Surge debate ante posibilidad de “ajustar” límite a la reelección de alcaldes

Gran expectación generó el despacho de la reforma constitucional que limita la reelección de senadores, diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales, sin embargo, los partidos políticos que se verían más afectados han levantado la voz esgrimiendo que se cambiarían las reglas del juego en pleno periodo electoral. 

Así lo manifestó la presidenta regional del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Daniela Velásquez, quien dijo estar a favor del objetivo del proyecto “porque es un clamor ciudadano” que existan leyes que regulen las “malas prácticas de hombre y mujeres que quieren eternizarse en los cargos”. 

Sin embargo, asegura que se genera una tensión “innecesaria” en los jefes comunales y concejales –que por estos días trabajan para enfrentar la pandemia-, ya que varios de ellos estaban coordinando sus candidaturas según el último calendario electoral que fue reprogramado debido a la emergencia sanitaria, en marzo pasado.

Cabe recordar que el eventual “salvataje” sería sólo para los jefe comunales y concejales, ya que son las primeras autoridades que tendrán elecciones en abril del 2021, mientras que el resto de autoridades celebrarán comicios ese mismo año, pero en el mes de octubre. 

"No es una tajada política"

Velásquez aclara que con esta postura la Falange no busca sacar una “tajada política” ni generar suspicacia, sino que todo lo contrario, abogan para que todos los candidatos a cargos de elección popular, puedan competir bajo las mismas condiciones. 

“Nosotros alzamos la voz, no para sacar una tajada política ni para levantar suspicacia, aquí hay un detalle y se tiene que considerar y es que el calendario electoral de este año se modificó y los candidatos a alcaldes se han preparado para las elecciones de abril de 2021, es decir a menos de un año. Entonces, si hablamos de transparencia y ejercicio democrático, las reglas tienen que ser claras y regir para todos iguales”, detalló en conversación con Agenda del Día, de El Día TV. 

La dirigente precisa que esta situación no sólo la están viviendo los alcaldes falangistas sino que de todos los colores políticos, “nuestro presidente nacional está hablando con la bancada para ver si efectivamente el calendario electoral puede ser un argumento jurídico para que la ley se pueda ajustar”. 

Precisar que en la región, de los tres alcaldes que se verían afectados, uno de ellos, a pesar de ser independiente, fue con apoyo de la DC en la última elección municipal. 

Gobierno revisará el proyecto

El jueves, y a un día que el proyecto fuera despachado, el Gobierno anunció que revisará el texto de la ley luego que algunos sectores aseguraran que hay vacíos legales que no fueron abordados. De hecho, la misma DC pidió que se ingrese un veto presidencial para modificar la norma.

“Hemos visto que ha generado opiniones encontradas (...) ha terminado el proceso legislativo del Congreso (…) y ahora es el tiempo del Gobierno, y nosotros vamos a analizar lo que salió del Congreso y lo vamos a evaluar”, indicó la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar. 

Para el director del Instituto de Políticas Públicas (IPP) de la Universidad Católica del Norte (UCN), Luis Moncayo, el uso de la facultad exclusiva del mandatario para modificar, agregar o eliminar un proyecto o una norma sería una “muy mala señal” para la sociedad chilena, ya que se estaría pronunciando ante el ejercicio del Congreso Nacional, pero por sobre eso, ante uno de los poderes del Estado, el legislativo. Y en segundo lugar, sobre uno de los temas que genera gran expectación en la opinión pública. 

“El Ejecutivo tiene la facultad, pero sería una muy mala señal, es válido que algunos actores planteen si es oportuno o no la aplicación de la ley en este momento. En el caso de los alcaldes, que son los que tendrán elecciones más próximas se sentirán afectados, pero hay que tener claro que toda decisión pública tiene costos y beneficios”, recordó. 

Moncayo asegura que en este caso, el beneficio sería superior al costo, ya que la ley se podría convertir en un mecanismo que garantice renovación en la función pública lo que sería de “gran aporte para la democracia”. Es por eso –dice- que un veto podría sentar un precedente “muy peligroso”, ya que se estaría adecuando los acuerdos de un poder del Estado a la particularidad de los intereses de un segmento determinado. 

De todos modos, el veto presidencial no es absoluto y somete nuevamente a discusión legislativa una materia de ley, suponiendo que estas nuevas indicaciones serían tomadas en cuenta por los legisladores, no obstante, las bancadas del PS y del PPD han declarado no estar disponibles para ningún cambio. 

Principio ético en la política

Según el director del IPP, esta ley podría llegar a resolver un problema universal que no sólo se daría en Chile y así lo demostrarían los estudios comparados. “Hay una tendencia a fijar límites para generar condiciones de igualdad entre los ciudadanos que en algún momento aspirarían a un cargo de elección popular, ya que supuestamente competirían con desventaja frente a los que ya están en esos cargos”. 

Por otro lado, también presionaría a una renovación progresiva de liderazgos, ya que si es al 100% podría “no ser saludable” para la democracia. Moncayo califica la reforma como una buena noticia la que generaría un “tiraje de la chimenea”. Pero sin duda, dice, obligaría a aplicar un principio ético en la política. 

“Hay que privilegiar el bien mayor y yo creo que en este momento el bien mayor es que se pondrá término a la perpetuación en los cargos. Ese el principio ético. Insisto, un veto sería una mala señal porque significaría legislar para un grupo pequeño de nuestro país”, reflexionó.