo, la emergencia sanitaria que se instaló en marzo a raíz del coronavirus obligó a reprogramarlo para el 25 de octubre. 

“El descontento quedó pausado por la pandemia, pero sigue ahí y eso se manifestará masivamente este domingo cuando la ciudadanía apruebe una nueva Constitución y ese será el gran tapa boca para la derecha”, manifiesta Núñez. 

Tal como lo indica el congresista, las manifestaciones quedaron en standby, sin embargo, días previos al 18/O se han registrado manifestaciones en Santiago, específicamente en la  “Zona Cero”, en la Plaza Baquedano denominada “Plaza Dignidad”. 

“La violencia es funcional al rechazo, nadie  que esté trabajando genuinamente por el triunfo del apruebo puede generar hechos de violencia porque solo es útil para los que no quieren cambios”, reflexiona Walker. 

Quien también llama a “respetar” el acuerdo suscrito el año pasado, es Oscar Tapia. “Esta fecha nos obliga a reflexionar acerca del valor de la paz y del diálogo, espero que estos valores primen y que nuestra postura se expresen en las urnas este domingo”, detalla. 

Sobre el factor sanitario también se refirió la directora regional del INDH, quien destacó que para esta jornada tienen conocimiento acerca de algunas convocatorias, así como para mañana y el martes. 

“Hemos coordinado algunas acciones con nuestros voluntarios y seguiremos observando el accionar policial, sobre todo ahora que tenemos una variable sanitaria, donde debemos mantener el distanciamiento físico y las medidas de autocuidado”, aseveró. 

En ese sentido, desde Carabineros reiteraron que este fin de semana las comunas de La Serena, Coquimbo y Ovalle se mantienen en cuarentena, sin embargo, habrá 500 efectivos en las tres provincias resguardando las zonas críticas.