¿Cuáles son los pasos que siguen para redactar una nueva Constitución?

Ayer por primera vez en la historia de Chile, la ciudadanía decidió en las urnas el futuro constitucional del país. La opción del apruebo se impuso por amplia mayoría en el Plebiscito Nacional 2020, abriendo paso a un inédito proceso constituyente y, que según las proyecciones, vería sus frutos el primer trimestre del 2022.

Los resultados de la segunda papeleta, donde se preguntó por el mecanismo encargado de redactar una nueva Constitución Política de la República, fueron la gran duda, finalmente las chilenas y chilenos decidieron que será una Convención Constitucional el mecanismo que elaborará un nueva Carta Magna.

Paso a paso

Los comicios de ayer, marcados por el plebiscito de entrada pactado en el “Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución” del 15 de noviembre del año pasado, es solo la puerta de entrada para lo que según el abogado Gonzalo Cortés, docente de Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Norte (UCN), será una “etapa histórica”, donde la ciudadanía debatirá y reflexionará acerca del futuro de la nueva Ley Fundamental del Estado chileno.

“La ciudadanía mandató que se redacte una nueva Constitución mediante un órgano determinado. A esto se le llama plebiscito de entrada porque lo que hace es marcar la entrada al proceso de redacción”, explica el académico.

“Hay elementos que podrían quedar fuera, sin embargo, hay materias que necesariamente tiene que regular una Constitución y si frente a esto no hay acuerdo, se podría adoptar en términos amplios o vagos, que ninguna postura imponga su visión”, Gonzalo Cortés, abogado de Derecho Constitucional UCN

Tras esto, Sebastián Piñera, el presidente de la República, deberá convocar a la elección de los miembros de la Convención Constitucional, la que se llevará a cabo el 11 de abril de 2021 junto con las municipales, evento que fue reprogramado por la emergencia sanitaria producto del Covid-19.

Este órgano estará integrado por 155 ciudadanos electos específicamente para este cometido y terminado su mandato se disolverá. Sobre el tiempo que tendrán los convencionales constituyentes para elaborar una propuesta, este será de 9 meses ampliable por tres más.

“Al iniciarse el proceso de redacción se debe suscitar un amplio debate, no sólo entre los convencionales, sino que entre todos los sectores de la sociedad porque el objetivo de este primer proceso democrático es que esta nueva Constitución refleje un consenso de mayorías para que el resultado sea un texto democrático, el primero en nuestra historia, que refleje los mínimos de convivencia aceptables para la comunidad nacional y general”, reflexiona Cortés.

Amplio debate

Según el académico el debate no sólo será institucional sino que también social, ya que se dialogará cuál será la temática y la forma del nuevo marco jurídico, “detrás habrá un proceso de reflexión y de debate sobre esos contenidos y eso es muy interesante porque no lo hemos experimentado antes”.

Sobre el funcionamiento del órgano, este deberá elegir en su primera sesión a un presidente o presidenta y a un vicepresidente o vicepresidenta por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, así como a una secretaria técnica.

“Aquello que deliberarán los convencionales será público y ese carácter generará en la opinión pública la necesidad de informarse acerca de lo que se está debatiendo para opinar”, dice el experto en base a la experiencia comparada. “Eso es lo que conocemos de las sociedades que se han abierto a procesos constitucionales como Colombia”, agrega.

“Al iniciarse el proceso de redacción se debe suscitar un debate amplio, no sólo entre los convencionales, sino que entre todos los sectores de la sociedad porque el objetivo de este primer proceso democrático es que esta nueva Constitución refleje un consenso de mayorías”, Gonzalo Cortés, docente UCN

¿Pero cómo podrá opinar la ciudadanía en las diversas temáticas? Frente a esa pregunta, Cortés recurre nuevamente a la comparación y plantea la posibilidad de instancias de diálogos sociales o cabildos transversales.

“A raíz del plebiscito de entrada vimos florecer una serie de instancias de reflexiones y debates no sólo a nivel académico también divulgativo comunitario y ese mismo ánimo se replicaría”, asegura.

La hoja de ruta acerca del funcionamiento está clara dice el académico, la Convención Constitucional deberá aprobar las normas y el reglamento de votación por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. No podrá alterar los quórum ni procedimientos para la adopción de acuerdos.

“La regla de procedimiento son los 2/3 y en caso que hayan reclamos podrán recurrir a un panel de jueces de la Corte Suprema, eso es lo que sabemos de antemano. Respecto a la forma en cómo abordarán los temas, si lo harán por capítulos o si dividirán los contenidos entre parte orgánica y parte dogmática no lo sabemos y debemos esperar un poco más”, precisa.

Hoja en blanco

El concepto “hoja en blanco” ha sido ampliamente abordado en paneles y diálogos debido a la confusión que podría generar, sin embargo, el académico de la UCN es claro. “Todas las Constituciones que yo conozco parten de una hoja en blanco, el poder que encarna el pueblo es transformador y es muy difícil que se comience un nuevo proceso con la Constitución, que ya no congrega a los ciudadanos, sobre la mesa”.

De hecho, Cortés dice que ese acto es propio de las reformas constitucionales, no obstante, no descarta que se rescaten elementos o contenidos de la Constitución vigente aunque eso no es obligatorio.

“La hoja en blanco permite libertad para escoger o no algo, si trabajamos sobre la base de un mecanismo que no sea la hoja en blanco, vamos a tener que escribirla más con goma que con lápiz porque en definitiva los acuerdos se traducirían en qué elementos borrar de una Carta Fundamental que ya perdió legitimidad de manera incuestionable”, confiesa.

El alto quórum obligará a todos los miembros a llegar a consenso sobre una materia, sin embargo, si no se alcanza, “no se abordará”, explica el abogado, y en ese caso hay dos opciones: que el tema sea abordado por una ley o bien que se consagre en el texto jurídico, pero en términos “muy genéricos”.

“Hay elementos que podrían quedar fuera, sin embargo, hay materias que necesariamente tiene que regular una Constitución y si frente a esto no hay acuerdo, se podría adoptar en términos amplios o vagos, que ninguna postura imponga su visión y que se exprese una norma más neutral, por lo tanto más genérica”, añade.

Derribando mitos

El académico, además, enfatiza que una nueva Constitución no significa la disminución de derechos como lo han planteado algunos sectores que han levantado la posibilidad de abolir la libertad religiosa y de culto.

“Es raro pensar que un proceso constituyente implique la disminución de derechos, de hecho, es imposible encontrar esta situación en un proceso democrático. Esta postura más bien responde a la ‘carta del miedo’ que se juega siempre en política, pero hay derechos básicos que no sólo están garantizados en la Constitución sino que también en tratados internacionales que nos vinculan, que están vigentes y que son obligatorios, por lo tanto, aquellos que están proclamados no pueden ser borrados”, explica.

Cortés dice que lo más probable es que la nueva Constitución reconozca esos derechos o “solamente los consagre en términos distintos” y aclara que un enfoque nuevo no significa perder esas garantías. 

“La propiedad privada en la Constitución chilena actual es casi un derecho sacrosanto donde se indica su función social, pero esa característica solo existe en el papel”, añade.

Mecanismo representativo

Los miembros de la Convención Constitucional se elegirán del mismo modo que los parlamentarios, es decir, bajo el Sistema D’Hondt, sin embargo, este organismo tiene algunas características que le otorgarán a Chile el título de ser el primer país en elaborar un texto jurídico con igual representación de hombres y mujeres.

“La idea es que todos los procesos constituyentes sean lo más representativos posibles, lograr paridad de género es un trabajo no menor, ya que las actuales fórmulas electorales tienden a favorecer a los grupos mayoritarios que pertenecen a partidos políticos y en especial a los hombres”, reconoce.

El académico dice que estos mecanismos permiten corregir estos problemas a nivel electoral porque el sistema no logra representar a la sociedad. “Si miramos la presencia de mujeres en el Parlamento la cifra no representa la población existente y lo mismo pasa con los pueblos originarios”.

De hecho, este último punto sigue paralizado en el Senado. La propuesta de escaños reservados no logra consenso entre la Cámara Alta y el Gobierno. “Son alrededor del 12 o 13% y no vemos una proporcionalidad en el Congreso Nacional, por eso es importante avanzar en este propósito”, comenta Cortés.

Por último, sobre el funcionamiento paralelo entre la Convención Constitucional y el Congreso Nacional, Cortés detalla que pueden cumplir su cometido sin problemas, que se pueden seguir haciendo reformas en el Parlamento y que la actual Constitución seguirá vigente y aplicada por los tribunales hasta que se apruebe el nuevo marco jurídico en el plebiscito de salida.