Denuncian pago incompleto tras expropiación terreno de bencinera en Coquimbo

Una familia coquimbana que mantuvo su negocio de una bomba de bencina Shell en el sector de la Ruta 5 Norte con Juan Antonio Ríos, por más de 70 años, reclama que le fue expropiada para construir el actual paso sobre nivel que hay hoy en el lugar, sin embargo, los pagos que recibieron no son los que corresponden y que el Estado no ha respondido completamente hasta el momento.

Se trata de una larga historia de una empresa familiar que los sustentó por décadas a ellos y a sus trabajadores, hasta que se le debió dar paso al progreso y su bomba de bencina, ubicada por donde pasa hoy un paso sobre nivel en la Ruta 5 Norte,  fue expropiada por el Ministerio de Obras Públicas, MOP.

Herencia familiar

La propietaria del Servicentro, Lucila Escobar Leyton, heredó el negocio tras fallecer su padre, aunque ella había trabajado toda su vida en el negocio familiar, pero una vez que su progenitor muere, debe tomar la administración completa y continuar adelante con la empresa y con los trabajadores.

Según cuenta, su papá comenzó con el negocio en la década del 40 con una máquina de distribución que funcionaba en la vereda en el centro de Coquimbo, donde con el tiempo se fue haciendo un pequeño capital y adquirió un terreno a un costado de la Ruta 5 Norte a la altura de Juan Antonio Ríos, donde funcionaron por décadas como bomba Shell, tiempos en que los particulares eran los propietarios, no como en la actualidad que son las grandes compañías los dueños y solo concesionan el negocio.

Junto a su padre trabajaba un grupo de personas, los que se mantuvieron muchos años como bomberos principalmente y también dependían ellos y sus familias de este negocio.

Según cuenta, Lucila Escobar, la empresa familiar siempre funcionó bien y se cumplía todas las obligaciones con los trabajadores y trabajadoras y de hecho cuando fue expropiada por el MOP era una empresa que funcionaba sin problema alguno.

El proceso

Los abogados de Lucila Escobar, Roberto Egaña y Sebastián Covarrubias dieron cuenta de todos los pasos que se han dado y explican la situación que enfrentan con el MOP.

Según plantean representan a la familia desde el año 2010, señalan que con motivo del enlace ubicado en Juan Antonio Ríos con la Ruta 5 Norte se realizó una expropiación de las instalaciones y del terreno donde se encontraba instalada la bomba Shell, que tenía una superficie de 3.169 metros cuadrados. Sin embargo, curiosamente el MOP expropia una superficie de 2.385 metros cuadrados, existiendo una diferencia de 784 metros cuadrados, los cuales han sido reclamados legalmente.

Según explicó el abogado Sebastián Covarrubias, ellos presentaron primeramente una reclamación por el monto expropiatorio, que fue tasado por los tasadores del MOP y “por esta superficie restante también iniciamos un procedimiento contemplado en la ley de expropiación para efectos de este reconocimiento. A poco andar de ese procedimiento, la Dirección de Vialidad a través de un decreto reconoció esos 784 metros cuadrados y emitió un decreto expropiatorio adicional, con lo cual nosotros nos quedamos tranquilos, porque ese decreto seguiría su curso normal. Podría haber sido notificado, publicado, reclamado, también depositado y tasado, sin embargo ello nunca ocurrió. Estamos hablando del año 2011 cuando iniciamos esos procesos en paralelo y a razón de este decreto nosotros dejamos de lado la causa en la cual habíamos reclamado por esos 784 metros cuadrados, confiando en la autoridad y continuamos el procedimiento judicial reclamando el monto por los otros 2.385 metros cuadrados, el cual llegado a sentencia nos generó una diferencia de valor, el cual hasta la fecha no ha sido pagado por el Fisco. Hemos realizado todos los actos que nos corresponde en la fase cobranza y hasta la fecha el Ministerio de Obras Públicas no ha pagado esa diferencia, que hoy día debería ser del orden de los 30 millones de pesos”.

"Hemos realizado todos los actos que nos corresponde en la fase cobranza y hasta la fecha el Ministerio de Obras Públicas no ha pagado esa diferencia, que hoy día debería ser del orden de los 30 millones de pesos”. Sebastián Covarrubias, abogado.

En lo que respecta al decreto expropiatorio adicional por los 784 metros cuadrados que no fueron considerados en la expropiación y que fueron reclamados por los abogados, “cuando fue la fase de toma material del terreno, nosotros presentamos un recurso de protección a la Corte, indicando que el MOP no podía tomar parte del  terreno total, toda vez que esos metros no habían sido pagados como indemnización, pero extrañamente durante la tramitación de ese  recurso de protección, la Dirección de Vialidad regional, el Ministerio de Obras Públicas,  emitió un decreto que anulaba el decreto anterior que había reconocido esos 784 metros cuadrados”, señala el abogado  Covarrubias.

El profesional agrega que se reunieron varias veces con las autoridades de esa época, pero no se arribó a nada, por lo que les resta solo iniciar acciones legales por ese espacio de terreno que no fue considerado, inexplicablemente, en la expropiación.

Consultado el abogado, cómo se genera esa cifra que el MOP aún no ha cancelado y que a esta fecha deberían ser unos 30 millones de pesos, explica que en los procesos expropiatorios, el expropiante, en este caso el MOP, fija un valor por la expropiación, el que se deposita en el tribunal y el expropiado tiene la posibilidad de reclamar por un mayor valor, que fue lo que hicieron. Finalmente los tribunales definieron que había, a la fecha de hoy, unos 30 millones de pesos de diferencia y eso es lo que aún el MOP no cancela.

Respuesta oficial

Consultado el seremi de Obras Públicas, Pablo Herman, acerca de los 784 metros cuadrados que no se consideraron en la expropiación del terreno donde funcionaba la bomba Shell en Coquimbo y sobre los cerca de 30 millones que no se habrían pagado de la expropiación, la autoridad regional sostuvo que ellos operan de dos maneras para las expropiaciones y “la que nosotros siempre optamos es la convenida, que quiere decir eso, que nosotros hablamos con el propietario del predio y llegamos a un acuerdo y la otra es la judicial y en esta expropiación ya se pasó al área judicial y será el Consejo de Defensa del Estado en conjunto con los abogados, verán lo que era la propiedad de la Shell y se tendrá que ver de manera judicial y se verá si corresponde el pago de esos 700 metros”, indicó Herman.

 "Nosotros siempre optamos es la convenida, que quiere decir eso, que nosotros hablamos con el propietario del predio y llegamos a un acuerdo y la otra es la judicial y en esta expropiación ya se pasó al área judicial". Pablo Herman, seremi del MOP.

Sobre los recursos que ya establecieron los tribunales que deberían ser cancelados y que los abogados señalan que son del orden de los 30 millones de pesos, Herman señaló que eso también tenía que seguir el proceso, “después del Consejo de Defensa del Estado esto tiene que ir a la Dirección General de Obras Públicas, después de eso debe ir a Hacienda y finalmente pagar lo que corresponde”, sostuvo.